Después de la huelga del metal de Cádiz, se expanden por todo el país las protestas por el bloqueo de los convenios colectivos y por unos salarios que crecen cuatro puntos por debajo del IPC.
El precio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzaba este 14 de diciembre un nuevo récord histórico, con 291,73 euros el megavatio/hora, y enfriaba aún más las expectativas de una moderación rápida de los precios en los próximos meses. Con un IPC del 5,6%, la conflictividad en torno a los convenios colectivos y las subidas salariales no ha dejado de aumentar. Desde hace meses se han multiplicado las huelgas y las pugnas salariales que pretenden evitar una nueva pérdida de poder adquisitivo o, al menos, minimizar el empobrecimiento causado por el alza de los precios.
La huelga de nueve días del metal en Cádiz iniciada el 19 de noviembre fue un primer aviso de esta conflictividad en auge. El acuerdo firmado por CC OO y UGT con la patronal del sector limitó el aumento de los salarios al 2% con promesas de futuras compensaciones, un acuerdo que dejó fuera a los trabajadores temporales y subcontratados, según denunciaron desde CGT y el sindicato Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM). Ya a finales de ese mes, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, recordaba que “el de Cádiz es uno solo” de los tantos enfrentamientos entre trabajadores y patronal causados por motivos similares y auguraba más conflictos “importantes” si no había subidas salariales.
Desde entonces la situación no ha ido a mejor. Cuando se acerca fin de año, en todos los rincones del país se multiplican los conflictos en las empresas por la pérdida de poder adquisitivo y el bloqueo de los convenios.
“Se está juntando la carestía de la vida con la paralización de la negociación colectiva. Hoy en día resulta imposible que la patronal entre a valorar el IPC como subida salarial mínima si no hay conflicto. Esa es la realidad que estamos viviendo”, cuenta a El Salto Francisco González Sío, responsable de negociación colectiva de la Confederación Intersindical Galega (CIG), el sindicato mayoritario en este territorio.
Según relata este sindicalista, el número de convenios cerrados en Galicia, cuando faltan dos semanas para terminar el año, es tres veces inferior al de 2019. “Si en un año normal en Galicia se firmaban alrededor de 180 o 200 convenios, este año va a acabar con 70”, dice. Y la media de alza salarial de todos estos acuerdos, prosigue, apenas alcanza el 1,6%, algo que supone una pérdida media de poder adquisitivo del 4%.
Estas cifras se repiten a escala estatal. A finales de noviembre en España se habían registrado 2.757 convenios colectivos —de ellos, 641 firmados este año— que amparaban a 7,33 millones de trabajadores con una media de incremento salarial del 1,51%. El sector que consiguió un mayor aumento es el de información y comunicaciones, con un 3,32% y el de la construcción, con un 2,39%, según la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo. Uno de cada cinco de todos los convenios activos contempla la congelación de salarios mientras que la mayoría de los convenios, el 83,5%, incluye subidas salariales inferiores al 2%.
La subida del IPC, causada en gran parte por el encarecimiento de la energía, dice González Sío, se ha trasladado a los precios de los bienes y servicios, pero las empresas no han hecho mismo con las plantillas: “Las empresas ya han repercutido esa subida y lo que no quieren hacer es aplicársela a los trabajadores. Las empresas están utilizando los mecanismos que tienen para no perder nada por la subida de la energía y del transporte, pero los trabajadores van a volver a perder poder adquisitivo”.
El bloqueo de la patronal
La huelga de 72 días en la multinacional IKF de A Guarda (Pontevedra), en la frontera con Portugal; la huelga indefinida del Jofrasa, empresa auxiliar de limpieza de Alcoa; la huelga del transporte público del Consello de Vigo; las protestas de los trabajadores de Nueva Pescanova por un “convenio digno” o la huelga en la empresa de ascensores Otis son solo algunos ejemplos en Galicia de una historia que se repite con pocas variaciones y el mismo telón de fondo en toda España. Ahora mismo, cuenta este sindicalista de la CIG, los trabajadores de seis empresas han pedido utilizar el fondo de resistencia del sindicato para pagar los salarios de las plantillas en huelga.
En el caso de Otis, la huelga no se limita a Galicia, sino a 128 centros de todo el Estado. Según cuenta González Sío, la dirección “no quiere hablar de nada” y es un buen ejemplo de las dificultades que tienen los trabajadores para torcer el brazo de la patronal: “Si en otro momento presentabas una huelga con muchas jornadas era más fácil cambiar cosas; en este mismo momento está costando una barbaridad”. La huelga, convocada en un principio entre el 22 de noviembre y el 9 de diciembre, se ha ampliado hasta el 27 de diciembre ante “la falta de propuestas que posibiliten cualquier tipo de acuerdo”, según el Sindicato de Elevación. Entre las razones de la huelga, que ha sido seguida masivamente por el colectivo de operarios, este sindicato menciona la “pretensión de recortar derechos” en el convenio colectivo y la “oposición de la compañía a negociar el mantenimiento del poder adquisitivo sobre la base del IPC”, algo especialmente grave para este sindicato, cuando se trata de una compañía “que está generando grandes beneficios año tras año”.
Y los conflictos por la negociación de los convenios y las subidas salariales se replican en todas las comunidades autónomas. En Castelló, las empleadas de limpieza se lanzaban a finales de noviembre a una huelga de una semana para demandar mejoras salariales y laborales. En Málaga, también las empleadas de limpieza se manifestaban el 10 de diciembre por el bloqueo de la negociación colectiva y para denunciar que la propuesta de subida salarial del 1,25% es “insuficiente”. En el sector de los gimnasios, CC OO denuncia un boicot a la negociación del convenio por la subida salarial. Los convenios de muchos grandes supermercados también están bloqueados por la negativa empresarial a subir los sueldos. En noviembre, los trabajadores de supermercados de Castilla y León fueron a la huelga para protestar por una subida de apenas 0,5% y para demandar un sueldo de 1.200 euros en 2025. La presión consiguió arrancar un aumento de 2,5% anual. Otro tanto ocurre en el sector del metal de Asturias y Toledo, en las conserveras del Cantábrico, entre los trabajadores de Farmacia o en el sector de la seguridad privada, donde las reclamaciones salariales nuclean las protestas.
Es difícil encontrar un sector que no esté experimentando estas tensiones. Este 16 de diciembre, CC OO y UGT convocaban concentraciones en Madrid, Valencia y Valladolid frente a las sedes de la CEOE para reivindicar el desbloqueo de la negociación de los convenios y “una subida de los salarios que minimice el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras”. Con esta acción, los dos grandes sindicatos pretenden aumentar la presión para llegar a un nuevo acuerdo marco de la negociación colectiva, caducado hace dos años, para fijar un aumento mínimo para 2022 superior al 2%. El lema de concentración: “Ahora, los salarios. ¡Pagad Más!”.
La pérdida de poder adquisitivo por el aumento de la inflación también afecta a los trabajadores públicos, que verán incrementados sus salarios en apenas un 2% en 2022. Este aumento —3,6% por debajo del IPC— anula buena parte de las subidas previas del 0,9% en 2021 y del 2% en 2020.
Los pensionistas también serán en 2022 un poco más pobres, en concreto un 3,1%, después de que el Gobierno anunciara que las pensiones se actualizarán en enero utilizando el IPC medio, calculado en el 2,5%.
