<<Derogar: dejar sin efecto una norma vigente>>
(Diccionario RAE)
En España la experiencia política dicta que la clase dirigente suele postular una cosa cuando zascandilea en la oposición y todo lo contrario al ocupar el banco azul, sin abochornarse ni disculparse. Por aquello de <<las circunstancias cambiantes>> de ínfulas heraclitianas, también anillado en el <<céteris paribus>> (si lo demás no varía) del devocionario económico. Otra cosa diferente es lo que estamos viendo en ese impúdico sainete envuelto en un rigodón de la derogación de la reforma laboral del 2012, impuesta en su día por el rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular (PP), que <<derogó>> la indemnización por despido improcedente (de 45 días por año a 33 durante 24 mensualidad en lugar de 42) y la prevalencia del convenio sectorial por el de empresa.
En su momento, dentro del tráfico mercantil con que suelen adobarse los consensos, EH Bildu, PSOE y Unidas Podemos (UP) regurgitaron un documento eliminando dicha ley a cambio de que la formación abertzale no boicoteara la renovación de la quinta prórroga del Estado de Alarma. El texto del pacto sellado el 20 de mayo de 2020 por Adriana Lastra (PSOE), Pablo Echenique (UP) y Mertxe Aizpurua (EH Bildu) no dejaba lugar a dudas sobre su alcance excluyente: <<Las fuerzas políticas que suscriben este acuerdo se comprometen a “derogar de manera íntegra” la reforma laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular>>, decía taxativo el escrito en su primer punto. Pero no hubo tal, la montaña parió un ratón. Pocas horas después de hacerse público, Moncloa mandó callar. Nada de <<derogar>> y menos aún de <<manera íntegra>>, un pleonasmo según los usos de la Real Academia. Tanto monta monta tanto.
Con ello parecía ponerse fin al vaivén polisémico con que se había intentado devaluar lo pactado por PSOE y Unidas Podemos (UP) en el programa de coalición (punto 1,3). A la chita callando, hacía tiempo que la cúpula socialista venía hablando de <<rectificar los aspectos más lesivos>>, rebaja asumida muy pronto por la flamante ministra de Trabajo de UP en una entrevista al BOE bis del grupo PRISA:<<Yo no puedo dictar una norma que diga derogo toda la reforma laboral del PP -sentenció Yolanda Díaz- Técnicamente no es derogable toda la reforma laboral, sería imposible>>. (El País, 25 de Enero 2020). Extremo que ha vuelto a repetir imperturbable Díaz a primeros de noviembre del año en curso en el fragor de la batalla terminológica sobre el concepto <<derogar>>.
De hecho, la vicepresidenta segunda es una experta en el manejo del birlibirloque político. Lo demostró en las dos últimas reuniones del Pacto de Toledo, dando una de cal y otra de arena, según soplara el viento. En la cita de 2019 rompió la baraja a última hora tras enterarse del anuncio de convocatoria electoral, dejando en barbecho las medidas ya acordadas para abordar el problema de la sostenibilidad de sistema público de pensiones. Omisión que no fue obstáculo para que al año siguiente, ya despejado el horizonte en las urnas de la coalición progresista, diera vía libre a su aprobación sin motivar el cambio de criterio. ¿Será la famosa unidad de los contrarios de la dialéctica hegeliano-marxista?
Con parecida labilidad, al tomar posesión del ministerio declaró solemnemente que derogaría la reforma laboral sí o sí. Extremo que ha vuelto a aventurar enfáticamente en la clausura del 12º Congreso de Comisiones Obreras (CCOO), el sindicato amigo que acaba de reelegir a Unai Sordo como secretario general por otra temporada. Un turbulento proceso de gatillazos, afirmaciones y desmentidos, idas y venidas, trancas y barrancas, del que también ha sido partícipe al presidente del Gobierno. <<Reformaremos la reforma laboral entera>>, dijo Pedro Sánchez estando en la ardiente oposición; repitió lo mismo en el 40º del PSOE celebrado en Valencia el pasado octubre; y más tarde, en la cumbre del G-20 celebrada en Roma, surfeó el tema hablando de <<modernizar>> las relaciones laborales y de <<reconstruir algunas cosas que se hicieron mal>>. Gato blanco, gato negro…
Pero en lo que respecta al reposicionamiento de Yolanda Díaz, hay un método en su tactismo. Lo que era lógico a la altura del 13 de enero, fecha de acceso a la cartera, se convertía en puro delirio el 23 de octubre de 2021, en la clausura del acto de Comisiones. Insistir allí en el fetiche de la derogación tras haberse valido de los ERTE de fuerza mayor sin control previo (una medida exclusiva de la Reforma Laboral del PP) para aminorar las consecuencias del cierre económico y laboral provocado por el coronavirus, ha sido un fraude sin parangón. Expedientes de Regulación Temporal de Empleo que, aparte su utilidad coyuntural, no son ninguna ganga: tres de cada cuatro euros de los ERTE son de dinero público. Tanto barullo impostado impide ver el bosque, porque como suele decirse <<cuanto menos bulto más claridad>>. ¿Cuándo se ha hecho una reforma laboral que respondiera a las necesidades de los trabajadores y que no fuera una adaptación de las relaciones de producción a los intereses mutantes del capital?
Se llame modernizar, reformar o reconstruir, la actuado en este ámbito normativo siempre ha ido dirigido a modular los ciclos económicos y los cambios tecnológicos (o a ambas cosas, como ahora). Esa es el pilar que sustenta los ERE y de los ERTE: lo que es bueno para los de arriba es bueno para los de abajo. El rescate de la gran banca con dinero de todos en la crisis del 2008 y el salvamento condicionado de los fondos europeos en la pandemia vigente calzan idéntico algoritmo. Con la anuencia de los sindicatos adheridos y la patronal, y entonces lo llaman <<diálogo social>>, o sin ellos. Incluso se ha dado el caso de que CCOO y UGT abanderen movilizaciones de protesta contra las reformas y semanas después protagonicen un cameo con el poder al que enfrentaron la víspera.
En ese sentido, se rizo el rizo en 2010 a raíz de la primera reforma laboral del austericidio, aplicada por decreto por José Luis Rodríguez Zapatero y la asimismo ya programada de las pensiones. En aquella ocasión, las dos centrales convocaron a una huelga general de 24 horas que tuvo un enorme seguimiento, tanto por la ciudadanía como por el resto de los sindicatos. Las razones para esa arremetida contra el ejecutivo socialista las exponía sin paliativos la organización hermana UGT en un comunicado: aumentaba la desregulación del mercado de trabajo; abarataba el despido al facilitar los motivos para rescindir los contratos y reducir las indemnizaciones; reforzaba el poder de los empresarios para modificar unilateralmente las condiciones de trabajo; y ampliaba el campo de actuación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT).
Sin embargo, ahora CCOO y UGT no piden derogar aquella gravosa reforma laboral del PSOE, y ni tan siquiera lo piensan. Solo ponen en su diana la sucesiva que hizo el PP en 2012, también contestada con movilizaciones en todo el Estado, pero no con un plante de similar cuantía. Quizás porque tras aquella gresca, ambos sindicatos corrieron a pactar con la CEOE y el gobierno una reforma de las pensiones que empeoraba en todos los tramos las condiciones de su percepción, involución contundentemente rechazada con paros y protestas por ELA, LAB, CIG, CGT y CNT. La guinda churrigueresca a tamaña doblez la puso Valeriano Gómez, miembro de la ejecutiva ugetista, quien pasó de encabezar la pancarta a lo Novecento en la jornada de huelga a ocupar el ministerio de Trabajo un mes más tarde. José María Fidalgo tardó más tiempo en transitar desde el liderazgo de Comisiones Obreras a figurar como colaborador habitual de la FAES aznarista.
Todas las reformas que se han realizado aquí desde la entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores en 1980 se han justificado como medidas encaminadas a paliar el paro, incentivar el empleo juvenil y reducir drásticamente la temporalidad. Los hechos son tozudos, por más que el agitprop del cartel gubernamental, de medios de comunicación indexados y sindicatos cofrades (los de las tarjetas black, los ERE de Andalucía, los dineros para la jubilación de los mineros asturianos, etc.) pretenda que vivimos en el mejor de los mundos gracias a sus denodados esfuerzos. A la altura del pasado primero de octubre, España ostentaba el mayor índice de paro de la Unión Europea (UE) doblando la media de la eurozona, y registraba la tasa de desempleo más alta entre menores de 25 años, superando a la tres veces rescatada Grecia. Aparte de ser uno de los países con más jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis). Ni con la derecha ni con la izquierda cambiaron las tornas: la vertical del poder siempre ha sido una apisonadora del factor Trabajo a demanda del Capital. Cada yunta con su cencerro: los de <<España va bien>> y los de <<para que nadie quede atrás>>. De ahí que la desigualdad social se haya cronificado estructuralmente en un contexto de continuo crecimiento macroeconómico.
Hubo resistencias, al principio de la transición, y luchas obreras y ciudadanas, pero la lógica del sistema fue cooptándolas convirtiendo a personas e instituciones en franquicias del modelo de dominación. El nudo gordiano se desató con la reforma laboral aplicada por el PSOE en 1984, siendo ministro de Trabajo Joaquín Almunia, el mismo que durante las crisis financiera del 2008 fue de facto el jefe de <<los hombres de negro>> de la Comisión Europea (CE). Después de haber sido el primer dirigente socialista que intentó editar un gobierno de coalición de izquierdas PSOE-IU, al formar en el año 2000 cartel electoral con el entonces secretario general del PCE y candidato de Izquierda Unida, Francisco Frutos, viniendo de donde venía y yendo a dónde aterrizó. Durante su etapa (1982-1986) y en la de su sucesor en Trabajo, Manuel Chaves, incurso en la gran estafa de los ERE andaluces, los desmoches laborales fueron de tal intensidad que provocaron la mayor huelga general habida en democracia. Una iniciativa desastrosa para el frente progresista y un chupinazo para la derecha del PP que catapultó a José María Aznar a la mayoría absoluta.
El parón fue lo nunca visto. El Día D, el 14 de diciembre de 1988, hasta la oficialista TVE se fundió en negro en solidaridad con la movilización obrera en todo el país. La unidad de acción sindical buscaba <<derogar>> en la calle y en los centros de trabajo las normas reaccionarias dictadas por el Gobierno para <<luchar contra el desempleo>>. La excusa de la reforma era el <Plan de Empleo Juvenil>> impuesto por el gobierno socialista con el Real Decreto Ley 1989/1984, de 17 de octubre, que inauguró lo que conoce como el modelo laboral español, su fórmula magistral. Una cultura de la temporalidad en las relaciones productivas cuyas consecuencias, con rectificaciones parciales y repuntes contracíclicos, siguen adoquinando el presente 37 años después, independientemente del color ideológico del partido político que ocupe el poder.
Aparte de la precarización low cost que la generalización de la temporalidad causal o acausal provoca entre los trabajadores, el estudio El problema de la temporalidad en España: un diagnóstico (Luis Toharia Cortes, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005) recoge otros importantes impactos negativos, directos e indirectos : dualiza el mercado de trabajo; vulneriza sobre todo a jóvenes y mujeres; desincentiva la formación en el empleo; aumenta la siniestralidad laboral; acumula una antigüedad menor en la vida laboral; oferta peores salarios; y empora la capacidad de reivindicación y negociación. Datos a los que me atrevería a añadir la secular debilidad de la inversión innovadora (bienes de capital, innovación tecnológica, etc.) del empresariado español, acostumbrado a acumular ganancias fáciles explotando la devaluación salarial en todos sus planos.
El filipinismo, profundamente dolido por la postura rupturista del sindicato hermano durante el 14-D, movió todos sus recursos para defenestrar a aquellos dirigentes históricos de la UGT que habían osado enfrentarse al PSOE solo dos años después de haber llegado La Moncloa en olor de multitudes. El escándalo de la cooperativa inmobiliaria PSV, que estalló en 1993 con todo lujo de detalles en los medios afectos, fue el mecanismo determinante para la gran purga. Nicolás Redondo, uno de los caídos en desgracia al cesar el respaldo de las instituciones de crédito oficial a la Promotora Social de Viviendas, motivaba así aquella gran huelga general al cumplirse su treinta aniversario en un escrito para Fundación Largo Caballero. <<El Plan de Empleo Juvenil (PEJ) propiciaba que a los 18 meses –máximo establecido legalmente de duración de los contratos- los jóvenes perdieran inexorablemente el empleo sin haber conseguido ni formación ni verdadera inserción. El definitiva, dadas la ventajas concedidas a los patronos con la ganancia que suponía para ellos, frente a los contratos estables y bien pagados, el PEJ representaba una invitación al despido de los trabajadores fijos y su sustitución por jóvenes precarizados y mal pagados>>. Denunciando de paso que <<el Gobierno y sus colaboradores con el apoyo de la derecha política, mediática y financiera>> utilizaron toda su artillería para criminalizar la huelga.
El hostigamiento no procedió solo de la derecha convencional. El 7 de noviembre de 1988, una semana antes del gran apagón, el diario El País publicaba un editorial bajo el título Un juego peligroso donde podía leerse: <<[…] El llamado Plan de Empleo Juvenil del Gobierno responde esencialmente a un imperativo demográfico […] Se trata de una cuestión de prioridades, y si de lo que se trata es de que los jóvenes encuentren empleo, incluso si este es precario, habrá que enfrentarse con lucidez con los problemas que plantea esta necesidad […] La actitud de rechazo a ultranza es propia de una filosofía de no participación, que satisfará sin duda a los radicales, pero que tiene poco que ver con las pautas que deben inspirar el funcionamiento de una economía tan compleja como la nuestra>>. Para entonces Juan Luis Cebrián, ex director de los servicios informativos de TVE en el ocaso del régimen franquista, ya no era director del influyente rotativo. Desde el 20 de octubre su sitio lo ocupaba el periodista Joaquín Estefanía, precisamente un destacado miembro del Partido del Trabajo (PT) y antiguo responsable de la revista izquierdista El Cárabo. ¿Fuego amigo?
En la actualidad, con el gobierno más progresista de la democracia, sedicentemente, somos campeones en temporalidad de la UE, y de correlato en precariedad, por la devaluación salarial que este tipo de contratos conlleva y el descenso de las rentas de jubilación diferidas por la insuficiente cotización a la Seguridad Social. La última estadística de Eurostat para nuestro país registraba un 26% de contratos volátiles frente al 14% de media continental, trepando al 30% en el sector público. De esta manera, el tipo de relación laboral característico de la explotación latifundista (temporeros, jornaleros y peonadas) se ha convertido en la base estructural del modelo productivo español. Lo que no quita para que una vez más, como viene siendo marca de la casa desde hace casi cuatro décadas, nuevamente las invocaciones a la <<reforma>>, <<mejora>> o <<reconstrucción>> de la norma se publiciten bajo el mantra de la lucha contra el empleo juvenil.
Nota. Este artículo se ha publicado en el número de Diciembre de Rojo y Negro.