Opinion

Hablamos con el abogado laboralista y ex diputado de la CUP en el Parlament de Catalunya, Vidal Aragonés, sobre el contenido de la reforma laboral aprobada por el Consejo de Ministros antes de acabar el año. Voces del sindicalismo alternativo, la izquierda anticapitalista y abogados laboralistas denuncian que no hay derogación y que confirma los ataques que se pasaron con los gobiernos de Rajoy y Zapatero.

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Los intelectuales afines al Gobierno “progresista” y las burocracias sindicales han salido a defender la nueva reforma laboral. Esa que no deroga la del 2012 sino que “consolida el modelo actual”, como asegura la CEOE. Entre ellos, Daniel Bernabé se lleva el premio gordo. Aquí una humilde respuesta a sus argumentos.

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En Enero entrarán en vigor los recortes establecidos  en la reforma aprobada en 2011 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que introdujo una serie de medidas que comenzaron a aplicarse de forma progresiva a partir de 2013. Pero no solo eso, entrará también en vigor la primera parte de la reforma de las pensiones que fue aprobada de forma definitiva por el Congreso la semana pasada. 

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La política de la pandemia pretende encontrar soluciones sin tocar lo más mínimo la organización de la vida social, usando el virus no para revisar o redefinir nada, sino para intensificar las lógicas dominantes.

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El cúmulo de mentiras y falsas promesas a lo largo de nuestra historia reciente en materia laboral es escandaloso. La nueva reforma laboral, presentada como un éxito, de forma exageradamente triunfalista por sus defensores en “la izquierda” se caracteriza por incumplir lo pactado y por estar repleto de renuncias que favorecen a la CEOE.

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Se mantiene la flexibilidad interna y externa; no se toca el artículo 41 que facilita a la empresa la modificación de las condiciones laborales; ni el 40 sobre la movilidad geográfica; se mantiene el coste del despido en 20 días por año para el improcedente y 33 para el procedente; tampoco se recuperan los salarios de tramitación; ni la autorización administrativa en los despidos colectivos (desregulación judicial).

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Huérfanos como estamos de victorias colectivas propias, se comprende mejor la euforia que se desata cada vez que en otras latitudes una candidatura de izquierdas -así, en general, porque luego hay que ver en qué queda el programa izquierdista en cada caso- derrota en las elecciones a propuestas situadas mucho más a la derecha.

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Híbrida o anfibia, que tanto da (por aquello de apostar a varias bandas). Todo lo que produce la ministra de Trabajo desde que fuera aupada al delfinato de Unidas Podemos (UP) está dirigido a los focos y las candilejas. Es una experta en alzarse con el santo y la limosna.  

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Si al capitalismo se le conoce una virtud, no es otra que su política de modernización -utilizada desde el primer momento-, basada en la expropiación violenta de las condiciones independientes de vida y de trabajo.

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Los y las profesionales de los centros de salud vienen denunciando sistemáticamente el problema estructural de Osakidetza por la escasez de plantillas, sobre todo en la atención primaria. ¿Cuántos de los 4.000 profesionales que pasaron al paro o listas de espera de Osakidetza, después de la última oleada de la pandemia, han sido recuperados?

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Dentro del tráfico mercantil con que suelen adobarse los consensos, EH Bildu, PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a “derogar de manera íntegra” la reforma laboral del año 2012, decía taxativo el escrito en su primer punto. Pocas horas después de hacerse público, Moncloa mandó callar. Nada de <<derogar>> y menos aún de <<maneraíntegra>>.

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Tocaba repetir la estrategia de la que la clase trabajadora española viene siendo víctima desde hace décadas: los sindicatos amenazan que esta vez van en serio, fingen cabrearse mucho con una patronal intransigente, convocan alguna movilización más simbólica que eficaz y, como marca el guion, se firma un acuerdo, que deja las  reivindicaciones de los trabajadores muy lejos de ser satisfechas.

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Hoy tanto en las cuatro capitales, como en 65 pueblos de E.H. se han movilizado, para manifestar el rechazo al proyecto de ley de la primera parte de las reforma de las pensiones. Es una ocasión perdida para garantizar el Sistema Público que garantice pensiones dignas, ratifica los recortes vigentes, abre la puerta a otros nuevos y fomenta la privatización del Sistema Público de Pensiones.

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Desde hace años, en el mes de noviembre, en torno al día 25, Día Internacional contra las Violencias Machistas, la sociedad se moviliza para visibilizar y reflexionar, con más intensidad, para hacer balance y evaluar la evolución de esta lacra que sufrimos históricamente las mujeres. Una lacra que solo representa un síntoma, el más sangriento, el más inhumano e irracional, el más criminal, de un síndrome más amplio que se llama patriarcado.

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Las prioridades han cambiado y la exigencia del derecho a un trabajo digno empieza a marcar un cambio de época. La criminalización de las huelgas y de las manifestaciones, incluso de la quema de contenedores o neumáticos, cuando de lo que se trata es de abolir la esclavitud moderna, cotiza a la baja. Solo se trata de saber quién te representa, no quien finge hacerlo.

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Reclaman a los partidos con representación institucional que han apoyado al Gobierno que condicionen su apoyo a los Presupuestos Generales a la derogación de la reforma laboral. Entre las medidas que se proponen este manifiesto de la mayoría de organizaciones sindicales de todo el país se encuentran subir el salario mínimo a 1.200 euros y reducir la jornada laboral a 32 horas semanales.

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