Cuando el pasado octubre el Senado aprobó la aplicación del 155 a Catalunya, lo hizo hasta que hubiera un nuevo gobierno “legal” de la Generalitat. Pues va a ser que no. Cuando finalmente ya ha tomado posesión un nuevo presidente del gobierno catalán, que puede gustar o no, pero que ha sido elegido conforme a la legalidad estatutaria, y este designa a sus consellers, se veta su publicación en el BOE porque el PP, Ciudadanos y PSOE califican la lista de “provocación” al incluir a personas encarceladas preventivamente (sin tener condena alguna) o exiliadas (ellos dicen “huídas”, pero para el caso es lo mismo).

Así que “sigue sin haber gobierno de la Generalitat y continúa el 155”. La realidad es que el gobierno sí ha sido nombrado porque quien legalmente puede hacerlo, pero quien tiene la maquinita del BOE para publicarlo se niega a realizar este trámite burocrático. Todo atrancado, pues. ¿Y ahora qué? Hemos pasado de la judicialización de la política a la “boeización” de la política: un paso más en la degradación de las instituciones y en la profundización del esperpento.

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La tribuna de los más desfavorecidos, los jóvenes pillados en la burbuja del ladrillo (“casas sin gente, gente sin casas”), los activistas de la Plataforma de Afectados por las Hipoteca (PAH) o los damnificados de las preferentes por la codicia de las entidades financieras. A todo eso y aledaños los dirigentes podemitas acaban de decirles “no os representamos”.

Hay una postverdad oficial y recurrente. La de los de arriba, la de los propagandistas. Grandes corporaciones o Estados que fabrican opinión a su favor o en contra de sus adversarios sin importar que sean meros bulos bien diseñados. Contra eso estamos más o menos vacunados. De toda la vida los poderosos han apañado la desinformación y la publicidad para engañar a la gente. Se trata de que consumamos, votemos y paguemos los impuestos sin rechistas.

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En un artículo anterior recordábamos que la principal diferencia entre la tipificación del delito de rebelión en el código penal de la dictadura (arts. 214 a 217) y en el de la democracia (arts. 472 a 484) residía en la constatación de violencia. Con Franco se podía imputar sin que hubiera existido violencia y en la actualidad resulta condición sine qua nom. Craso error.

Habíamos olvidado que al calor de la kale borroca urdida sobre el derecho a decidir en Catalunya, PSOE y PP se concitaron para alargar el brazo de la ley donde faltaba manga. Por eso, en línea con el espíritu de los pactos antiterroristas, en 2015 agravaron el artículo 573 logrando que ciertos desórdenes públicos entraran en esa circunscripción. Y ahora también son reos de terrorismo los acusados de “alterar gravemente la paz pública”. O sea, se recupera la matriz de aquellos siniestros tribunales de orden público del franquismo.

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La Marca España, nuestro ogro filantrópico pret a porter, porfía para repetir el duopolio dinástico hegemónico de antaño. Por eso está conspirando con todas sus fuerzas para que 2019 recree un ensayo general para regresar a la estabilidad del poder binario.

Los protagonistas son la nueva derecha de Ciudadanos, en racha de aciertos demoscópicos, y el incierto partido socialista que aún controla Pedro Sánchez. Los desechos de tienta, el Partido Popular de Mariano Rajoy, abismado en la corrupción del “y de lo mío qué”, y el Podemos de Pablo Iglesias, en segundas nupcias ya sin las gananciales de Izquierda Unida. Se trata, pues, de una operación zigzagueante. Una diagonal ideológica.

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