A falta de menos de un mes para que expire el tiempo concedido por Bruselas para que la nueva reforma laboral que el Ejecutivo está cerrando con las burocracias sindicales y la patronal esté lista, Yolanda Díaz realiza una nueva oferta que se acerca, aún más, a las pretensiones de la CEOE.
Ni derogación, ni supresión de los aspectos más “lesivos” de la reforma laboral, nada. Nada de aquel discurso que salía de Moncloa antes de que se iniciara la mesa de negociación con los agentes sociales, queda hoy.
La reforma laboral que la ministra “comunista”, Yolanda Díaz, está capitaneando es un ejercicio de acomodar la flexibilidad, que ya certificaron las reformas de Zapatero y Rajoy, a un contexto que le permita recibir el beneplácito de Bruselas y así seguir recibiendo los fondos Next Gen. Con este propósito se está elaborando un texto que modifica supuestos, pero que en esencia es lo mismo, es decir, barra libre para la patronal. El último caso se centra en la temporalidad.
Esta característica del precario mercado laboral está en el centro de las últimas divergencias entre las direcciones de CCOO y UGT y la patronal, al mismo tiempo que es aspecto de especial interés para Bruselas.
El Gobierno ha tenido que mover ficha frente a la inflexibilidad de la CEOE, que en la última propuesta presentada la semana anterior dejaba este aspecto, el de la temporalidad, prácticamente igual. La asociación patronal dirigida por Antonio Garamendi persigue la implementación de un contrato temporal único pero con varias causas de temporalidad, hasta seis sin son causas de producción, además de las previstas para contratas, subcontratas y licitaciones de la Administración cuando no puedan hacerse contratos con fijos discontinuos.
En el mismo texto remitido a sindicatos y Gobierno, solicitan poder firmar contratos eventuales cuando se cumpla alguna de las cuatro causas de sustitución de personal: reserva de puesto, vacaciones, reducción de jornada y cobertura de una vacante. Aspecto en el cual coincide con el Gobierno.
Y por supuesto, además de esta flexibilidad absoluta en la modalidad de contratación, rechaza limitar el número de trabajadores eventuales en las plantillas de las empresas. Y es en este punto donde, nuevamente, el Ejecutivo ha acercado posturas con la patronal.
Sin topes de contratos temporales
La nueva propuesta de Yolanda Díaz no establecería un tope de trabajadores temporales, sino que en su lugar se plantea que haya un número máximo de días en los que una empresa pueda contratar trabajadores bajo esa modalidad de contrato.
Según el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la duración de los contratos, la limitación sería de 90 días, no obstante no se descartan cambios, ya que la patronal quiere ampliar ese número.
Desde Moncloa defienden que esto está lejos de ser “una barra libre”, ya que las contrataciones tendrán que ser justificadas y responder a situaciones “inesperadas de pico de producción”. Pero como se ha visto con el uso de los ERTEs y con la lentitud de las inspecciones de trabajo ante demandas de las y los trabajadores, confiar en cualquier tipo de control sobre las empresas es una quimera.
Mayor facilidad para los ERTE estructurales
Más allá de los días finales que se acaben pactando como tope para los contratos temporales, la reforma laboral cuenta con cantidad de mecanismos de flexibilidad que el empresario va a poder usar dependiendo de sus intereses, es decir, de maximizar su inversión.
El nuevo plan de ERTE, bautizado como RED (Mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilidad en el Empleo) ha sufrido un recorte en sus medidas de control sobre las empresas. El texto inicial propuesto por el Gobierno, recibió muchas críticas por parte de la patronal y sindicatos. Yolanda Díaz y su equipo han aliviado las cargas y los trámites para poder acceder a las diferentes prestaciones.
Especialmente se ha aliviado la carga sobre las obligaciones de la empresa que ya no tendrá que aportar informes de justificación que antes sí se exigían, ni tampoco tendrá que abonar el 50% de la indemnización por despido al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) cuando consiga recolocar al trabajador despedido.
Organizar la respuesta
La nueva reforma laboral que saldrá de esta negociación volverá a ser nuevamente una carta blanca para la patronal. Lo estamos viendo con la temporalidad, con los ERTEs y se irá definiendo aún más con los aspectos centrales que aún quedan por acordar entre Gobierno, patronal y burocracias sindicales.
A estas últimas hay que exigirles que convoquen asambleas en todos los centros de trabajo para preparar una gran huelga general. Que organicen democráticamente la respuesta para acabar con el chantaje patronal y la servidumbre del PSOE y UP.
Se comprueba así que no hay modificación de la reforma laboral beneficiosa para la clase trabajadora y los sectores populares, que solo nos esperan más ataques a nuestros derechos y condiciones de vida, si no es organizándonos y saliendo a la calle para decir basta, como lo hicieron los trabajadores de Tubacex, los compañeros del metal de Cádiz y Alicante, las trabajadoras del SAD en Madrid y Barcelona o las y los compañeros de Inditex en Zaragoza.
