Autor: Colaboraciones

Una magistrada de la Audiencia Nacional (AN), Carmen Lamelas, ha cometido la proeza de meter en la cárcel madrileña de Soto del Real a dos ciudadanos activistas de la sociedad civil. Con un auto revelador de la larga sombra que proyecta sobre esa jurisdicción su predecesora en el tiempo: el Tribunal de Orden Público (TOP) franquista.

Porque el delito de sedición que Lamelas tipifica, aplicado a dos paisanos que ejercen su derecho a la protesta contra actos de despotismo estatal, supone una clara recepción de la legislación penal de la dictadura en la democracia. La justicia que agrada al príncipe, ejecutada por una operadora jurídica fogueada en el equipo del ex ministro socialista Francisco Caamaño en la etapa de Rodríguez Zapatero.

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El autor reivindica un anarquismo social que busque confluencias con otros movimientos y tenga capacidad de incidencia en la cotidianidad de la sociedad y del mismo proceso de independencia que vive actualmente Cataluña.

No tengo ni idea de cómo acabará este conflicto sobre la independencia de Cataluña, y no quiero creer en la razón, porque la razón es siempre por el más fuerte o por quien se esconde de las realidades; pero da la mosca en la oreja que este conflicto, en el momento en que se encuentra, cada vez puede ser más transversal e interesante si los ahora intermediadores que se reclaman, al menos por la parte de la Generalitat, de la Iglesia y otros, no tienen el efecto esperado, como es de prever en el caso de la España eterna que parece que continúe en el siglo XIX. Por este motivo, habrá mucha imaginación para contrarrestar la violencia que son capaces de legitimar estos gobiernos.

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El criterio para juzgar el estado de democratización logrado en un país,

ya no es establecer “quienes”, sino “dónde” pueden votar” votar

(Chantal Mouffe)

Buena parte de la gran banca española y de las multinacionales están en procés de deslocalización. De la Catalunya del 1-O a la España del ¡a por ellos, oe, oe, oe¡ Empresas como Aguas de Barcelona, Gas Natural Fenosa y el Banco de Sabadell y Caixa Bank han puesto en marcha un plan de fuga masivo desde la periferia al centro. Afirman sus voceros que es para proteger a los clientes e impositores de las turbulencias que pudiera provocar la prevista declaración de independencia. O sea, se sacrifican por nuestro bien.

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Tal como está escrito, y sobre todo si se lee a la ligera, el Manifiesto puede gustar a bastante gente: a quienes no desean enfrentamientos con resultados impredecibles, a quienes temen un conflicto civil, a quienes rechazan que se les utilice por uno u otro partido político, y, sobre todo, quienes se piensan tolerantes y se sienten cómodos en la equidistancia.

Se está difundiendo ampliamente una convocatoria con el título “¿Hablamos?”, que llama a concentrarse el sábado próximo ante los ayuntamientos con banderas o camisas blancas para respaldar la idea de que “España es un país mejor que sus gobernantes” y de que hace falta “hablar”. Nadie firma el Manifiesto, que parecería como si hubiera brotado de las piedras o hubiera surgido por generación espontánea.

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El Tribunal Constitucional se ha superado a sí mismo. Purgó el articulado de un Estatut que llevaba tiempo aplicándose con eficacia jurídica. Y ahora impone una prohibición sobre algo que no existe más que en grado de tentativa.

Cuando en la etapa de Felipe González el Estado hizo uso de la violencia ilegítima para combatir el terrorismo de ETA, se contaminó con el mismo virus que decía querer evitar. Aquel terrorismo de Estado suponía poner a las instituciones fuera de la democracia que decía representar el gobierno socialista.

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El divorcio a la catalana es solo uno de los múltiples conflictos que evidencian la metástasis que corroe al régimen del 78. Un largo capítulo de humillaciones y abusos soportados resignadamente durante decenios por la auténtica mayoría silenciosa. Penitencia  que alcanzó su clímax cuando la crisis económica provocada por la oligarquía financiera se hizo recaer sobre los perjudicados por el exclusivo derecho a decidir que ostenta el duopolio dinástico hegemónico.

Seguramente sin ese plus de desprecio hacia los verdaderos titulares de la soberanía general el descrédito de la clase política no hubiera llegado a la actual situación de no retorno. La convicción entre los sectores ciudadanos más consecuentes y responsables es que esta coyuntura ya no tiene enmienda. El sistema es irreformable desde dentro y la única salida digna es la ruptura democrática. Hartos de estar hartos.

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Qué antiguo y extraño queda ya aquel consejo del maestro José María Valderde “nulla aesthetica sine éthica”.

Las bicicletas son para el verano, y los golpes de palacio también. Por eso las direcciones de los partidos aprovechan la “nocturnidad y alevosía” que ofrece el estío para realizar los ajustes de cuentas que les permitan iniciar la rentré a sus anchas. Es un ritual universal que no siempre deja rastro, porque la lógica del poder es bulímica, y desentiende de ideologías.

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Una cosa es que las víctimas civiles del terrorismo merezcan que su dignidad sea respetada en su humana integridad sin reservas mentales ni hirientes contextualizaciones, y otra muy distinta que el terrorismo no tenga una trastienda que remite a los criminales juegos de poder de las potencias capitalistas hegemónicas.

Lo que algunos de sus criminales promotores llamaron el “nido del avispón”. En ese sentido, pues, tienen toda la razón Julián Assange y la CUP al denuncian la responsabilidad de esos gobiernos. El yidahismo es una criatura de la guerra fría financiada por los regímenes wahabistas y fundamentalistas. Sin el apoyo, protección y financiación de los de Estados Unidos, Israel, Reino Unidos, Arabia Saudí, Qatar e Irán su reinado habría sido efímero.

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“Término creado Alfred Jarry para designar

a la ciencia paródica dedicada al estudio de las soluciones

imaginarias y las leyes que regulan las excepciones”

(Patafísica, según Wikipedia)

Como si el tiempo hubiera pasado en balde, el “sí pero” se ha interpuesto de nuevo en las notas de algunos portales digitales de la izquierda alternativa emitidas a raíz de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils del 17-O. Una secuela de la guerra fría, cuando las atrocidades perpetradas por las dos grandes potencias dependían del color con que se miraran.

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A pesar de los inauditos esfuerzos del Grupo Prisa por hacer creer que el acercamiento entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es poco menos que un crimen de lesa majestad, llegando a reinterpretar perversamente sus propias encuestas, lo cierto es que el acuerdo entre este último PSOE y Unidos-Podemos puede ser algo más que un futurible.

Por esa vía de alta velocidad los días del gobierno de Mariano Rajoy podían verse seriamente comprometidos. No digo acabar porque aún no salen las cuentas. Para el pistoletazo final se necesitan más apoyos. Pero nunca se termina nada sino antes no se han dado los primeros pazos.

Además, hay factores que actúan como lanzadera en esa dirección que añaden el caldo de cabreo preciso para pasar de la intriga al sorpasso del duopolio dinástico hegemónico. Ahí está la interminable saga de corrupción que afecta al Partido Popular en sus múltiples y diferentes gradientes de poder.

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