Estos días estamos viviendo un nuevo episodio donde parece que la ‘huelgafobia’ y sus consecuencias han subido un peldaño. Se trata del conflicto que hay alrededor de una actividad parcialmente privatizada que AENA externalizó hace tiempo: el control de seguridad de los equipajes en el aeropuerto del Prat.
Vivimos una época en que las huelgas y los conflictos laborales aumentan, especialmente en Cataluña y, concretamente, en las comarcas barcelonesas. Vivimos una época también donde las reacciones contra las huelgas afloran bajo varias formas. Unos argumentos diversos que confluyen al construir un estado de opinión crítico, desclasado (o más bien al servicio de quien controla la economía y la política) que niega las luchas de los y las trabajadoras quienes, en definitiva, somos prácticamente toda la población. Si bien siempre ha existido, como mínimo bajo el capitalismo, esta fobia, la ‘huelgafobia’ renace y vuelve a crecer. Muchos medios de comunicación, tertulianos y personalidades políticas participan de manera activa.
Estos días estamos viviendo un nuevo episodio donde parece que la ‘huelgafobia’ y sus consecuencias han subido un peldaño. Se trata del conflicto que hay alrededor de una actividad parcialmente privatizada que AENA externalizó hace tiempo: el control de seguridad de los equipajes en el aeropuerto del Prat. Al respeto, antes de continuar, quiero dejar claro que el sindicato donde yo milito ya hace años decidió no permitir la afiliación de “seguratas”, de policías privados al entender que se trataba de un cuerpo represivo o potencialmente represivo a las órdenes de empresas capitalistas. Decisión de la que, personalmente, me siento orgulloso. Aún así, lo que está pasando ahora mismo en el aeropuerto de Barcelona (y previsiblemente en breve en otros puntos del Estado) es un nuevo exponente de esta ‘huelgafobia’. Hoy viernes, después de que el personal de Eulen de los controles de equipajes rechazaran la propuesta que empresa y Generalitat habían pactado, todos los grandes medios y una buena parte de la clase política, incluso personalidades de los “comunes”, reclamaban orden. Y este orden parece que se impondrá desplegando a la Guardia Civil en el aeropuerto del Prat para suplantar al personal de Eulen en huelga. Un cuerpo militar para finalizar una huelga.
Como decía, a mí las empresas de seguridad privada no me generan ninguna simpatía. Y los “seguratas”, de quienes a veces he sufrido abusos, tampoco. Pero el precedente que se está a punto de escribir es bastante grave cómo para que nos tengamos que posicionar, de manera activa, en contra. Mirémoslo así. Un conflicto afecta al aeropuerto, incrementando un poco las colas de los pasajeros. En realidad, impacta sobre una parte muy pequeña de la población catalana, a pesar de que dentro de la gente afectada debe de haber parte de aquellos y aquellas que tienen rentas más altas y, estadísticamente, cuando hacen vacaciones viajan más frecuentemente en avión que el resto. En cambio, el efecto sobre turistas quizás es más grande, a pesar de que básicamente consista en más tiempo de espera para pasar un control. Nadie se queda sin hotel, sin luz o sin atención médica por eso. Un sector estratégico para el capital como por ejemplo el turismo puede sufrir un cierto desgaste en una época en que, además, la mayoría de la población ponen en entredicho sus supuestas virtudes.
A partir de aquí, la prensa se ha hecho eco. Algunos han dicho, incluso, que era otro ataque del gobierno español contra el “proceso catalán”. Otros, simplemente, han expresado su indignación por tener que esperar algo más para coger un avión. Casi nadie ha mencionado que mientras los accionistas privados de AENA se llenan los bolsillos, la ratio entre pasajeros y trabajadores/as de AENA ha aumentado más de un 100%. O que las licitaciones por servicios externalizados se han abaratado entre un 20 y un 30%. No sólo en los controles de seguridad, sino también en las empresas de limpieza, de handling, etc. Por el contrario, el problema se ha presentado únicamente como una cuestión de orden público y, como tal, se ha reclamado una solución.
Las autoridades laborales de la Generalitat también han entrado abiertamente a jugar este juego, aunque si queréis de manera más sutil. Cuando la consejera Bassa criminaliza a un comité de huelga por no votar una propuesta de mediación del gobierno pactada con la empresa, niega la autonomía de los y las huelguistas para decidir libremente qué es aceptable para ellos y qué no lo es. Qué es lo que vale la pena discutir y qué, simplemente, es una opción que no hace falta ni considerar. En cierta medida, el Ayuntamiento de Barcelona ya jugó esta carta durante la última huelga del Metro. Ahora, parece, su uso se generaliza y, con la ayuda de la prensa, se normaliza ante la opinión pública. De una manera similar parece que también se quiere presentar como normal, y deseable, que el gobierno imponga un arbitraje obligatorio que es una manera fina de decir que una huelga se acaba por decreto. Independientemente de su resultado. Que se prohíbe porque, usando otras palabras, en realidad se declara ilegal. En paralelo a todo esto, hay el despliegue de la Guardia Civil, un cuerpo militar para dejar sin efecto la huelga.
Cómo decía, la figura del “segurata” no me despierta simpatías. Pero el desenlace de la huelga de Eulen en el aeropuerto de Barcelona puede ser terrible para el conjunto de los y las trabajadoras. Las medidas que parece que los gobiernos catalán y español, con el beneplácito de la patronal de Eulen, de círculos de negocios, de tertulianos y de políticos se llevarán a cabo no son nada nuevas. Responden a una estrategia que la patronal ha usado reiteradamente a lo largo del s. XX. De hecho, han sido uno de los puntos fuertes de la alianza entre la burguesía catalana y la del Estado en los últimos 175 años. Y tampoco son demasiados originales actualmente. Si recordáis, todas ellas sonaron durante la última gran huelga en Cataluña, la de los y las trabajadoras del Metro de Barcelona.
La ‘huelgafobia’ inducida cuidadosamente como herramienta para hacer frente a una creciente conflictividad laboral poco a poco da sus frutos. Ahora mismo vemos como se aplaude una inminente solución de “fuerza” a un conflicto laboral, sin entrar a analizar ni las causas ni ninguna salida alternativa. Salidas como podrían ser revertir las externalizaciones y hacer que los controles de seguridad lo hagan trabajadores/as normales, sin porra. No, el que se plantea es prohibir la huelga y desplegar un cuerpo militar. Yo, personalmente, me temo que el objetivo de esta operación no es, al final, sólo el conflicto de Eulen. Pienso que, más allá de ello, está el normalizar de cara a la opinión pública el usar las vías abiertamente represivas en conflictos laborales y, en definitiva, hacer todavía más normal la presencia de policías y militares armados en los espacios públicos. No nos extrañemos si en un plazo no demasiado largo toman fuerza las sugerencias de regular de manera todavía más restrictiva el derecho de huelga. En definitiva, la ‘huelgafobia’ convenientemente alimentada nos lleva a la militarización. Justifica que los conflictos laborales se vendan como simples problemas de orden público y, como tales, resolverlos mediante la represión.
Quién estos días aplauda la salida en estos términos del conflicto en el aeropuerto de Barcelona haría bien en tomar nota. Sus aplausos serán cómplices de un nuevo ataque contra los mecanismos de defensa que tenemos la inmensa mayoría de la población, aquellos y aquellas que vivimos de nuestro trabajo.
Ermengol Gassiot (Secretario General CGT Catalunya)
