El pasado 7 d
e septiembre la empresa comunica al Comité la apertura de la tienda AVENIDA, el 18 de octubre con el formato de 7D, cuya traducción es apertura los 365 días del año con todos los domingos y festivos de 7 de la mañana a 1 de la madrugada.Alguien de SABECO, SIMPLY, ALCAMPO o como quiera se llame ahora, ha decidido que Vitoria-Gasteiz necesita tiendas abiertas los 7 días de la semana y hasta hora intempestivas, cual servicio de Urgencias de un Hospital. Leer más …
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El Tribunal Supremo ha determinado que las prestaciones públicas por maternidad de la Seguridad Social que perciben las madres trabajadoras (o padres a los que se les ceda parte de ese permiso) durante la baja de 16 semanas tras el nacimiento de un hijo, están exentas del IRPF, en contra del criterio que hasta ahora Leer más … 
A diario cientos de personas desempleadas no pueden viajar en el metro, autobús, tren, ni siquiera para desplazarse a buscar trabajo o hacer un simple tramite en las grandes ciudades. Otras muchas se ven obligadas a viajar sin billetes y son denunciadas, agravando más aun su situación precaria, y generando una situación de enfrentamiento que sufren también lxs trabajadorxs de los diferentes medios de transporte. IV AENC de CEOE, CEPYME, CC.OO y UGT: Los Sindicatos del régim POR EL RECONOCIMIENTO DE PLENOS DERECHOS PARA LAS TRABAJADORA Informa la Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales -BERRI OTXOAK- que esta mañana se ha celebrado en los juzgados de lo contencioso-administrativo de Gasteiz un juicio contra Lanbide, por sus malas prácticas y recortes que aplica de forma habitual. A instancias de la denuncia presentada por el vecino de Barakaldo K.O.C. Hay que tener en cuenta que a este trabajador, en situación de precariedad laboral, se le está impidiendo el acceso a percibir en su cuantía integra la “Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo”, al disponer de un escaso salario,
Cuando el pasado octubre el Senado aprobó la aplicación del 155 a Catalunya, lo hizo hasta que hubiera un nuevo gobierno “legal” de la Generalitat. Pues va a ser que no. Cuando finalmente ya ha tomado posesión un nuevo presidente del gobierno catalán, que puede gustar o no, pero que ha sido elegido conforme a la legalidad estatutaria, y este designa a sus consellers, se veta su publicación en el BOE porque el PP, Ciudadanos y PSOE califican la lista de “provocación” al incluir a personas encarceladas preventivamente (sin tener condena alguna) o exiliadas (ellos dicen “huídas”, pero para el caso es lo mismo). Así que “sigue sin haber gobierno de la Generalitat y continúa el 155”. La realidad es que el gobierno sí ha sido nombrado porque quien legalmente puede hacerlo, pero quien tiene la maquinita del BOE para publicarlo se niega a realizar este trámite burocrático. Todo atrancado, pues. ¿Y ahora qué? Hemos pasado de la judicialización de la política a la “boeización” de la política: un paso más en la degradación de las instituciones y en la profundización del esperpento. 
“Gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones” (Deng Xiaoping) Una de las características de la vida política es la coherencia entre la vida pública y la privada. Con tratarse de dos esferas separadas no son siempre enteramente independientes. Lo que conlleva una estricta coordinación entre ambos planos. Sobre todo conviene no emplear el aval de lo público para justificar lo privado abusivo, ni viceversa, vender lo privado como del ámbito público a fin de magnificar su proyección política.
La tribuna de los más desfavorecidos, los jóvenes pillados en la burbuja del ladrillo (“casas sin gente, gente sin casas”), los activistas de la Plataforma de Afectados por las Hipoteca (PAH) o los damnificados de las preferentes por la codicia de las entidades financieras. A todo eso y aledaños los dirigentes podemitas acaban de decirles “no os representamos”. Hay una postverdad oficial y recurrente. La de los de arriba, la de los propagandistas. Grandes corporaciones o Estados que fabrican opinión a su favor o en contra de sus adversarios sin importar que sean meros bulos bien diseñados. Contra eso estamos más o menos vacunados. De toda la vida los poderosos han apañado la desinformación y la publicidad para engañar a la gente. Se trata de que consumamos, votemos y paguemos los impuestos sin rechistas.
No es un error político, es una aberración democrática. Investir presidente de la Generalitat a un forofo del sectarismo parece muy poco honorable. Porque, aunque el aludido haya pedido disculpas, no se trata de pecadillos de juventud. Es el currículum vitae de un militante del maximalismo identitario. Con el agravante de su promoción cultural desde las tribunas donde ha ejercido de intelectual orgánico de la doctrina. Buscar excusas a la promoción de Joaquín Torra al podio de la Catalunya en base a los múltiples desmanes y atropellos del macizo de la raza del nacionalismo español no hace sino agravar el problema. Supone abrazar similares artes a las que emplean sus adversarios del 155 y el zoquete pelotón del “a por ellos”. La jesuítica justificación de usar un medio malo para lograr un supuesto buen fin ha sido históricamente el quicio por dónde se han colado ilustres pirados y malhechores ansiosos de notoriedad pública.
En un artículo anterior recordábamos que la principal diferencia entre la tipificación del delito de rebelión en el código penal de la dictadura (arts. 214 a 217) y en el de la democracia (arts. 472 a 484) residía en la constatación de violencia. Con Franco se podía imputar sin que hubiera existido violencia y en la actualidad resulta condición sine qua nom. Craso error. Habíamos olvidado que al calor de la kale borroca urdida sobre el derecho a decidir en Catalunya, PSOE y PP se concitaron para alargar el brazo de la ley donde faltaba manga. Por eso, en línea con el espíritu de los pactos antiterroristas, en 2015 agravaron el artículo 573 logrando que ciertos desórdenes públicos entraran en esa circunscripción. Y ahora también son reos de terrorismo los acusados de “alterar gravemente la paz pública”. O sea, se recupera la matriz de aquellos siniestros tribunales de orden público del franquismo. 
Ermengol Gassiot (1972), secretario general de la CGT de Cataluya y doctor en Prehistoria, responde a esta entrevista en la nueva sede de la organización anarcosindical sentado frente a un viejo cartel que reza: “Tú, cualquiera de nosotros puede ser un terrorista. Sólo hace falta que el que manda así lo decida”. “Es de hace 40 años”, susurra él, con una sonrisa irónica. Con el caso de los 27 y més, a él y a otros 26 les piden entre 11 y 14 años de cárcel por la ocupación que tuvo lugar en 2013 en el rectorado de la universidad donde trabaja de docente, la Autónoma de Barcelona, en protesta por la subida de las tasas, un 66%. El compromiso en la lucha desde los márgenes le ha puesto últimamente en el centro del tablero: el 27 de febrero fue detenido tras negarse a ir a declarar. También a la CGT, pues esta organización, entre otras donde no estaban los sindicatos mayoritarios, dio a la exitosa protesta feminista del 8M cobertura de huelga general. 
La Marca España, nuestro ogro filantrópico pret a porter, porfía para repetir el duopolio dinástico hegemónico de antaño. Por eso está conspirando con todas sus fuerzas para que 2019 recree un ensayo general para regresar a la estabilidad del poder binario. Los protagonistas son la nueva derecha de Ciudadanos, en racha de aciertos demoscópicos, y el incierto partido socialista que aún controla Pedro Sánchez. Los desechos de tienta, el Partido Popular de Mariano Rajoy, abismado en la corrupción del “y de lo mío qué”, y el Podemos de Pablo Iglesias, en segundas nupcias ya sin las gananciales de Izquierda Unida. Se trata, pues, de una operación zigzagueante. Una diagonal ideológica. 
El manido salvoconducto “uno de los nuestros”, que en la reciente convención del Partido Popular celebrada en Sevilla ha recreado con marcial cinismo la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, al afirmar “lo que tenemos que hacer es no permitir que nos avasallen y defender a los nuestros”. La coyuntura ha querido que estos días confluyan en conflicto dos exigencias del Estado de Derecho que tienen como protagonista a la clase política. De un lado, la aplicación de la presunción de culpabilidad a Carles Puigdemont según se deduce del revés dado por la Audiencia de Schleswig-Holstein al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. 
La pasada semana, España volvía a ocupar las portadas de la prensa europea, por la concatenación de una serie de noticias muy difíciles de compatibilizar con la imagen de “Estado democrático y de derecho” que las instituciones del Régimen se esfuerzan por exportar. En una entrevista concedida a Canarias-semanal, la socióloga y profesora de la Universidad Complutense de Madrid Ángeles Diez analizó estos y otros casos de represión, contextualizándolos en el marco de un Estado que -según esta científica social – no puede entenderse sin remontarse a la Guerra Civil y el triunfo de los sublevados en 1936, y para el que ha acuñado el término: “Francocracia”.
Los cronistas ya han dado buena cuenta del gazpacho verbenero. La pasada Semana Santa fue un auténtico aquelarre lúdico-religioso. Procesiones hasta en la sopa, teles vomitando el habitual cutrerío de películas del género “historia sagrada”, ministros coreando impasible el ademán “soy el novio de la muerte”, banderas a media asta en centros militares, niños vestidos de legionarios en prime time y el sempiterno fervor lacrimógeno de la muchedumbre ante los pasos. El nacionacatolicismo que nos habita con todo su furor. 
Las recientes movilizaciones sociales han dejado a las élites políticas y sindicales de la izquierda clásica fuera de juego y tan tocados que difícilmente podrían seguir ostentando la exclusividad como portavoces de la clase trabajadora en los medios de comunicación. La burocracias de partidos y sindicatos socialdemócratas, se obstinan en atribuirles, incluso cuando dichos cuadros clásicos profesionales no son los organizadores ni los protagonistas de las nuevas e imaginativas luchas. 
Con el salto a los CDR, el proceso soberanista catalán vuelve a superarse a sí mismo, y a las formas políticas actuales del resto de estados similares. En una inesperada recuperación del espíritu libertario catalán, que culmina magistralmente con la construcción épica de la silenciada Revolución Social Catalana de 1936, o la Revuelta Remença, en 1480, el proceso pasó de la sociedad civil (referéndums de Arenys & co, primeras grandes diadas indepes con millones en las calles), a la esfera política y parlamentaria, y a la movilización coordinada desde dos grandes organizaciones civiles, Omnium y ANC, lo que ya en sí es una gran innovación en relación al entorno geopolítico. Pero hoy encuentra buena parte de su impulso y fuerza renovada en los barrios y en la ciudadanía completamente auto organizada con los CDR, donde no hay jerarquías, presidentas, ni organizaciones centralizadas. 
Con abuso de esquematismo solemos hablar de violencia solo y exclusivamente cuando se producen hechos y actos que causan daños a personas o bienes por parte de personas físicas. Pero se trata de un concepto reduccionista. Ciertamente, existe una utilización legítima de la fuerza como derecho de defensa. Y luego hay un uso ilegítimo cuando se emplea la violencia contra gente pacífica, venga de donde viniera la agresión. Aunque normalmente esa licencia forma parte de las prerrogativas de los Estados, el paradigma de la abstracta personalidad jurídica. Ocurre así desde el momento en que las atribuciones que sustentan su soberanía pierden su base democrática, convirtiéndose en simple Estado de Leyes. La dictadura franquista abrazaba ese modelo porque, llegado el caso, usaba el poder del Estado contra sus propios ciudadanos (que el paternalismo del régimen eximia de ser a la vez contribuyentes directos). Operaba, pues, como una amenaza permanente sobre sus administrados. 
Hace unos días me contaba un colega muy bien informado -una de esas fuentes que nunca falla- que dirigentes del PNV habían trasladado al Partido Popular que para llegar a acuerdos entre ambas formaciones sería deseable que los populares no azuzaran en público con el caso De Miguel, uno de los mayores casos de corrupción que afecta a los nacionalistas. Una trama -que se juzga desde hace semanas en Vitoria- por la que están sentados en el banquillo exdirigentes del PNV y cargos del Gobierno de Ibarretxe, acusados de cobrar comisiones ilegales y adjudicar contratos irregulares. 
La Organización Internacional del Trabajo denuncia que en todo el mundo más de 313 millones de personas trabajadoras sufren lesiones profesionales no mortales cada año, lo que equivale a 860.000 personas heridas en el trabajo a diario. Cada día 6.400 personas mueren a causa de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, es decir 2,3 millones de muertes cada año. Estas muertes, accidentes y enfermedades son asumidas por la sociedad como algo normal, intrínseco a la actividad laboral. Trataremos de explicar con las personas participantes de este debate cuáles son las verdaderas causas de esta lacra del sistema capitalista y cuáles deben ser las acciones para acabar con ella. 
“Un Atlas que no incluya a la Utopía no merece ni siquiera una mirada, pues excluye el único país donde la humanidad siempre anheló arribar” (Oscar Wilde) Menos citado que Osvaldo Bayer y más conocido que Christina Ferrer, Eduardo Colombo comparte con sus paisanos y compañeros en el pensar y sentir ácrata la reflexión sobre la Idea más allá de la doctrina del ideario. 
El Gobierno choca con la resistencia a su política económica con eje en los pensionistas Este fin de semana el movimiento de rechazo a la política del Gobierno del Partido Popular en materia de pensiones ha dado un salto cualitativo. Las movilizaciones de los pensionistas se han convertido en los hechos en un movimiento de resistencia contra la política económica del Gobierno que no sólo cuestiona las decisiones sobre pensiones sino en general un plan económico basado en la precariedad laboral. Hace falta estar ciego para no percibir que el creciente malestar en la sociedad es lo que estalla por cualquier incidente, como lo ha puesto de relieve la muerte de un inmigrante en el barrio de Lavapiés en Madrid en condición de irregular a pesar de doce años de estancia en el país. La magnitud de las manifestaciones ha tenido la entidad de los grandes movimientos de masas de los últimos 20 años en España. |
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Ante las movilizaciones que, a propuesta de su Comité de Empresa, llevaron a cabo el pasado viernes una parte del colectivo de trabajadores/as de NAVANTIA-SAN FERNANDO, desde las Secciones Sindicales de Autonomía Obrera y CGT del Hospital “Puerta del Mar” queremos manifestar públicamente lo que sigue:
en vuelven de su “incomparecencia” en los años de la Gran Estafa y lo hacen al estilo de siempre: Pacto Social interclasista, con quienes fueron son y serán los ejecutores de todas las políticas de destrucción de derechos laborales y sociales, la clase empresarial. Este “consenso”, llamado Paz Social o espíritu de la Transición, como le gusta decir a la nueva Ministra de Trabajo, ha sido desde 1977, con los Pactos de la Moncloa, lo que ha anclado las relaciones laborales a tres pilares básicos: la flexibilidad laboral, la moderación salarial y la libertad empresarial sobre la fuerza de trabajo. 
S DE HOGAR Y CUIDADOS Una vez más el gobierno del PP, con el apoyo del PNV, da la espalda a las trabajadoras de hogar y de cuidados. La enmienda 6777 aprobada junto con los presupuestos del estado de este año, frena nuevamente el avance de los derechos laborales de este colectivo, retrasando hasta enero de 2.024 la equiparación de su sistema de cotización al régimen general de la Seguridad Social, cuya entrada en vigor estaba prevista para enero de 2.019. 
Según los datos difundidos por el Eurostat, el beneficio empresarial de las compañías no financieras españolas alcanzó el 42,8% del valor añadido bruto en 2017. En otras palabras, de toda la producción que realizan, casi la mitad se queda como beneficio empresarial para remunerar al capital. Hasta el estallido de la crisis, lo normal era que los beneficios empresariales se situasen por debajo del 40% del valor añadido bruto. Sin embargo, con la crisis, la devaluación salarial permitió mitigar la caída de los beneficios empresariales, que lentamente empezaron a tener un peso creciente en la economía del país. Los beneficios empresariales están claramente en máximos históricos. Este % de beneficios dedicados a remunerar al capital histórico en España (42,8%) es superior a la media de la Eurozona (41%), de la UE (40%) y por delante de países como Italia (42,1%), Holanda (42%), Alemania (41,2%) o Francia (31,8%). 
