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La actual es la tercera edición de este manual, un proyecto de Eladio Villanueva que la CGT viene editando desde el año 2004 La Confederación General del Trabajo (CGT), ha presentado en rueda de prensa la nueva edición de la guía jurídico-sindical, un manual de interpretación de la normativa para la acción sindical que ayude a la afiliación de esta organización anarcosindicalista. 
El Escorial, 25-28 de enero de 2018. Reunidos los sindicatos con presencia en el sector del auto, en el encuentro de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Lucha, y tras analizar las diferentes situaciones y conflictos en las que nos encontramos actualmente, manifestamos lo siguiente: 
Por un Trabajo Público DIGNO Desde CGT y las Federaciones que trabajamos en el Sector Público, queremos denunciar que las políticas autoritarias impuestas a las clases asalariadas desde el inicio de “la crisis-estafa”, han supuesto, no sólo despojo y robo de derechos públicos esenciales para a la vida (como la sanidad, la educación, los cuidados, la cultura, la comunicación, los transportes públicos, las prestaciones sociales ….), sino que ha afectado directamente a la concepción social del trabajo público y, por tanto, a el empleo de las personas que trabajan en el sector público, hasta presentarlo como “ineficiente, derrochador, etc” para, de este modo, mercantilizar este trabajo y entregarlo a las grandes corporaciones empresariales para garantizarles los beneficios privados. 
Las estadísticas oficiales confirman que la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados supera los siete puntos desde el inicio de la crisis. La evolución de los salarios desde el inicio de la crisis ha sido, en conjunto, bastante lesiva para los trabajadores españoles. La pérdida de poder adquisitivo ha superado el 7% en sólo nueve años. Mientras tanto, los empresarios se han ahorrado más de 37.000 millones de euros, que habrían ido al bolsillo de sus empleados si las retribuciones hubieran crecido igual que la inflación. Entre 2009 y 2017, el Índice de Precios al Consumo (IPC) tuvo un comportamiento muy desigual, con periodos de fuertes subidas (3% en 2010 o 2,9% en 2012) y otros de bajadas significativas, aunque no tan pronunciadas (1% en 2014). Y lo mismo sucedió con los costes salariales por trabajador, según los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE) Cada informe que publica Oxfam Intermón es un torpedo en la línea de flotación del buque neoliberal y sus charlatanerías de recuperación de la economía en España. Si hace unos meses la ONG revelaba que desde el inicio de la crisis la desigualdad en nuestro país ha crecido un 20% más que la media europea, hoy podemos ponerle nuevas cifras a esa desoladora situación. El año pasado la élite volvió a ganar: El 1% de la población más rica española acaparó el 25,1% de la riqueza del país. Los estudios macroeconómicos hablan de un crecimiento de nuestra economía del 3,2% pero, ¿cómo se repartió esta nueva riqueza? Pues el 40% de ella fue a parar al 1% más rico, mientras que en el 50% más pobre de la pobración llegaron las migajas del 7% de la riqueza. 
Las reformas laborales del PPSOE, la pasividad cómplice de los grandes aparatos sindicales y el fraude patronal en la contratación explican esta situación de crecimiento de la precariedad con el objetivo de hacer caer los salarios. Algunos datos son reveladores sobre cómo el capital y sus gobiernos han ido abordando la crisis económica generada por la especulación financiera: el año pasado se firmaron casi tres millones más de contratos que en 2007, pero hay 1,2 millones de parados más y un millón menos de ocupados; el peso de los contratos ultrabreves (inferiores a una semana) ha crecido 10 puntos en una década y el empleo a tiempo parcial ha crecido un 72% desde 2007. Las reformas laborales del PPSOE, la pasividad cómplice de los grandes aparatos sindicales y el fraude patronal en la contratación explican esta situación de crecimiento de la precariedad y de caída de los salarios, el objetivo último de ella. 
Este lunes hubo huelgas y movilizaciones contra las nuevas medidas de Syriza que recortan derechos sindicales, tal como exigen los acreedores financieros. La huelga de 24 horas paralizó el transporte, mientras que los aeropuertos tampoco funcionarios, ya que se sumaron los controladores aéreos. Las centrales sindicales han anunciado que se viene una nueva ola de protestas y huelgas contra las medidas del gobierno de Syriza que recortan el derecho a huelga. El lunes por la noche, el parlamento griego aprobó un paquete de más de 100 medidas a pedido de la Troika, que profundiza el ataque a los derechos sociales y de los trabajadores. Las concentraciones de los sindicatos y la izquierda frente a la plaza Syntagma terminaron con cargas policiales contra los manifestantes. 
El Gobierno de Tsripas ha pedido a los diputados Syriza que apoyen varias propuestas de ley de reformas de emergencia que incluyen una polémica legislación para limitar la acción sindical. Los sindicalistas han reaccionado con un aluvión de huelgas y han prometido más paros. En los nueve años desde que cayó en la crisis económica, en Grecia se han celebrado unas 50 huelgas generales y los trabajadores ven las movilizaciones sindicales y los paros como algo sagrado. Bajo la nueva legislación, el Gobierno izquierdista de Alexis Tsipras ha acordado exigir a los sindicatos un mayor porcentaje de participación de los trabajadores para convocar huelgas. 
En un ejemplo de solidaridad de clase, el comité de empresa de Metro de Barcelona ha denunciado la situación en que se encuentran los 27 encausados que ocuparon el rectorado de la Autónoma para reivindicar el cumplimiento de los acuerdos del claustro. En el comunicado exigen la retirada de la denuncia y la finalización del proceso represor. Reproducimos el texto íntegro difundido por el comité: Barcelona, a 11 de enero de 2018 
Los trabajadores de VIOME en Tesalónica, Grecia, han plantado cara al desempleo y la pobreza, llevando a cabo una larga lucha para autogestionar la fábrica ocupada en condiciones muy adversas. Desde hace 5 años, han estado produciendo y comercializando productos de limpieza ecológicos en la fábrica ocupada, garantizando un modesto ingreso para sus familias. Han estado trabajando en condiciones de igualdad y decidiendo colectivamente a través de la asamblea. Al mismo tiempo, han recibido una gran ola de solidaridad desde Grecia y el extranjero, convirtiendo su lucha en una lucha emblemática para la dignidad humana en Grecia en pleno crisis. De nuevo nos piden solidaridad mediante la siguiente carta: Queridas compañeras y compañeros: 
“Los trabajadores recordamos perfectamente los recortes del gobierno de Artur Mas en Cataluña” Mario Hernandez Rebelión M.H.: Estamos en contacto con Oscar Murciano, de la CGT catalana. ¿Cuál es la situación política que se vive en Cataluña? O.M.: Después de un pulso bastante intenso, violento, represivo y con bastante ataque a los derechos civiles y libertades del Estado español, el gobierno institucional a pesar de contar con un buen apoyo popular, como no podía ser de otra manera, ha sido vencido por la parte más fuerte, la del Estado español que ha impuesto la intervención de la Generalitat, el encarcelamiento de personalidades, como lo que indica el artículo 155 de la Constitución española y que después se ha visto definido en la realización de unas elecciones que se han llevado adelante hace algunos días. 
Desde el 2008, el conjunto de empresas españolas ha reducido en 9.800 millones de euros su contribución al PIB, soporta 32.200 millones de euros menos en costes laborales y distribuye unos 20.900 millones de euros más en dividendos. 
En 2017 la inflación creció casi cinco veces más que las pensiones y un 20% más que el sueldo de los funcionarios. Más de doce millones de personas han visto reducida su capacidad adquisitiva. La situación se repetirá en 2018. El Gobierno y el IPC condenan a funcionarios y pensionistas a tener menos dinero Por Jorge Otero 
Josu Albinarrate nos expone las claves de CGT en la negociación colectiva. En primer lugar debemos hacer un sindicalismo de anticipación, porque lo que reivindicamos es tan difícil de llevar a la práctica en todo, que tenemos que anticiparnos. La negociación colectiva nace de la participación de la afiliación, donde se hace un análisis de la empresa y del momento, unas necesidades de la gente trabajadora y la recopilación de las opiniones de la sección sindical. A partir de tener criterio propio de negociación, debemos priorizar una unidad de acción con el resto de sindicatos. Los valores y principios de CGT en la negociación colectiva deben estar definidos por un fondo y una forma. En cuanto al fondo, a la hora de plantear la distribución de la riqueza que se genera en la empresa, debemos tener en cuenta que tanto por ciento de la masa salarial es la parte fija y la parte variable. Como CGT queremos negociar la parte fija y acotar la parte variable. La parte fija debe ser troceada lo más justa posible y hay que fijar criterios para la parte variable. 
De “acuerdo histórico”, “potente”, “buena noticia”, ” que va a acelerar el “crecimiento económico”, con estas eufóricas declaraciones se despachaban los jefes de CC.OO. y UGT, después de la firma del pacto social con el Gobierno y la patronal, para elevar el salario mínimo interprofesional hasta los 850 euros en el año 2020, un acuerdo supeditado a las siguientes condiciones: “Siempre que la economía registre cada año un crecimiento del PIB real superior al 2,5%, y un incremento de la afiliación media a la Seguridad Social superior a las 450.000 personas”. Para 2017 la subida será de un 4% o de 29 euros. Con tales declaraciones de Pepe Álvares y Unai Sordo, no hace falta que el gobierno y la patronal salgan a anunciarlo y bendecirlo. Si la economía va también , si somos la 4ª potencia de Europa: ¿porque no tenemos el SMI al mismo nivel de Francia (1480), Alemania ( 1.500), Bélgica (1.531), Holanda (1.551), Reino Unido (1.396), Irlanda (1.563), Luxemburgo (1.998) y estamos al mismo nivel que Portugal, Grecia y Eslovenia?. La respuesta no es otra que la riqueza en España se reparte de la forma más desigual de casi toda Europa. 
En mayo de este año, la dirección de Volkswagen Navarra y los sindicatos UGT, CC.OO. y CGC firmaron un “Acuerdo de Empleo” para los procesos de selección y contratación de personal (hasta 500) en la planta de Landaben ante futuras necesidades para la fabricación del nuevo Polo y del segundo modelo, donde se preveía la formación de una bolsa de empleo y donde se detalla los procesos de contrataciones eventuales e indefinidas. Los sindicatos CGT-LKN, LAB y ELA de Volkswagen Navarra consideraron el Acuerdo de Empleo como ” corrupto”, “oscuro” y de “mercadeo”. Este año en la empresa Volkswagen, llevan más de 260 contratos fijos y trabajador@s que por su antigüedad debieran estar entre l@s primer@s en la lista no figuran en la misma con excusas que suelen ser de lo más variopinto, que si tu pareja ya está fija, que si has tenido bajas, que si hablas con quien no debes, etc.. Para la sección sindical de CGT-LKN no entrar a valorar quien se merece más o menos ser fij@, pero entiende que el proceso de selección debe ser justo, limpio y trasparente. 
Si nadie nos coacciona a la hora de votar, tenemos el gobierno que nos merecemos. Si nos afiliamos voluntariamente a un sindicato, tenemos los sindicatos que nos merecemos. Unos y otros, gobiernos y sindicatos, están ahí porque nosotros lo hemos querido. Son nuestros representantes. Esa es la tragedia que se oculta tras la cada vez más profunda involución social. Un mal que viene de abajo-arriba, sin complejos ni eximentes. Con nuestro aval. Y contribuyendo de paso a fomentar una cultura de sometimiento y resignación que hace innecesario a los poderosos emplear la fuerza para alcanzar sus objetivos. Esa sería una de las explicaciones posibles de lo que acaba de suceder en la próspera Austria. Donde gracias al apoyo de una parte importante de la población, un reconocido partido xenófobo ha logrado por segunda vez entrar en el gobierno de la nación. Jibarizando eso que llaman democracia y no es sino una tómbola que se activa cada cuatro años. 
El viernes, 16 de Diciembre, CCOO y UGT estamparon su firma en el texto del nuevo Convenio TIC que supondrá un futuro de precarización y caída salarial y de condiciones para las más de 200.000 personas que trabajamos en el sector. Mientras esto sucedía, afiliados/as a CCOO y CGT estábamos a las puertas del SIMA para mostrar nuestro absoluto rechazo a esta puñalada contra nuestros derechos. Sin consultar a las personas afectadas, y mediante una encuesta de dudosa fiabilidad (se llegó a ampliar el periodo de votación cuando estaba a punto de cerrarse), la ejecutiva de CCOO TIC con unos resultados muy ajustados que evidencia lo negativo del texto y la división interna existente, pasó a firmar un convenio con ‘plena convicción de que es lo correcto’. 
Cuando la ignominia colonizó la cúpula de la ONCE, la injusticia se institucionalizó en la misma. Desde hace décadas, solo los millones gastados en publicidad (más de 50 millones de euros en 2016), y la “colonización” de la ONCE en el llamado tercer sector, han conseguido que las denuncias de trabajadoras/es, sindicatos -excepto -UTO-UGT- y algunos partidos políticos sigan pasando desapercibidas o archivadas en “el cajón, de los olvidos”. Aunque judicialmente la ONCE tenga cada vez más sentencias favorables a los trabajadores. Solo un pequeño número de medios de comunicación y algunos periodistas se atreven a publicar algunas de las aberraciones que los directivos de la ONCE con el beneplácito de los distintos gobiernos del Estado y con el pseudo sindicato UTO-UGT cometen contra las trabajadoras/es y afiliadas/os. 
Desde CGT y las Federaciones que trabajamos en lo Público, queremos denunciar que las políticas autoritarias impuestas a las clases asalariadas desde el inicio de “la crisis-estafa”, han conllevado, no sólo desposesión y robo de derechos públicos esenciales para la vida (como la sanidad, la educación, los cuidados, la cultura, la comunicación, los transportes públicos, las prestaciones sociales….), sino que ha afectado directamente a la concepción social del trabajo público y, por consiguiente, al empleo de las personas que trabajan en lo público, hasta presentarlo como “ineficiente, despilfarrador, etc” para, de esta manera, mercantilizar dicho trabajo y entregárselo a las grandes corporaciones empresariales para garantizarles beneficios privados. 
Durante los días 29 y 30 de noviembre de 2017, se han reunido en Madrid representantes de los trabajadores del sector del remolque portuario, de altura y de salvamento de los puertos de; Algeciras, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Castellón, Cartagena, Ferrol, Huelva, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, y Valencia. Con el apoyo de los sindicatos CGT, CIG, SAME-CGT, y SITRAMAR. Durante las jornadas el abogado de CGT, Josep Mª Loperena, explico la importancia de la sentencia 728/2016 de la sala de lo social del Tribunal Supremo, en donde nos terminaron dando la razón sobre los planteamientos que defendía CGT. 
Vemos indispensable que para cualquier convocatoria de huelga, movilización o en lo referente a definir las reivindicaciones que se llevarán a una supuesta mesa de negociación se ha de contar con la participación directa y activa de todos los trabajadores y trabajadoras -a través de un proceso asambleario-. De hecho, además de los sindicatos, nosotras, como clase trabajadora, asumimos nuestra responsabilidad e incluso, a veces culpa, de parte de lo que está pasando en nuestro sector. Las convocatorias de movilización han de ser lo más plurales y unificadas posibles (de sindicatos, uniendo a todos los movimientos y asociaciones vinculadas con la educación, tomando en cuenta a padres, madres y alumnado, trabajadores de los Servicios Sociales, así como a la plantilla de la educación privada/concertada), dejando de una vez la eterna pelea política de unos sindicatos y otros 
En 2002, dos años después que en el resto de la UE, el Gobierno español formalizó la prohibición de la producción y la comercialización de productos hechos con amianto. Tres lustros después, la huella de este material blanquecino es bien oscura. Anualmente, más de 2.000 personas mueren al Estado como consecuencia de haber estado en contacto y la cifra total de víctimas seguirá incrementándose en las próximas décadas. Con la antigua Uralita, durante medio siglo controlada por la familia March, como máximo exponente, la del amianto es una historia de abusos empresariales, facilitada por la connivencia de la Administración. Y, como siempre, con unas víctimas inocentes que, demasiado a menudo, se han dejado la vida. 
Recientemente se publicó la resolución del Tribunal Supremo que confirmaba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) considerando el Expediente de Regulación de Empleo no ajustado a derecho. A falta de redactarse dicha sentencia, el resultado es inamovible. La sección sindical de CGT llevó el ERE ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra donde se demostró por parte de los trabajadores y así consta en la sentencia que el despido de 123 trabajadores de esta empresa no se ajustaba a derecho: “que ZF-TRW no tenía pérdidas sino ganancias, de más de 40 millones de euros en 2015” y “también se probó (cuestión que no considera el TSJN), que la contratación de eventuales en 2015 fue para generar un stock con la pretensión (como así fue) de anular una posible huelga y su incidencia en los clientes, vulnerando así el derecho fundamental” a la misma. La dirección de la empresa recurrió esta sentencia al Tribunal Supremo. |
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