Las virtudes morales del ahorro y el esfuerzo, traducido a retórica actual, “el emprendimiento, los emprendedores”, es la fábula del liberalismo que nos llevan contando desde su origen, para seguir acumulando y acumulando, así se lleven por delante naturaleza y vida, erradicando de cuajo toda resistencia que tengan que ver con otras formas de vida, la defensa de la tierra, prácticas no mercantilizadas, defensa de lo común, y la dignidad humana.
Algunas de estas políticas expropietarias actuales, resultan no solamente violentas, sino de una tomadura de pelo del personal, elevada a la enésima potencia. Los dos ejemplos: El primero, la expropiación de las rentas salariales directas (asalariados y asalariadas en activo) y de las indirectas, como son las pensiones, a través del mecanismo de la inflación.
Y el segundo, la expropiación de los derechos más básicos del mundo del trabajo: el derecho al empleo y/o prestaciones sociales suficientes, un salario digno y suficiente y el derecho a la libertad individual y colectiva.
La expropiación de las rentas salariales, desde el 2010, con el comienzo de las políticas austoritarias impuestas por la crisis estafa del 2008, hasta 2013 (comienzo de una recuperación económica de la tasa de ganancia -beneficios- del capital) se lleva por delante la friolera de casi 4 puntos de toda la renta nacional (del Estado), y esas rentas salariales expropiadas, van directamente a las arcas de las rentas del capital. En los años siguientes (a partir del 14), hasta la pandemia, aún con inflación baja y en algunos casos negativa, las rentas salariales no recuperan el robo y expoliación que se había hecho por parte de los distintos ejecutivos (PSOE/PP), fundamentalmente a través de la devaluación generalizada que se impone a toda la clase trabajadora.
Las pensiones desde el 2010, con régimen político partidista PSOE, han tenido la siguiente evolución en sus incrementos: 0% en el 2011, 1% en los años 2012 y 2013, el 0,25% en el 14, 15, 16 y 17, el 1,6% en 2018 y 2019 y el 0,9% en el 2020 y 2021.
Todas las alarmas se han disparado, como consecuencia de la ruptura de las cadenas de valor, y la inflación, que en principio “sostienen los liberales del capitalismo y de la ortodoxia monetaria”, será temporal (auguran para la primavera del 2022 volverá a niveles de una horquilla entre el 1% y 2%), a niveles mundiales se ha disparado, a niveles europeos se sitúa en el 4,9% y a niveles “patrios” la tenemos situada en el 5,6%, estando causando verdaderas expropiaciones en las rentas salariales y en las pensiones.
Lo que tratan de impedir, todos los ejecutivos (Bruselas manda), es que no se traslade la inflación a los salarios, es decir, que no les de a “las clases asalariadas y a las pensionistas” lanzarse al conflicto, para impedir que les sigan expropiando y aumentando la pobreza, aunque trabajes o tengas pensión.
Un informe del BCE señala que los riesgos de que la inflación se traslade a las negociaciones salariales son limitados, puesto que la mayoría de los contratos (negociación colectiva se refieren) de la zona euro, no están indexados al incremento del coste de la vida.
Y esta es la clave y esta es la política que el “gobierno más progresista de la historia”, conjuntamente con los “constitucionalistas agentes sociales, CEOE, CC.OO. y UGT”, están implementando en la práctica de negociación colectiva y en la práctica de la negociación del “sostenimiento de las pensiones”.
Por Ley consensuada por todos los anteriores, las pensiones se verán actualizadas conforme al IPC medio anual, no el real, a finales de noviembre (5,6%), pudiendo prever que la pérdida para el colectivo pensionista, se situará en 3/4 puntos.
Por Consenso Social, el SMI se incrementó bastante por debajo del IPC y vale para todo el año 2022, al igual que el Acuerdo de Concertación de los “constitucionalistas agentes sociales” sobre rentas salariales (referencia para todos los convenios), se sitúa y se situara en una horquilla del 2%/3,5%.
El derecho al empleo y/o prestaciones sociales suficientes, entre ellas derecho a una pensión en tiempo (jubilaciones anticipadas) y forma (derecho a jubilarse anticipadamente con independencia de la empresa(s) en las que se trabaje), y el derecho a un salario digno y suficiente y el derecho a la libertad individual y colectiva, con los últimos movimientos políticos de todo el ejecutivo y las mayorías parlamentarias, a través de la acción política y normativa, resultan ser violación flagrante tanto de los derechos individuales de las personas (asalariadas y con futuro de pensionista), como de los derechos colectivos.
La Ley Escrivá (primera parte) de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y sostenibilidad del sistema, penaliza las jubilaciones anticipadas de ¿todas? las personas asalariadas e incentiva la prolongación del trabajo (retraso de la jubilación), con la intención de “recortar los gastos del sistema”.
La doble moral de la política, permite que la “ética de los negocios privados” de las grandes corporaciones (Telefónica, Bancos, Energía), mande a miles y miles de personas trabajadoras a las “jubilaciones anticipadas” desde los 54 años, con salarios de hasta el 70% de su último salario regulador, más un plan de pensiones privado, más una póliza de salud privada… y, el resto de personas trabajadoras, que trabajan en más del 74% todas ellas en las pequeñas empresas, se les obliga por Ley normativa a prolongar su fecha de jubilación hasta los 67 años o más y si quieren “tener mejor pensión” que sigan currando.
La polarización y división de las clases asalariadas, bien activas bien jubiladas, es el mecanismo infernal que las clases empresariales y políticas vienen utilizando de manera sistémica para expropiar derechos individuales y colectivos.
Es la “victoria” de la “fuerza del poderoso” que agrega a sus filas, en esta “guerra” (lucha de clases), a cierta parte de los débiles, dicho de otra forma, de quienes solo poseen su fuerza de trabajo para “vender en el mercado”.
Ser resistentes, mostrar la fuerza de los débiles, no es sino defender un modo de vida digno y defender lo común para todos y todas, por medio de la capacidad colectiva de autoorganización y recuperar los derechos que nos permitan crear las condiciones independientes de vida y trabajo.
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