Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
Desde la Confederación General del Trabajo estimamos como insuficiente la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) llevada a cabo por parte del gobierno en los últimos días. Es insuficiente y además llega tarde, ya que el SMI está aún muy lejos del 60% del salario medio de nuestro país, que es la cantidad que se marcaba en la Carta Social Europea.
Las trabajadoras y trabajadores de Atento/Bilbao, empresa que presta servicios de atención al cliente para Movistar, hoy 20 de septiembre han ido a huelga y se han concentrado de 11h. a 13 h. ante la tienda de Movistar de la calle Buenos Aires en Bilbao, convocada por CGT, CC.OO, ELA, y UGT, por el goteo continuo de despidos que se está llevando a cabo en la empresa, que está suponiendo la aplicación de un ERE encubierto.
Que el gobierno mal llamado “progresista” tiene nada que ver con la defensa de las y los trabajadores queda cada vez más palpable. Que las direcciones burocráticas de CCOO y UGT son sus fieles lacayos también. Lo vemos con el SMI y con su pasividad ante la subida del precio de la luz o las negativas a derogar las reformas laborales.
El sindicato comienza este jueves una serie de movilizaciones para denunciar los dieciocho despidos que la multinacional ejecutó la última semana del mes de julio.
La Confederación General del Trabajo ha convocado este jueves 16 y el próximo lunes 20 movilizaciones a las puertas de la factoría de Renault Sevilla, iniciando así desde este sindicato una serie de acciones con el fin de denunciar los dieciocho despidos que la multinacional realizó el pasado 27 de julio.
Es una sentencia histórica que se fundamenta en toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo que rechazaba desde el 2020 que en empresas como las que se dan en el sector del telemarketing, donde el grueso de la actividad económica reposa exclusivamente sobre personas contratadas de forma temporal, desapareciera el marco ordinario de condiciones de trabajo.
CGT lucha por la nulidad del despido disciplinario, en el que ve cierta represión sindical por parte de la empresa. Iveco aduce que el operario cometió una falta muy grave de forma reiterada al no fichar en el reloj más cercano a su puesto de trabajo. El sindicato ha convocado varias jornadas de huelga a lo largo de septiembre.
Desde el gobierno se propone un aumento salarial de 12€, menos de lo que se espera en la factura de la luz. Mientras la patronal insiste en que no haya subida este año, los sindicatos mayoritarios, como no, aceptarían la propuesta. “Nuestra voluntad es mandar un mensaje de que se pueden acordar las cosas, y por eso estamos dispuestos a hacer esta concesión”.
La empresa que presta servicio a Movistar ha despido en año y medio a 51 personas, y las condiciones de trabajo han empeorado considerablemente. Pese a tener un balance económico positivo, Atento/Movistar continúa ejecutando un proceso de reducción de costes, eliminando puestos de empleo y aumentando la carga de trabajo de su plantilla.
Ayer se publicaron los datos mensuales de empleo registrado. Sorprendentemente, la situación actual rompía con los malos resultados que año tras año se publican en agosto. En relación con el mes de julio, el número de personas en situación de desempleo se redujo en 82.583, un 2.42% menos y en comparación con el año pasado, el desempleo descendió un 12,33%.
En países como Alemania, Francia, España e incluso el Reino Unido, la idea de pasar a una semana laboral de cuatro días ha abierto debates y líneas de investigación mientras está ganando adeptos «a raíz de las reflexiones generadas por la pandemia de coronavirus sobre el futuro de la organización del trabajo»
Aunque la noticia salía ayer a la luz, fue el pasado 17 de agosto cuando la Policía Nacional ha detenido a un empresario que explotaba a sus trabajadores en una nave de Bizkaia, Euskadi. Los empleados ocasionalmente hacían lo que su jefe denominaba una «maratón»: trabajar 26 horas seguidas sin descanso.
El Despido Colectivo presentado por Emergia el pasado mes de julio tenía un tufillo a pastel, desde el primer día, que echaba para atrás. Tanto es así que CCOO y UGT vulneran la libertad sindical de CGT, quitándoles el 50% de su representación en la mesa, y la empresa retiró el proceso y lo volvió a presentar, para que estos sindicatos solventaran su cagada.
La plantilla de LM Wind Power vota a favor del preacuerdo alcanzado entre sindicatos y empresa. Ocho paros y constantes concentraciones han conseguido arrancar algunos beneficios no contemplados al principio en el ERE propuesto por la compañía. CGT ha sido el único sindicato que no lo ha rubricado.
A la movilización del viernes 13 se suman jornadas de huelga el mismo viernes y el próximo lunes y martes, apoyados por CGT y por plataformas de usuarios como la Plataforma por el tren rural en Andalucía, así como miembros del movimiento ecologista y distintos cargos públicos de municipios afectados.
La laboralización de los repartidores de las plataformas sacude un ramo en expansión al que siguen llegando nuevos gigantes y formatos éticos no tan novedosos mientras los clásicos se reorganizan, todo a la espera de que esa figura laboral acabe de ser perfilada en el trámite parlamentario.
Ya comienzan las entidades bancarias a sacar pecho y airear al mundo mundial sus buenísimos resultados, a pesar del reguero de cadáveres desempleados que van dejando a su paso y que ¡oiga!, esos buenísimos resultados se deben en mucha gran medida por el “ahorro” de personal, la reducción de oficinas y el deterioro evidente de la atención al cliente.
El Tribunal Constitucional ha dictado una importantísima sentencia en la que establece que la imposibilidad de impugnar individualmente la existencia de las causas motivadoras de un despido colectivo cuando el periodo de consultas haya finalizado con acuerdo supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
Deliberoo ha anunciado este viernes 30 de julio su intención de dejar de operar en el Estado español debido a lo que considera dificultades para mantener la viabilidad del negocio en nuestro país. La “Ley Rider” es uno de los factores determinantes. El mensaje es claro: los beneficios de la multinacional son a costa de liquidar los derechos de los trabajadores.
Inditex, tiene repartidas por el mundo más de 7.000 tiendas y más 162.000 empleados de cien nacionalidades distintas, y el año pasado obtuvo 3.157 millones de euros de beneficios, mantiene unas lamentables condiciones laborales de algunos trabajadores y trabajadoras, trabajando 8, 12, 14 horas a la semana, con sueldos que no permiten llegar a fin de mes y eso en la empresa de uno de los hombres más ricos del mundo.
Los sindicatos mayoritarios durante la pandemia han continuado la política de negociar a la baja los derechos de los trabajadores. No ha sido una excepción, en este caso. Iceta acordó con Comisiones Obreras, UGT y el CSIF. Sin embargo, han habido varios sindicatos minoritarios, pero importantes, como la CGT, la IAC u otros sindicatos menores como la CNT y SUR que se han opuesto. También han participado de varios actos de protestas en la calle.
El salario medio anual por trabajador disminuyó un 2,6% en 2020, hasta alcanzar los 22.837,59 euros brutos al año, marcando la menor cifra desde 2017, según la Encuesta Anual de Coste Laboral que publicó ayer miércoles el Instituto Nacional de Estadística.
De acuerdo con una encuesta recientemente realizada por InfoJobs, en una muestra demoscópica que abarcó a 4.742 asalariados, se concluye que la mitad de los trabajadores españoles asegura realizar horas extras en sus respectivos trabajos que no son remuneradas. Sobre los asalariados más jóvenes es sobre quienes particularmente recae con mayor incidencia esta situación,
El presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, ha afirmado que decisiones judiciales como la reciente sentencia del TSJPV que anulan el ERE en Tubacex, «colocan a las empresas en dificultades» porque generan «incertidumbre e inseguridad jurídica», como si los EREs no colocan a las y los trabajadores en la más absoluta incertidumbre e inseguridad y a veces son auténticos fraudes de Ley.
En el día de hoy el Tribunal Supremo con sentencia firme ha vuelto a dar la razón a la CGT, es este caso en un tema fundamental para el futuro de este sector, la formación, en la demanda interpuesta frente a la empresa Unísono, mercantil activa en la negociación del convenio y que forma parte de la junta directiva de la patronal.
Nos alegra comunicar que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha escuchado a la CGT y ha dejado sin efecto los dos ERTEs de Fuerza Mayor presentados el pasado 21 de junio de 2021 y que podrían haber afectado, hasta el próximo mes de septiembre, a un total de 1856 personas, es decir más del 60% de su plantilla en activo en todo el estado en las empresas Ilunion Contact Center e Ilunion Contact Center CEE.
Como ya sabéis, la plantilla de Airbus Puerto Real lleva meses sumergida en una batalla contra el cierre de la factoría, que supondría la pérdida de miles de puestos de trabajo entre personal directo e indirecto. Es el momento de que Solidaridad que llevamos siempre por bandera en este sindicato, la mostremos en esta ocasión apoyando económicamente, con la cantidad que cada sindicato, federación, afiliada o afiliado considere, a la lucha que la plantilla de Airbus Puerto Real está llevando a cabo.
Los trabajadores de Airbus acudieron este pasado miércoles a la puerta del Parlamento andaluz, convocados por el sindicato CGT, para exigir el mantenimiento de la planta de Airbus Puerto Real y mostraron su rechazo a la instalación de la industria 4.0 porque «hay que remitirse a la historia» y pusieron el ejemplo de que «cuando cerraron Delphi aquello era 2.0, y luego están los Astilleros dentro de Navantia Puerto Real, donde está el CFA, que no funciona y está vacío, hay fotos muy bonitas en los periódicos pero está vacío».
Nos oponemos, rotundamente, tanto al reciente Real Decreto-ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en las administraciones públicas – » Icetazo» – como el «Acuerdo sobre el Plan de choque …» firmado un día antes en el seno de la Mesa general de Negociación de las Administraciones Públicas, con el bloque de los sindicatos institucionalizados (CCOO, UGT, CSIF) , con este lobby sindical empeñado en reeditar los vergonzosos » acuerdazos» de 2017 y en 2018 con en Montoro-PP, ahora en la versión Iceta -PSOE.
Pedro Sánchez, el actual presidente del Gobierno de la Coalición PSOE-Unidas Podemos , no se cansó a la hora de reiterar, una y otra vez, durante el tiempo que estuvo en la oposición, que se comprometía a derogar la popularmente denominada «Ley Mordaza». Otro tanto sucedió también con los portavoces de los otros dos socios que componen la Coalición gubernamental: Izquierda Unida y Podemos.
Gracias a la demanda interpuesta en solitario por la CGT quien use cualquiera de los permisos retribuidos que establece el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, o del artículo 28 del Convenio Colectivo, tendrá derecho a seguir cobrando los complementos de domingos, el plus de festivo, el plus de nocturnidad y el plus de idiomas.
En mayo pasado, Yolanda Díaz afirmaba rotunda: “Vamos a derogar la reforma laboral del PP”. Y, añadió, “antes de que acabe el año”. La “Mesa de Diálogo Social” -dijo- está trabajando en ello. Sin embargo, ya en el mes de mayo la ministra se curaba en salud adelantando que hay vida más allá de la reforma laboral, porque lo que hay que hacer es “modernizar el mercado de trabajo”. Lo que entiende por “modernizar” es todavía un enigma, aunque podemos sospecharlo.
El reciente Pacto de los mal llamados agentes sociales (CCOO-[1]UGT-CEOE-CEPYME) con el gobierno, normaliza la precarización de las actuales pensiones, comprometiendo las futuras, con una intención clara de desmantelar el sistema público de pensiones para privatizarlas con el objeto de aumentar los beneficios de los más ricos a costa del bienestar de la clase trabajadora.
Tras el rapapolvo recibido desde los tribunales y desde Bruselas por abuso de la temporalidad en la Administración Pública, CCOO y UGT han cerrado este martes un acuerdo con el Gobierno que traiciona las demandas esenciales de este colectivo de trabajadores y que implica que muchos de ellos vayan a la calle.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, presidida por la jueza Garbiñe Biurrun, ha fallado que declara nulo el despido colectivo y condena a la empresa a readmitir a los trabajadores afectados en las mismas condiciones en que desempeñaban, “así como el abono de los salarios dejados de percibir desde la extinción de los contratos”.
El cierre de la planta de Puerto Real, para concentrar toda la actividad en la del Puerto de Santa María, afectará a alrededor de 2.000 personas, entre los puestos directos y los de empresas auxiliares. Una onda expansiva que alcanzará a muchas familias en una región especialmente castigada por el desempleo y que lleva años luchando contra este desenlace fatal. No terminan de entenderlo, sencillamente, porque nadie les explica.
No estaría de más conseguir que los y las trabajadoras entendieran por qué los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, los únicos con los que siempre cuenta el gobierno de turno, han bajado los brazos en sus negociaciones con Airbus.
