Yves Bertossa, fiscal jefe de Ginebra, ha dado carpetazo a la investigación sobre los 100 millones de dólares cobrados por el rey Juan Carlos I de Arabia Saudí, presuntamente de manera ilegal. Así lo ha anunciado la Fiscalía suiza anunció mediante un comunicado.
Así se levanta la imputación por presunto blanqueo agravado de capitales al entorno del monarca: Corinna Larsen, la examante de Juan Carlos I; Arturo Fasana, gestor de la cuenta del rey emérito en el banco Mirabaud & Cie; y Dante Canonica, el abogado y director de la fundación Lucum.
Fue bajo la titularidad de Dante Canonica que el rey emérito recibió en 2008 esos 100 millones de dólares (65 millones de euros) procedentes del Estado saudí.
Bertossa a pesar de haber señalado el “ánimo de ocultación” de esos capitales por parte del monarca, ha decidido cerrar la investigación al no poder comprobar el origen ilegal. Ha renunciado también a enviar una comisión a Arabía Saudí para preguntar sobre esos millones porque no esperara recibir respuesta.
El fiscal suizo había iniciado la investigación en 2018 tras la publicación de unos audios de Larsen en una reunión con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en Londres en 2015. En las grabaciones atribuía a Juan Carlos I el uso de testaferros para ocultar una supuesta fortuna en Suiza.
La sospecha de Bertossa era que esa fortuna de 100 millones de dólares era una comisión ilegal que habría recibido el monarca para interferir en favor de una rebaja sustanciosa del coste del AVE a La Meca que realizaron empresas españolas.
Pero justamente eso es lo que no ha podido probar en la investigación, mientras las defensas de Larsen, Fasana y Canónica se han escudado en que los millones se recibieron tres años antes de que se licitaran las obras. Y ante la opacidad del Estado saudí, la Fiscalía suiza se retira y archiva el caso.
Por su parte, la Fiscalía del Tribunal Supremo en el Estado español, tiene intención de archivarla próximamente también, sin denunciar a Juan Carlos I al considerar que los hechos se produjeron cuando era inviolable para las leyes españolas.
De nuevo Juan Carlos I se libra de un proceso judicial, sin ni siquiera haber sido llamado a declarar por Bertossa y años de investigación quedan en agua de borrajas. Real impunidad.
