En una rueda de prensa ofrecida frente a la Basílica de Begoña, el Sindicato de Inquilinas de Bilbo y Carlos Aguiriano han anunciado que un juez ha fallado a favor de la Diócesis de la capital vizcaina y ha dado luz verde para proceder al desahucio de Aguiriano, vecino de 61 años del barrio de Begoña que sufre esclerosis múltiple.
En los cinco primeros meses de 2021 se han producido 447.104 accidentes de trabajo, de los que 222.692 han causado la baja laboral del trabajador (aumentando este dato en un 23,1%) y 224.412 no han producido incapacidad temporal (experimentando un aumento del 14%). Además, se han producido 279 accidentes mortales, 9 menos que en el mismo periodo de 2020, es decir un 3,1 %, pero una cifra inaceptable que exige actuar ya contra esta lacra social.
De acuerdo con una encuesta recientemente realizada por InfoJobs, en una muestra demoscópica que abarcó a 4.742 asalariados, se concluye que la mitad de los trabajadores españoles asegura realizar horas extras en sus respectivos trabajos que no son remuneradas. Sobre los asalariados más jóvenes es sobre quienes particularmente recae con mayor incidencia esta situación,
Cumplir años y envejecer es algo que nos afectará a todos y a todas. La lucha por unas condiciones de trabajo dignas es importante. Es una lucha por el aquí y ahora, y también por nuestro futuro y el de nuestras familias. Sin embargo, hace falta tener en cuenta una cuestión más para que esa lucha no carezca de verdadera perspectiva. Por ello, hay que empezar a pensar que el problema de las pensiones nos afecta a todos y a todas, y nos afecta mucho.
Hace unos días un periódico con solera en el Campo de Gibraltar publicó con el titular siguiente la noticia: ”Diego Martínez, el algecireño que necesita cuanto antes un tratamiento para la ELA en EEUU”. En ella se concretaba que esta persona se encuentra aquejada de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una enfermedad degenerativa para la que sólo parecen que existen tratamientos experimentales, ya que aún falta bastante por conocer.
El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) publica un nuevo informe sobre los residuos radiactivos en España y sus múltiples problemáticas.
La energía nuclear se hace temible por sus accidentes y también deja una herencia muy oscura en sus residuos radiactivos, que han de mantenerse aislados del contacto con los seres vivos durante cientos de miles de años.
De aquel refractario <<no nos representan>> de la primera crisis hemos pasado al arrogante <<el Estado somos nosotros>> pandémico. Que si no fuera por el pluralismo nominalmente existente reproduciría al verticalismo franquista, ese tinglado que reunía en un mismo negociado a trabajadores y empresarios bajo palio del régimen.
Las cuentas de la Seguridad Social y del Estado fueron las mismas hasta 1995, y el Pacto de Toledo decidió en una de sus recomendaciones, separar las fuentes de financiación, las pensiones a través de las cotizaciones y los otros gastos a través de los PGE, siendo este un mero artificio contable.
El presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, ha afirmado que decisiones judiciales como la reciente sentencia del TSJPV que anulan el ERE en Tubacex, “colocan a las empresas en dificultades” porque generan “incertidumbre e inseguridad jurídica”, como si los EREs no colocan a las y los trabajadores en la más absoluta incertidumbre e inseguridad y a veces son auténticos fraudes de Ley.
En el día de hoy el Tribunal Supremo con sentencia firme ha vuelto a dar la razón a la CGT, es este caso en un tema fundamental para el futuro de este sector, la formación, en la demanda interpuesta frente a la empresa Unísono, mercantil activa en la negociación del convenio y que forma parte de la junta directiva de la patronal.
Nos alegra comunicar que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha escuchado a la CGT y ha dejado sin efecto los dos ERTEs de Fuerza Mayor presentados el pasado 21 de junio de 2021 y que podrían haber afectado, hasta el próximo mes de septiembre, a un total de 1856 personas, es decir más del 60% de su plantilla en activo en todo el estado en las empresas Ilunion Contact Center e Ilunion Contact Center CEE.
La asociación ha emprendido actuaciones junto a Economistas Frente a la Crisis, Greenpeace, Transición Verde y la Asociación para la Defensa Ecolóxica de Galiza, para reclamar ante los tribunales la deuda pendiente de liquidar de las empresas eléctricas con los consumidores derivada de los Costes de Transición a la Competencia (CTCs), que puede oscilar entre 1.500 y 2.800 millones de euros.
