Daniel Bernabé se ha convertido en el gran defensor del gobierno más progresista del universo conocido y del rol de los sindicatos burocratizados ante cada una de sus renuncias o traiciones a la clase trabajadora. Le rodean y le aplauden una serie de políticos de primera y segunda fila tanto de Unidas Podemos como del Partido Comunista que nunca han tenido que lidiar ni tan si quiera con el sueldo mínimo.
En su último artículo en Infolibre hace lo que se esperaba de él: calificar como una victoria indiscutible la nueva reforma laboral, en oposición a la del 2012, que “precarizaba el mercado de trabajo y restaba poder de negociación a los sindicatos”.
Bernabé asegura que “quien califique esta reforma de fracaso deberá explicar su postura a los trabajadores que no queden desprotegidos al terminar su convenio”. Desde la postura de un sindicalista de base, pero también de un trabajador que cobra apenas el SMI, que sufre un convenio de empresa lesivo y que ha sido despedido por represión sindical, sostengo que la supuesta “derogación” de la reforma laboral de 2012 es una auténtica estafa para la clase trabajadora.
El convenio lesivo de la empresa para la que trabajo fue firmado precisamente por UGT en 2014, y como la empresa despide a todo aquel sindicalista combativo las últimas elecciones sindicales fueron en 2009. El convenio ya ha caducado y no está siendo negociado con nadie porque no hay comité de empresa con quien negociar sino 6 trabajadores que fueron ascendidos o comprados. ¿Se atrevería Bernabé a decir a la cara a algún trabajador que lo sufre que la prevalencia del convenio de empresa (salvo salarios) no es un fracaso? Posiblemente si, pero solo porque su impostura esa prueba de balas.
Parece sencillo calificar de positivo un acuerdo laboral que en ningún caso y en ninguna circunstancia te va a tocar a ti, como columnista, escritor e ideólogo de un partido que ya no es comunista salvo en el nombre y fiel admirador de unos sindicatos que invitan a la patronal a sus congresos. Tanto Bernabé como sus palmeros se saben por fuera de esta reforma y por ello se sienten cómodos al defenderla, como se sintió cómodo al defender el preacuerdo del convenio del metal de Cádiz que negoció la burocracia sindical con la patronal contra la mayoría de los trabajadores.
Lo que Bernabé no nombra en ninguno de sus artículos de opinión es qué ha pasado con los gastos de tramitación de salarios cuando el despido se convierte en un improcedente. Esta medida que fue borrada de la reforma de 2012 ni si quiera se plantearon retomarla, facilitando así los despidos y el poder de las empresas sobre aquellos trabajadores más precarizados.
Pongamos un ejemplo para explicarlo: llevas 2 años trabajando en una empresa de telemarketing y te despiden de la manera habitual, con disciplinario por bajo rendimiento donde no te corresponde finiquito. Tu reclamas ya que en realidad te correspondería al menos el improcedente porque el despido no está justificado (nunca lo está). En el tiempo que la justicia tarda en sacar el juicio, el trabajador no está percibiendo ningún salario o si tienes suerte la prestación por desempleo. Pero los gastos se te acumulan, necesitas esa cantidad de 33 días por año trabajado, pero estás tan desesperado que no puedes esperar al juicio, por lo que la empresa utiliza esta necesidad para negociar contigo te ofrecer 20 días por año trabajado para no ir a juicio. Muchos trabajadores se ven obligados a aceptar esta oferta miserable porque se ven en la necesidad de comer y alimentar a sus hijos, pagar el alquiler y la luz, esas cosas banales de la vida.
En otro de los artículos en defensa del acuerdo laboral, Bernabé declara que la patronal, siendo inteligente y en vez de aceptar su “derrota”, defiende que la reforma es continuista del modelo actual, ya que se esperaba que con Yolanda Díaz los empresarios no firmaran un acuerdo. Si de verdad se esperaba que no firmaran el acuerdo, ¿por qué negociaron con la CEOE y CEPYME la nueva reforma laboral? ¿Por qué no revertir todos aquellos aspectos lesivos? Devolver los 45 días por años trabajados, los salarios de tramitación, la prevalencia total del convenio de sector, volver a traer todos aquellos convenios caídos por la ultraactividad, los EREs, etc. Porque el acuerdo es, por su propia naturaleza, una negociación con la patronal para afectar lo menos posible sus intereses. Es más, es un acuerdo para preservar en el mayor grado posible todos los aspectos más reaccionarios de la reforma anterior.
Bernabé reconoce por derecha que “si los empresarios e incluso la parte socioliberal del PSOE han firmado este pacto es porque entienden que puede ser un bálsamo para la paz social.” Precisamente, esa paz social comenzaba a ponerse en cuestión por una nueva oleada de huelgas que empezaba a extenderse por todo el Estado, la mayoría de ellas por la negociación de los convenios colectivos caducados y la presión sobre los bajos salarios por el aumento del IPC. Como buen quijote defensor de la estabilidad del régimen, nuestro intelectual galardonado con la ‘semilla de clavel’ por el PCE, ve con buenos ojos que se haya puesto un “bálsamo” a unan dinámica que podía desencadenar, ¡Dios no lo quiera!, un nuevo ciclo de lucha de clases.
Afortunadamente, la estafa de nueva reforma laboral progresista está lejos de poder aplacar las tensiones latentes en la clase trabajadora, que más allá del discurso del Gobierno “progre”, no ha visto más que frustraciones y mayores penurias.
A pesar del exceso de relato del Gobierno, en especial de su “ala izquierda” encabezada por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, la nueva norma preserva lo peor de las condiciones laborales impuestas por el capitalismo español en las últimas dos décadas.
La nueva norma no representa ningún tipo de derogación de la reforma laboral de 2012, sino que es una nueva reforma que mantiene lo esencial del esquema de precariedad, superexplotación y despidos masivos instituidos por las reformas previas del PP y el PSOE. La única novedad es que esta vez emana de una ministra “comunista” y es pactada por las burocracias sindicales, que le han echado una capa de pintura progresista.
Esto, que es evidente para quien se tome la tarea de analizar las medidas principales del acuerdo, es lo que vienen a camuflar los intelectuales del nuevo conformismo progresista.
