Desde el gobierno se propone un aumento salarial de 12€, menos de lo que se espera en la factura de la luz. Los sindicatos aceptan la propuesta, mientras la patronal insiste en que no haya subida este año.
Los salarios, van muy por detrás de la subida del coste de vida. Y mientras los alquileres van al alza, junto con los servicios, con récords históricos en el precio de la luz, que licuan el poder de compra real de los salarios, desde el Ministerio de Trabajo en común acuerdo con los sindicatos mayoritarios, se proponen una subida “testimonial” a la que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) junto a la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) dan portazo.
Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo, rebajó la subida salarial anunciada, para buscar el acuerdo con la CEOE y la CEPYME, a 12€. El mínimo propuesto por “un comité de expertos” para 2021.
En el acuerdo de Gobierno alcanzado por el PSOE y Unidas Podemos se encontraba que el salario mínimo alcanzase a lo largo de su mandato el 60% del salario medio en el Estado español, en consonancia con la Carta Social Europea.
La Patronal insiste, sin embargo, “que ahora no es el momento” y que este año se mantenga la congelación salarial, su posición desde la primera reunión.
Los sindicatos mayoritarios, como no, aceptarían la propuesta. “Nuestra voluntad es mandar un mensaje de que se pueden acordar las cosas, y por eso estamos dispuestos a hacer esta concesión” una propuesta “(…) aceptable para las empresas, menos aceptable para los trabajadores, pero en una senda positiva (…)” Según Pepe Álvarez, secretario general de la UGT. La única condición por parte de los sindicatos, que para 2023 el salario mínimo interprofesional alcance los 1.049€.
Aunque no hay más reuniones programadas, las negociaciones no están rotas. Sin embargo se espera que el gobierno, con Yolanda Díaz a la cabeza, cierre este irrisorio aumento en acuerdo con las direcciones sindicales con carácter retroactivo al 1 de septiembre, con o sin acuerdo de la patronal.
Sin embargo detrás del discurso de que la “recuperación ha de llegar a todos” por parte del gobierno “progresista” de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos y del talante negociador de los sindicatos mayoritarios, se esconde una terrible realidad en el mundo del trabajo.
Subocupación, sobreocupación y superexplotación laboral, precariedad y malabares imposibles para llegar al día 20 del mes. Una realidad muy alejada de la de los “expertos” que nos proponen a más de un millón y medio de trabajadores y trabajadoras vivir con 962 euros mensuales. Es evidente que la carta social europea y su aplicación no resolverán este problema.
Que todos los cargos políticos y públicos cobren un salario igual al de un trabajador cualificado (incluida de la jefatura del Estado), así como la abolición de todas las dietas, pensiones y privilegios sería un buen baño de la realidad de la mayoría, a esta casta de expertos y políticos al servicio de las grandes empresas, además de un importante ahorro económico de dinero público.
Veamos si su propuesta salarial se sostiene frente a los gastos. La media de un alquiler en el Estado español, según la fuente consultada y la ciudad en la que se situé, va desde los 700€ hasta los 990€ mensuales. A esto, hay que sumarle servicios (gas, luz, agua, teléfono), movilidad, alimentación y ocio. En ningún caso el salario mínimo propuesto, cubre el derecho elemental a una vivienda y una vida digna. Ni el de este año, al que se niega la patronal, ni el que se pretende alcanzar en 2023. Este es el programa salariar del progresismo de galería.
Mención aparte, merecen las direcciones pro patronales de CCOO y UGT. Que dan el visto bueno al diseño cínico de este salario de miseria, al que se le suma la realidad de las condiciones del mundo del trabajo de las que son responsables, después de décadas de pactar con la patronal y entregar conquistas.
No hay que tener un título en alguna prestigiosa universidad, para poder situar un salario mínimo interprofesional hoy por encima de los 1500€, si no se asume sin sonrojarse que se puede trabajar a jornada completa sin poder garantizar los mínimos gastos esenciales. Este SMI debería ir ligado, además, a una escala móvil en función del aumento del coste real de la vida para garantizar su poder de compra real.
Es más. Este aumento salarial junto a la reducción de la jornada completa, a una semana laboral de treinta horas y 5 días, permitiría el reparto de las horas de trabajo como forma de acabar con el paro, pudiéndose crear cientos de miles de puestos de trabajo en todos los sectores.
Esta sería la base para el fin de la flexibilización laboral, el empleo eventual y las malas condiciones de trabajo. Es necesario pelear y conquistar la prohibición de los contratos temporales, las ETTs, los contratos basura, las externalizaciones, las contratas y subcontratas y todos los mecanismos de precarización del trabajo como los “falsos autónomos”. Para acabar con la precariedad es necesario conquistar el pase a plantilla fija de todos los trabajadores y trabajadoras, así como la internalización de los sectores contratados. Para los jóvenes, salarios iguales a los de los adultos. Terminando con las becas y contratos basura que son el pan de cada día para la juventud. A igual trabajo, iguales condiciones, derechos y salario.
Al mismo tiempo, hay que poner fin al fraude y los privilegios fiscales de las grandes empresas y los más ricos, empezando por las sociedades de inversión. Hay que invertir el peso de la carga fiscal, que hoy descansa en los hombros de las mayorías populares. Aumentando los impuestos, de forma progresiva, a las ganancias empresariales y las grandes fortunas, al mismo tiempo que la eliminación de los impuestos indirectos, empezando por el IVA, y de todos los impuestos al salario de los trabajadores y trabajadoras. Ahí está la inversión necesaria, para garantizar unos servicios públicos de calidad, sin precariedad en el empleo.
