Han bastado apenas 24 horas para que la ministra de Trabajo hablara y los rimbombantes anuncios de derogación de la reforma laboral de 2012 quedaran en nada. En una entrevista en La Sexta el miércoles por la noche, Díaz reconoció que no pensaban hacerlo: “¿Técnicamente se puede derogar la reforma laboral del Partido Popular? No, porque fue una reforma expansiva que afectó a más de 20 preceptos del Estatuto de los Trabajadores, a varios reales decretos y directivas”.
Se trataría entonces de una reforma “en los términos del acuerdo de coalición y del Plan de Recuperación” y por lo tanto se limitarán a tres áreas: la recuperación de la ultractividad de los convenios, la prevalencia de los de rango provincial o sectorial sobre los de empresa y una limitación en la subcontratación y en el abuso de la contratación temporal.
La ministra quiso también enviar ayer un mensaje tranquilizardor a la patronal y Bruselas confirmando que la rebaja de la indemnización por despido improcedente – que pasó de 45 a 33 días por año, con 24 mensualidades de máximo – quedaría igual: “no vamos a tocar el despido. Es una reforma equilibrada”.
Plan contra la temporalidad a base de “flexiseguridad”
Si atenemos a lo que dice el mencionado “Plan de Recuperación” enviado a Bruselas, la principal reforma sería simplificar los contratos en tres tipos: no temporal, temporal general y temporal de prácticas y formación. Una propuesta que cuenta con el apoyo de la misma patronal.
Que las modalidades de contrato temporal pasen de 8 a 2 no es ninguna garantía de que se sigan usando de forma fraudulentamente. El plan se propone que el contrato fijo sea la norma y los temporales la excepción bien justificada. El problema es que, sobre el papel, eso es así desde hace 40 años. Si hay un incumplimiento generalizado por parte de la patronal se debe a lo irrisorio de las sanciones y el número de inspecciones, así como el sesgo “comprensivo” de muchas de ellas.
El tipo “de prácticas y formación” va además en la línea del aumento de la “formación dual” que también incluye la reforma universitaria, la Ley Castells, que quiere que las y los universitarios puedan realizar hasta un 50% de sus estudios en empresas con condiciones salariales y laborales al borde del mínimo legal.
Curiosamente el aumento de sanciones e inspecciones no está sobre la mesa. También ha trascendido que la limitación a un 15% el número de contratos temporales en una empresa se ha sacado a petición de la patronal. Se están discutiendo otras, como dar mayor felxibilidad a las ETTs para que puedan mover a sus trabajadores, bajo la fórmula de fijo-discontinuo, cambiándoles de trabajo y convenio a su antojo.
Pero además si el contrato “no temporal” -actual indefinido- permite un despido fácil y barato como hasta ahora tampoco hay tanto problema para la CEOE. Y esto es lo que va a seguir siendo así. Este fue el mensaje de la ministra para que no cunda el pánico entre los empresarios tras un día de titulares con la palabra “derogación”.
Los “no temporales” mantendrían la indemnización por despido improcedente de 33 días. Pero además se conserva también el amplio abanico de causas (económicas, técnicas, organizativas o de producción) para que esos despidos se consideren “objetivos”, con una indemnización de 20 días y 12 mensualidades. También para que las empresas puedan aplicar EREs por esas mismas causas sin siquiera la autorización de la autoridad laboral pertinente, con esa misma indemnización.
El “Plan de Recuperación” se basa en el concepto neoliberal de “flexiseguridad”. Una reducción de la temporalidad a base de convertir los contratos más estables en fórmulas fácil y barato de disolver por parte de las empresas, y convertir a los temporales en una bolsa forzada a aceptar cambios de puesto, jornada y condiciones a demanda de las necesidades patronales.
Las direcciones de CCOO y UGT avalan el mantenimiento de este legado neoliberal
Las direcciones burocráticas de CCOO y UGT siguen guardando un silencio cómplice, y si abren la boca es con declaraciones tranquilizadoras que siembran ilusiones en un diálogo social con fecha de caducidad, el 31 de diciembre la reforma tiene que estar lista para recibir el siguiente tramo de los Fondos Europeos. Siguen actuando como los “ministros sin cartera” del gobierno “progresista”.
La izquierda sindical, en su inmensa mayoría, no ha se ha sumado a esta línea y mantiene el objetivo de derogar la reforma laboral de Rajoy y la de Zapatero de 2010. Es hora de que se ponga a la cabeza de una fuerte campaña en los centros de trabajo que denuncie este diálogo social trucado de entrada, exija a CCOO y UGT que llamen a una jornada de huelga general de 24h y se promuevan asambleas y movilizaciones para encender un plan de lucha. Sin ello, será imposible que todos los ataques acumulados en la última década, y que el gobierno del PSOE y UP pretenden mantener, sean echados atrás.
