El acuerdo para regular el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en sustitución del Factor de Sostenibilidad, para subir las cotizaciones un 0,6% y tratar de hacer frente al fuerte incremento en pensiones que se espera con la llegada de los “baby boom” a la edad jubilación, abre la posibilidad de futuros recortes en pensiones si los recursos no alcanzan.
El mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) cuya implantación se iniciará en 2023 supondrá la subida de las cotizaciones un 0,6% durante diez años. La distribución de los costes de los incrementos previstos para generar el fondo MEI, que irá destinado exclusivamente a incrementar la “hucha de las pensiones”, será de un 0,5% para los empresarios y un 0,1% para las y los trabajadores. Una proporción algo más favorable de la inicialmente prevista, un 0,4% para empresas y un 0,2% para los trabajadores, una vez la patronal pegó el portazo de salida.
Según las previsiones del ministro Escrivá nutrirá durante estos diez años el Fondo de Reserva de la Seguridad Social hasta alcanzar, según sus cálculos, los 50.000 millones de euros en 2032 con los que poder hacer frente al incremento de gastos derivado de la incorporación a la jubilación de la llamada generación “baby boom”, las personas nacidas en el Estado español, entre mediados de los años 50 y los 70, con entre 44 y 70 años en la actualidad.
Este cambio de paradigma que los sindicatos CC.OO. y UGT, alegan para defender el MEI y haberlo firmado, frente al factor de sostenibilidad aprobado por Rajoy sin acuerdo sindical en 2013, se basa en que no se opta por una solución de recortes en gasto de pensiones, sino que se encaminará hacia la senda del incremento de la recaudación de las cotizaciones.
Sin embargo, esto no es del todo cierto, porque los recursos que se plantean obtener son según la mayoría de los expertos muy exiguos ante las necesidades financieras que se van a experimentar durante los próximos años en el sistema de pensiones público y fortalece la privatización de las pensiones a costa del sistema público.
La trampa de todo esto se esconde en que el acuerdo firmado establece la posibilidad de una desviación máxima de tan solo el 0,2% del PIB, unos 20.000 millones, a partir de la cual se comienzan a aplicar medidas de ajuste adicionales enmarcadas en las recomendaciones del Pacto de Toledo, bien a incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos, bien a ambas cosas, en los términos que se acuerden. Es decir, que, a partir de cierto volumen de gastos de las pensiones (algo que puede suceder por múltiples causas) puede desencadenarse una reducción directa y profunda de las pensiones para el conjunto de los trabajadores.
La contribución de la parte salarial con un 0,1% sobre las retribuciones será, un nuevo ataque a los ingresos salariales, mientras las empresas del IBEX 35 tienen beneficios de miles de millones. Hay que recordar que las cotizaciones empresariales desde el inicio del “Pacto de Toledo” se han reducido 4 puntos, que son masa salarial diferida y un robo a las personas trabajadoras.
Es evidente que la patronal que se vienen beneficiando con miles de millones de las exoneraciones de los pagos de Seguridad Social, tanto por las bonificaciones por nuevas contrataciones y por los ERTE, algo que ataca directamente el sistema de pensiones, está pasando a la ofensiva y pretende fijar posiciones para no perder pie y aprovechar aún más el tirón del crecimiento económico que se puede producir con los fondos europeos para aumentar sus beneficios, manteniendo la precariedad y los bajos salarios como eje central.
