Más de 500 sindicalistas han avalado con su firma un manifiesto [consultar íntegro aquí] donde reclaman al Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos que cumpla su promesa de derogar la reforma laboral y poniendo en marcha una legislación laboral a favor de los trabajadores. Los firmantes son sindicalistas de la mayoría de organizaciones sindicales de todo el país de ámbito estatal -como CCOO, UGT y CGT-, miembros de sindicatos vascos -LAB y ESK-, del sindicato catalán IAC, la organización aragonesa CUT y representantes de trabajadores y trabajadoras de la mayoría de los sectores productivos, servicios públicos y trabajadoras del hogar y los cuidados -excluidos actulmanete del Estatuto de los Trabajadores-.
En este manifiesto aseguran que una de las medidas estrellas del pacto que llevó hasta el Gobierno la coalición del PSOE y Unidas Podemos fue “la promesa de la derogación de la reforma laboral”. Con ella pretenden “lograr la recuperación de derechos laborales y sociales perdidos” desde la reforma del Ejecutivo de Rajoy en 2012.
Asimismo, ven similitudes entre la crisis iniciada en 2008 y la crisis derivada de la pandemia. Esta primera vino acompañada de “la pérdida de derechos al abaratar y facilitar los despidos” y normalizó la precariedad. “La crisis que estalló con la pandemia sanitaria no parece que vaya a resolverse de distinta manera si esperamos pasivamente a que el Gobierno cierre un acuerdo con los empresarios”, aseguran en este manifiesto.
Una de las sindicalistas firmantes afirma que “vemos de nuevo como la crisis la volvemos a pagar las trabajadoras y trabajadores con un IPC disparado; lo estamos viviendo estos días en Cádiz donde la gente del metal ha tenido que lanzarse a la huelga y a la calle para reclamar lo que les pertenece. Necesitamos tener una nueva legislación que refuerce el poder de las trabajadoras y trabajadores”.
Consideran que este contexto es idóneo para avanzar en el camino de la derogación de la reforma laboral: “Los partidos políticos con representación institucional que vienen apoyando al Gobierno del PSOE y UP desde el inicio de la legislatura, tienen la posibilidad de condicionar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la derogación de la reforma laboral y la puesta en marcha de un nuevo marco legislativo”.
Cinco medidas
Entre las medidas que proponen, destaca la puesta en marcha de un nuevo Estatuto de los trabajadores que consideran que es “urgente”, ya que con ello se lograrían mejores condiciones laborales y una mejora de las condiciones de lucha para las plantillas y sindicatos.
Las medidas también abordan los despidos, la temporalidad, la externalización de obras y servicios, el convenio sectorial y la jornada laboral. Entre ellas se incluye la subida del salarío mínimo a 1.200 euros -con actualización periódica-, prohibir los despidos en empresas con beneficios, recuperar los salarios de tramitación y la indemnización de 45 días por año trabajado, prohibir las empresas de trabajo temporal recuperando el SEPE dicha actividad, obligar a que los contratos laborales deben ser indefinidos o la reducción de la jornada laboral a 32 horas sin reducción de sueldo.