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El ministro de Sanidad participa en un evento organizado por la farmacéutica Roche, que estuvo detrás del escándalo de la Gripe A y el Tamiflu. El evento, realizado en colaboración con El País, tenía por objetivo marcar las líneas de lo que debe ser la sanidad según la propia farmacéutica: un modelo “público-privado” que sustituya al modelo público, la transferencia de las competencias sanitarias de las comunidades y la introducción de inteligencia artificial, genómica, en sanidad. 
El nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que corresponden al Parlamento por mayorías cualificadas (tres quintos) es un problema pues conlleva que un determinado partido pueda bloquear su renovación, como en la actualidad ocurre, lo que es indicativo de que esos partidos no defienden nada más que sus intereses y en absoluto la calidad democrática, en este caso la calidad e independencia del Poder Judicial. 
La reivindicación en Tolosa de un hospital comarcal público de gestión pública para la comarca y un ambulatorio de especialidades completamente dotado, es un claro ejemplo de la privatización de la sanidad pública, que con la actual pandemia ha presentado grandes dificultades para cubrir adecuadamente sus necesidades de personal sanitario, por el personal afectado. 
El hecho de politizar alguna actividad se suele entender habitualmente como algo negativo. Es lógico, si ese término se utiliza en el sentido estricto que le proporciona la Real Academia Española: dar orientación o contenido político a acciones, pensamientos, etc., que, corrientemente, no lo tienen. En este sentido implica, efectivamente, desnaturalizar aquello que se politiza. 
Desde que empezó la ofensiva neoliberal alrededor de 1980, hemos experimentado un cambio drástico en el equilibrio de poder, desde la fuerza de trabajo hacia el capital. A pesar de eso, grandes sectores del movimiento sindical siguen aferrándose a una ideología de la concertación social pensada en tiempos en los que la correlación de fuerzas era completamente distinta. 
Permite, mediante los “conciertos” la parasitación del sistema público. Ideado para que los hospitales privados “complementaran” a los públicos excepcionalmente, ha sido la estratagema para dirigir el dinero público a los bolsillos privados, mientras los centros públicos mantenían infrautilizadas alta tecnología sanitaria, camas, quirófanos, etc. 
Colectivos sociales, sindicatos (CCOO, UGT, LSB-USO, STEILAS, ESK y CGT-LKN), Redes del Tercer Sector Social y la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, apoyan esta manifestación, en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza para rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema, la violencia y el hambre, así como por una política consensuada de lucha contra la pobreza y por un sistema fuerte y legitimado de protección social y de rentas mínimas que posibiliten una sociedad más igualitaria. 
El PNV ha diseñado para un hipotético sistema vasco de pensiones, donde se asume un modelo de capitalización vasco (EPSV) con beneficios fiscales para sectores con capacidad de ahorro, es un modelo neoliberal que genera desigualdad y fragmentación de a la clase trabajadora con prácticas elitistas que refuerzan la lógica rentista y del capital, donde ELA que se sumó desde el principio con entusiasmo y posteriormente LAB, CC.OO. y UGT. 
EH Bildu quiere presionar al PSE-EE, que dirige la cartera de Vivienda en Euskadi y con el que pactaron en 2015 la normativa vigente -desde la oposición y contra el criterio del PNV-, para que el Parlamento Vasco imite al catalán y apruebe una ley que fije máximos en los precios del alquiler en barrios “tensionados”, es decir, con alta demanda, escasa oferta y precios caros. 
Seguimos sin saber cómo se va a justificar l dinero ante Bruselas, como va a sere el reparto territorial, cómo ( o sí) podrán acceder las pymes y las pequeñas, y cómo se supervisara la utilización de esos ondos para que sea eficiente. 
El juez considera que en este caso el cálculo de la incapacidad dentro de los trabajos parciales discrimina a las personas que trabajan a tiempo parcial frente a quienes lo hacen a tiempo completo y a las mujeres frente a los hombres, puesto que la mayoría de trabajadores a tiempo parcial son mujeres 
Llevarse el trabajo a casa era visto como una patología de quienes reducían su horizonte vital más allá de lo humanamente conveniente para hacer méritos en la empresa. Fuera de esa adicción tóxica, el teletrabajo era cuestión de profesionales que realizaban su misión de manera autónoma e independiente, y normalmente afectaba a personas sin una relación contractual estable. 
A las cuatro de la tarde del 6 de febrero del año 2020, más de medio millón de metros cúbicos de tierra y basura, provenientes de un vertedero cercano, invadían por completo un carril de la autopista A-8 a su paso por la localidad vizcaina de Zaldibar. El transportista Alberto Pérez logró frenar a tiempo para no ser aplastado por el derrumbe cuando oyó crujir los árboles. Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, dos trabajadores del vertedero, no tendrían la misma suerte y serían sepultados por el alud. 
El negocio de las apuestas deportivas crece rápido y sin cesar en Euskal Herria, con dos comunidades que apuestan mucho más que en España. Mientras las instituciones preparan nuevas normativas, los movimientos vecinales se organizan para plantar cara al auge de estos locales de juego. 
Más de tres meses después de aprobarse el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia por el COVID-19 solo 90.800 solicitudes cuentan con luz verde de la Seguridad Social de las casi 1 millón planteadas, según ha confirmado el ministro español José Luis Escrivá. Ni con robots ni con el escaso personal propio de la Seguridad Social se termina con la revisión de las solicitudes, lo que impide a las personas tener acceso a una renta de 462 euros de forma individual; una cantidad lejos de los 739 euros que marcan el umbral de la pobreza en el conjunto del Estado español, por debajo de los 980 euros en la CAV o de los 963 euros en Nafarroa. 
El odio nacional que alientan reaccionariamente los gobiernos de Azerbaiyán y Armenia, es un incentivo suficiente para la guerra. Diversas potencias se van alineando en uno y otro bando en función de sus intereses. 
CGT ha anunciado una huelga general en Madrid para fines de octubre. Llama a colectivos sociales y sindicales alternativos a sumarse, pero no está definido el programa, ni la fecha ni las fuerzas con las que se busca impulsar la huelga. Motivos no faltan, pero sí programa y organización. Aquí planteamos 10 medidas que en la CRT consideramos elementales para darle contenido a la convocatoria. 
La nueva ley que pronto se debatirá en las Cortes seguiría discriminando parte de las víctimas del franquismo y su derecho de reparación, y dejaría sin resolver otras cuestiones importantes como la justicia contra la impunidad. Es una ley muy reclamada por la sociedad civil y las asociaciones de la memoria histórica de todo el estado, puesto que la ley aprobada en el 2007, en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, dejaba temas importantes por resolver. Declaraba los tribunales ilegítimos, pero no anulaba las sentencias y establecía dos clases de víctimas, las de antes y después del 1968.
La Policía Municipal con el conocimiento de que allí se encontraba un grupo de gente se persono en el lugar bajo la escusa de que este es “un espacio okupado sin licencia de actividad” identificando a las activistas y llegando a amenazar con multas de hasta 600 euros. 
La manifestante, Montserrat Laguna Guzmán, fue una de las personas que acudieron a la convocatoria por la Asociación Parad@s en Movimiento de Valladolid para protestar contra los recortes presupuestarios en el contexto de la crisis económica. Una vez concluida la movilización, que había sido comunicada previamente, un grupo de entre 50 y 60 continuó de forma espontánea con la marcha hasta detenerse frente a un restaurante donde había unos políticos comiendo y desplegaron una pancarta en la que podía leerse Stop a la criminalización de la protesta social. 
Arranca oficialmente el primer litigio climático contra el Gobierno español. El recurso contencioso-administrativo interpuesto el pasado 15 de septiembre por Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón contra el Gobierno de España por inactividad climática ha sido admitido a trámite por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Las tres organizaciones celebran que el Tribunal Supremo haya abierto así oficialmente la puerta al primer proceso judicial dirigido contra el Gobierno español por incumplimiento de sus obligaciones climáticas. 
En este libro de Sádaba cuestiona el capitalismo actual que, endiosado, se puede hacer con nuestras vidas. Es algo más que un problema que se produzca la pérdida de nuestra intimidad, la manipulación de las emociones o el dominio de nuestra ya escasa libertad. Es necesario «cambiar sustancialmente el modelo económico. La persona que se considera libertaria defiende con valentía lo que piensa (en la familia, en el trabajo, etc.) y participa en todo aquello que tiene que ver con el pensamiento libertario (manifestaciones, reuniones pertinentes, colaborando con movimientos afines, etc.). 
El Papa arremete contra el consumismo, la globalización despiadada, el liberalismo económico, la tiranía de la propiedad privada sobre el derecho a los bienes comunes, la falta de empatía hacia los inmigrantes o, incluso, el control que ejercen las compañías digitales sobre la población y la información. 
“En la salud, ustedes mandan pero no saben”Decálogo de 55 sociedades científicas que representamos a más de 170.000 profesionales sanitarios.
El problema se plantea en el momento en que esas autoridades, abrumadas por la magnitud de la pandemia y temerosas de que se incube un rechazo social que las desestabilice, optan por sostenella y no enmendalla valiéndose de la propaganda y la impostura como parapeto. Y en un país sin apenas memoria de sociedad civil organizada, la tentación de convertir el tsunami de la pandemia en una forma de afirmarse en el poder está a la orden del día. 
El ‘edadismo’ o discriminación por edad ya era un problema instalado en nuestra sociedad pero ha mostrado su rostro más cruel durante la pandemia. “La crisis provocada por la covid-19 ha tenido un impacto desproporcionado sobre las personas mayores y ha evidenciado una profunda crisis estructural en el sistema de cuidados de larga duración y en las residencias, así como una falta de respuestas adecuadas a sus necesidades y derechos por parte de los poderes públicos” 
Con los ERTEs las patronales se ahorran los costes salariales, mientras hacen que estos recaigan íntegramente sobre el Estado. Es decir, las patronales se ahorran millones de euros en base al endeudamiento masivo del Estado, mientras aumenta el desempleo y la precariedad. Una medida que ha evitado despidos generalizados a corto plazo, pero que no garantiza que se produzcan en unos meses. 
La situación de las personas migradas frente a la pandemia y la crisis económica no solo no mejora, sino que es cada día peor. Las personas en situación administrativa irregular contemplamos como el tiempo pasa y la regularización no llega y cada vez se complica más. En un momento tan paradójico como el actual en el que casi todo funciona con cita previa, resulta humillante que para todo lo relacionado con extranjería, estas citas son imposibles de conseguir, y sin citas no pueden realizar trámites esenciales para la vida cotidiana. 
El Gobierno de coalición, autodefinido como el “más progresista de la historia”, acaba de aprobar la derogación de parte de las escasas medidas sociales aprobadas con motivo de la pandemia para ayudar a los más desfavorecidos. Pero seguirá llenando los bolsillos de las grandes empresas del IBEX 35 con ayudas sectoriales a fondo perdido, moratorias, Leer más … 
Segun Jaime Richart, autor de este articulo, los jueces de la Transición pasaron repentinamente de ser jueces franquistas a jueces demócratas. El Tribunal de Orden Públicó se convirtió a toque de cornetin en Audiencia Nacional. Posteriormente jueces con su mentalidad conservadora típica del rigor militar del dictador fueron seleccionando las promociones subsiguientes desde el inicio de esta “democracia de mínimos”, una modalidad de “democracia cercana a la farsa”. El resultado de esa trayectoria es la actual magistratura española. 
El 15MpaRato, la iniciativa ciudadana que llevó a los tribunales la salida a bolsa de Bankia, ha dirigido una petición al Gobierno y a los grupos políticos para que “ocho años de lucha de la sociedad civil no hayan sido en balde” después de que hoy la Audiencia Nacional haya absuelto a los 34 acusados en el juicio, incluyendo al expresidente Rodrigo Rato. La plataforma pide que se cambien las leyes “para proteger la población española de la gestión financiera y sistémica irresponsable para con el interés general”. 
El Consejo de Ministros aprobará este martes la ampliación de la duración de algunas medidas del “escudo social” contra la crisis. Así lo han adelantado fuentes del Gobierno a cuartopoder. La intención desde un primer momento de la vicepresidencia segunda que lidera Pablo Iglesias, tal y como adelantó este medio, era que la ampliación fuera hasta 2021. 
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado el recurso de suplicación de Petronor a la sentencia del Juzgado de lo Social Nº1 de Bilbo, que condenó a Petronor e Iberdrola Generación al pago solidario de 324.540,69 euros a un trabajador enfermo, afectado de mesotelioma pleural, tras trabajar en contacto y manipulando amianto en estas empresas.
CGT quiere denunciar la aptitud sectaria (una vez más) y excluyente de CC.OO y UGT respecto a sindicatos como el nuestro y otros como USO y CSIF, arrogándose a la manera de “lobby patronal mayoritario”, la exclusiva representatividad de la clase obrera en el Consejo de Desarrollo Sostenible que el 24 de septiembre se constituyó, para desarrollar la Agenda 2030, con los 17 objetivos aprobados por casi 200 países del mundo en la ONU en el 2015. 
La Industria del Control Migratorio (ICM) es un conglomerado de empresas que hace negocio con las políticas migratorias. En España, este mercado en alza beneficia principalmente a grandes constructoras, empresas tecnológicas, aerolíneas que operan vuelos de deportación y empresas armamentísticas. Sin embargo, entre las 20 principales ganadoras del negocio antimigratorio español figura una empresa insignia del comercio minorista: El Corte Inglés. 
Hace dos semanas, la policía nacional efectuó una redada contra ocho integrantes de Mugitu! Mugimendua acusados de participar en una acción de paralización de las obras del TAV en Marcilla mientras dos periodistas que cubrieron la acción fueron investigados. Las acusaciones son graves: usurpación de funciones públicas, falsedad documental y coacciones, en una acción totalmente pacífica que quería simbolizar la paralización de las obras del TAV pendientes de finalización como el corredor navarro y la Y vasca, paralización ésta que un organismo como AIREF (Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal) recomienda al gobierno central.
La concentración pretendía, como en otros barrios y pueblos de Madrid, denunciar el escándalo de la segregación a la que se somete a los barrios obreros para todo menos para ir a producir riqueza para el capital en transportes abarrotados, donde la distancia de seguridad es una broma macabra. 
La plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak se ha concentrado frente al Ayuntamiento de Barakaldo para denunciar las prácticas fraudulentas que el consistorio lleva a cabo en la gestión y la tramitación de las Ayudas de Emergencia Social (AES) y visibilizar así sus nefastas consecuencias para las familias solicitantes, razón por la cual han escenificado un “ahorcamiento de los derechos sociales” en el que el verdugo representa al gobierno municipal y la persona ahorcada a estas familias, además de mostrar varios carteles con el lema “Murrizketarik ez”. 
Finalmente, entre tensas negociaciones hasta el último momento, el Parlamento de Cataluña ha aprobado por 71 votos a favor y 63 en contra, la Proposición de Ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda. Una norma que se antojaba inaplazable como consecuencia de la intensa escalada de precios en el mercado de alquiler en los últimos años 
El surgimiento de Podemos levantó grandes expectativas entre sectores populares. Por fin un partido que iba a enfrentarse a los poderosos para solucionar los problemas estructurales del país, desde la vivienda a la sanidad, pasando por las pensiones. 
El conflicto laboral, económico y social generado por el anuncio por parte parte de Nissan del cierre de sus plantas en Barcelona, no ha concluido con el acuerdo alcanzado entre los representantes de la plantilla y la dirección de la multinacional japonesa que, entre otras cosas, prevé evitar los “despidos traumáticos” hasta diciembre de 2021. Junta a las 2500 personas empleadas por la propia Nissan, conviven 14000 trabajadores y trabajadoras pertenecientes a diferentes contratas y subcontratas bajo amenaza de perder sus empleos sin acceso a las beneficiosas condiciones acordadas en Nissan ni posibilidades de participar en los prometidos procesos de reindustrialización. 
Ha tardado meses en resolverse, pero la sentencia del Tribunal Supremo ha llegado y falla a favor del rider de Glovo. Según el comunicado del Supremo, la relación existente entre un repartidor y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral. El Tribunal sostiene que la empresa de reparto no puede ser considerada una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. 
El juez vasco que durante ocho años se forró con la administración de empresas en quiebra es uno de los aspirantes a presidir la Justicia en Euskadi. Edorta Etxarandio está entre los seis magistrados que ya han presentado su candidatura ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de los jueces que el 30 de septiembre designará al nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 
Los documentos, más de 2.100 informes, identifican transacciones realizadas entre 1999 y 2017 por los grandes bancos mundiales por un importe superior a los dos billones de dólares, procedentes de la corrupción o de actividades de origen criminal. 
La persistencia de la pandemia de covid-19 ha desatado una carrera desaforada por lograr una vacuna, el enfoque más estrecho. Las epidemias siempre son un momento de alza para la voraz industria farmacéutica, hiperconcentrada en 20 grandes trasnacionales que controlan la mayoría del mercado global y que no están interesadas en la salud, sino en sus ganancias. 
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado en el que deja claro que ante las nuevas medidas impuestas, para hacer frente a la pandemia de coronavirus por la clase política de la Comunidad de Madrid, llevarán a cabo acciones contra el encierro selectivo y el silencio que pretenden imponer a la población más vulnerable. 
En los últimos días ha circulado el segundo borrador de la reforma que el Ministerio de Universidades se propone introducir en la LOU en relación con la carrera profesional del profesorado. Este documento, que a diferencia del primero no recoge propuesta alguna para el desarrollo del Estatuto del Personal Docente e Investigador, adopta un tono más social y se acompaña de algunas modificaciones amables, lo que no sería más que una mera operación de maquillaje sino fuera porque el texto ahonda en algunos de los aspectos más lesivos de la versión anterior. 
La prematura desaparición del antropólogo y activista David Graeber ha provocado una viva emoción en las redes sociales y suscitado, en la prensa internacional, numerosos titulares: tanto en reconocimiento del valor intelectual de su extensa y valiosa obra como de su activismo militante. 
Cientos de vecinas y vecinos de los barrios del sur de Madrid, con mascarilla y distancia de seguridad, se manifiestan en Sol para denunciar que las limitaciones aprobadas hoy son una forma de “segregación”. Exigen la dimisión de la presidenta de la Comunidad. Centenares de personas se han concentrado en la tarde de este viernes en rechazo a las medidas aprobadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid con el argumento de contener la expansión del virus en las zonas más afectadas. 
Para Naomi Klein la normalidad no es otra cosa que una “crisis permanente”, por ende nada más errado que volver ciega y rápidamente a ella. La escritora, periodista y activista canadiense cree que este es un momento para detenerse y aprender las “lecciones” que deja la pandemia. Todo está “roto”: el planeta, la relación con la naturaleza, las relaciones colectivas, los lugares de cuidado. Pero con “alegría”, las comunidades están llamadas a encarar un trabajo “cívico e intergeneracional”, que a la vez es un derecho: el de la reparación. |
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