Primero trascendió que el PSOE votaría en contra de la iniciativa promovida por los movimientos de vivienda al considerar que “choca frontalmente” con la del Gobierno y con las competencias de las Comunidades Autónomas. Pero también Unidas Podemos ha quitado su firma de la proposición de ley. Y después se quejan de que digamos que no son más que “progresismo neoliberal”.
Ambos integrantes del Gobierno van a tumbar este martes en el Congreso la proposición de Ley de garantía del Derecho a la Vivienda. Esta era la propuesta de los colectivos de la vivienda inicialmente apoyado por nueve fuerzas políticas, entre ellas Unidas Podemos, que pretendía refundirse con el anteproyecto del Gobierno, actualmente el periodo de información pública. Pero no.
Unidas Podemos no pondrá su firma en el proyecto que redactado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los sindicatos de inquilinos y 120 organizaciones sociales, entre ellas CCOO y UGT. Eso sí, votará a favor de la toma en consideración.
“Es una ley que afecta al principio de que la vivienda es un bien social y no un bien de mercado, y se abre a hacer algo que hasta hace poco decían que era imposible, que es regular el mercado del alquiler”, decía el portavoz del grupo morado, Pablo Echenique, sobre la norma respaldada por su propio partido junto a Más País, EH Bildu, ERC, Junts Per Catalunya, CUP, Compromís, BNG y Nueva Canarias. Poco después, Unidas Podemos decidió que la ley termine en un cajón.
Una vez más (y van), Unidas Podemos “apechuga” para salvar su sociedad con el PSOE, y contra los sectores populares que depositaron en ellos su confianza.
El anteproyecto de Ley de Vivienda del Gobierno, pactada entre el PSOE y Unidas Podemos, está ahora a la espera de recibir el aval en segunda vuelta en el Consejo de Ministros a finales de este mes. Un proyecto del cual se desmarcaron todas las organizaciones sociales en octubre, cuando se dio a conocer su contenido.
Como explicamos desde las páginas de Izquierda Diario, el acuerdo alcanzado a toda prisa sobre la futura ley de vivienda para dar vía libre a los Presupuestos para 2022 implicaba un aldabonazo de Unidas Podemos a las políticas social liberales del PSOE en materia de vivienda. No hace ningún ataque a los sacrosantos derechos de propiedad de los grandes tenedores para poder atender la demanda social de vivienda digna a bajo coste, ni tampoco se vislumbra la creación de un parque de viviendas públicas urgente a costa de las viviendas en manos de la SAREB, los grandes bancos y fondos buitre. Es más, ni tan siquiera quedan prohibidos los desahucios para la población vulnerable.
El proyecto de la PAH buscaba justamente dar respuesta a muchos de los aspectos que no están contemplados en el anteproyecto del Gobierno, como regular la dación en pago, prohibir los desahucios sin alternativa habitacional y los cortes de suministro para familias vulnerables, así como extender la regulación de los alquileres catalana al resto del Estado, entre otras cuestiones.
Este martes, Unidas Podemos ha decidido darle la espalda al derecho a la vivienda para seguir defendiendo su sociedad con los social liberales del PSOE. O sea, “seguir el legado del Partido Popular y legislar para los desahuciadores, los responsables de la burbuja inmobiliaria: bancos y fondos de inversión”, como denuncian los movimientos de la vivienda.
Expropiar a los grandes tenedores, la única salida de fondo a la crisis de la vivienda
La ley que propone el “Gobierno progresista” no va a resolver los graves problemas de vivienda, ni va a ayudar a afrontar los costes de alquiler para miles de familias trabajadoras con contratos precarios y salarios de miseria. Para terminar con el drama de los desahucios y lograr viviendas dignas para todos hay que afectar los intereses de los grandes tenedores de viviendas.
Tras el varapalo que significa la traición de Unidas Podemos al proyecto de Ley de garantía del Derecho a la Vivienda, hay que seguir el ejemplo del movimiento de inquilinos e inquilinas de Berlín. En la capital de Alemania, tras una larga lucha se impuso la realización de un referéndum en el que más de un millón de berlineses votaron a favor de la expropiación de las grandes empresas inmobiliarias. En concreto, la devolución de unos 240.000 pisos a la propiedad pública.
Hay que seguir este importante ejemplo en el Estados español. El movimiento de la vivienda, con la PAH, las organizaciones sociales y la izquierda sindical, pueden ser los promotores de asambleas de inquilinos en lucha, llamando a las bases de los grandes sindicatos a que se sumen, con movilizaciones en la calle, para imponer un referéndum en favor de un programa de emergencia que garantice la vivienda para todos.
Un programa que puede sintetizarse en tres grandes medidas:
1) Alquileres a precios asequibles en función de un coste de la vivienda con porcentaje no superior al 20% de los ingresos reales de las familias;
2) Expropiación sin indemnización de las viviendas de la SAREB, de los bancos rescatados en la crisis financiera, los grandes tenedores y los fondos buitre que especulan con las viviendas bajo gestión de los trabajadores y usuarios;
3) Impulso de un parque público de viviendas bajo control de las y los inquilinos para terminar de una vez por todas con los desahucios y de la especulación de los alquileres.
