El presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, ha afirmado que decisiones judiciales como la reciente sentencia del TSJPV que anulan el ERE en Tubacex, “colocan a las empresas en dificultades” porque generan “incertidumbre e inseguridad jurídica”, como si los EREs no colocan a las y los trabajadores en la más absoluta incertidumbre e inseguridad y a veces son auténticos fraudes de Ley.
En el día de hoy el Tribunal Supremo con sentencia firme ha vuelto a dar la razón a la CGT, es este caso en un tema fundamental para el futuro de este sector, la formación, en la demanda interpuesta frente a la empresa Unísono, mercantil activa en la negociación del convenio y que forma parte de la junta directiva de la patronal.
Nos alegra comunicar que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha escuchado a la CGT y ha dejado sin efecto los dos ERTEs de Fuerza Mayor presentados el pasado 21 de junio de 2021 y que podrían haber afectado, hasta el próximo mes de septiembre, a un total de 1856 personas, es decir más del 60% de su plantilla en activo en todo el estado en las empresas Ilunion Contact Center e Ilunion Contact Center CEE.
Como ya sabéis, la plantilla de Airbus Puerto Real lleva meses sumergida en una batalla contra el cierre de la factoría, que supondría la pérdida de miles de puestos de trabajo entre personal directo e indirecto. Es el momento de que Solidaridad que llevamos siempre por bandera en este sindicato, la mostremos en esta ocasión apoyando económicamente, con la cantidad que cada sindicato, federación, afiliada o afiliado considere, a la lucha que la plantilla de Airbus Puerto Real está llevando a cabo.
Los trabajadores de Airbus acudieron este pasado miércoles a la puerta del Parlamento andaluz, convocados por el sindicato CGT, para exigir el mantenimiento de la planta de Airbus Puerto Real y mostraron su rechazo a la instalación de la industria 4.0 porque “hay que remitirse a la historia” y pusieron el ejemplo de que “cuando cerraron Delphi aquello era 2.0, y luego están los Astilleros dentro de Navantia Puerto Real, donde está el CFA, que no funciona y está vacío, hay fotos muy bonitas en los periódicos pero está vacío”.
Nos oponemos, rotundamente, tanto al reciente Real Decreto-ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en las administraciones públicas – ” Icetazo” – como el “Acuerdo sobre el Plan de choque …” firmado un día antes en el seno de la Mesa general de Negociación de las Administraciones Públicas, con el bloque de los sindicatos institucionalizados (CCOO, UGT, CSIF) , con este lobby sindical empeñado en reeditar los vergonzosos ” acuerdazos” de 2017 y en 2018 con en Montoro-PP, ahora en la versión Iceta -PSOE.
Pedro Sánchez, el actual presidente del Gobierno de la Coalición PSOE-Unidas Podemos , no se cansó a la hora de reiterar, una y otra vez, durante el tiempo que estuvo en la oposición, que se comprometía a derogar la popularmente denominada “Ley Mordaza”. Otro tanto sucedió también con los portavoces de los otros dos socios que componen la Coalición gubernamental: Izquierda Unida y Podemos.
Gracias a la demanda interpuesta en solitario por la CGT quien use cualquiera de los permisos retribuidos que establece el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, o del artículo 28 del Convenio Colectivo, tendrá derecho a seguir cobrando los complementos de domingos, el plus de festivo, el plus de nocturnidad y el plus de idiomas.
En mayo pasado, Yolanda Díaz afirmaba rotunda: “Vamos a derogar la reforma laboral del PP”. Y, añadió, “antes de que acabe el año”. La “Mesa de Diálogo Social” -dijo- está trabajando en ello. Sin embargo, ya en el mes de mayo la ministra se curaba en salud adelantando que hay vida más allá de la reforma laboral, porque lo que hay que hacer es “modernizar el mercado de trabajo”. Lo que entiende por “modernizar” es todavía un enigma, aunque podemos sospecharlo.
El reciente Pacto de los mal llamados agentes sociales (CCOO-[1]UGT-CEOE-CEPYME) con el gobierno, normaliza la precarización de las actuales pensiones, comprometiendo las futuras, con una intención clara de desmantelar el sistema público de pensiones para privatizarlas con el objeto de aumentar los beneficios de los más ricos a costa del bienestar de la clase trabajadora.
Tras el rapapolvo recibido desde los tribunales y desde Bruselas por abuso de la temporalidad en la Administración Pública, CCOO y UGT han cerrado este martes un acuerdo con el Gobierno que traiciona las demandas esenciales de este colectivo de trabajadores y que implica que muchos de ellos vayan a la calle.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, presidida por la jueza Garbiñe Biurrun, ha fallado que declara nulo el despido colectivo y condena a la empresa a readmitir a los trabajadores afectados en las mismas condiciones en que desempeñaban, “así como el abono de los salarios dejados de percibir desde la extinción de los contratos”.
El cierre de la planta de Puerto Real, para concentrar toda la actividad en la del Puerto de Santa María, afectará a alrededor de 2.000 personas, entre los puestos directos y los de empresas auxiliares. Una onda expansiva que alcanzará a muchas familias en una región especialmente castigada por el desempleo y que lleva años luchando contra este desenlace fatal. No terminan de entenderlo, sencillamente, porque nadie les explica.
No estaría de más conseguir que los y las trabajadoras entendieran por qué los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, los únicos con los que siempre cuenta el gobierno de turno, han bajado los brazos en sus negociaciones con Airbus.
