Vivienda

Empezamos un año nuevamente con desahucios y el aumento de los alquileres atacando directamente a los niveles de vida de las clases populares. En Barcelona empiezan a organizarse diversos sindicatos de inquilinos para luchar contra la voracidad de los grandes tenedores de vivienda que con el amparo del Estado y los distintos gobiernos, elevan sin parar los precios de la vivienda.

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Primero trascendió que el PSOE votaría en contra de la iniciativa promovida por los movimientos de vivienda al considerar que “choca frontalmente” con la del Gobierno y con las competencias de las Comunidades Autónomas. Pero también Unidas Podemos ha quitado su firma de la proposición de ley. 

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El 8 de noviembre, un nuevo real decreto del Gobierno permitirá “a los Ayuntamientos para rebajar un 15% la base imponible del impuesto de Plusvalía que anuló el Constitucional”. Y según decían “dará dos opciones a los ciudadanos y les permitirá elegir la más favorable”. 

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La PAH, los sindicatos de inquilinos y otras 120 organizaciones sociales y sindicales denuncian la falta de ambición y las escasas probabilidades de que los aspectos más avanzados de la Ley de Vivienda se terminen aplicando.

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El acuerdo alcanzado a toda prisa sobre la futura ley de vivienda para dar vía libre a los Presupuestos para 2022 implica un aldabonazo de Unidas Podemos a las políticas social liberales del PSOE en materia de vivienda. No hace ningún ataque a los sacrosantos derechos de propiedad de los grandes tenedores para poder atender la demanda social de vivienda digna a bajo coste.

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El próximo jueves 30 de septiembre entidades y organizaciones sociales entre las cueles se encuentra CGT, registramos en el Congreso de los Diputados la Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda con el apoyo de los siguientes ocho partidos: Unidas Podemos, Más País, Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, CUP, Compromís, Benegá y Coalición Canaria.

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Mientras el Gobierno se sigue escudando en unas políticas neoliberales de extrema protección al capital y dejando a la gente atrás, somos los movimientos sociales los únicos actores que trabajamos para revertir la situación. No solo parando desahucios en puerta, asesorando o logrando soluciones a base de negociación directa, también elaborando la única ley pensada para garantizar realmente el derecho a la vivienda.

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En una rueda de prensa ofrecida frente a la Basílica de Begoña, el Sindicato de Inquilinas de Bilbo y Carlos Aguiriano han anunciado que un juez ha fallado a favor de la Diócesis de la capital vizcaina y ha dado luz verde para proceder al desahucio de Aguiriano, vecino de 61 años del barrio de Begoña que sufre esclerosis múltiple.

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STOP DESAHUCIOS EUSKADI consideramos que es un decreto que se ha retrasado injustificadamente, que deja la iniciativa a los ayuntamientos, siendo público y notorio que los regidos por el PNV son contrarios a aplicar la Ley de Vivienda Vasca.

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El del vecino de 58 años que anteayer se tiraba por la ventana cuando iban a desahuciarle en el barrio de Sants en Barcelona, el juzgado no había admitido su vulnerabilidad, a pesar del informe favorable de los servicios sociales.

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A pesar de la propaganda sobre la prohibición de desahucios, como consecuencia de la pandemia, la realidad es que los desalojos forzosos de vivienda habitual siguen presentes en la vida diaria, como reflejan los datos hechos públicos hoy lunes por el CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.

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Parece ser que estamos perdiendo el tiempo y nos están tomando el pelo, a nosotros y a los ciudadanos EN UNO DE LOS MAYORES FRAUDES DEMOCRÁTICOS QUE SE HAN COMETIDO HASTA AHORA EN EUSKADI.

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Tras hacerse público que las mujeres que se alojan en el recurso temporal para víctimas de violencia machista del municipio tardarán más de medio año en serles ofrecida una vivienda digna, varias personas se han concentrado frente al edificio consistorial de Barakaldo.

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En un momento en el que la ley de vivienda se está debatiendo, en un momento de crisis habitacional como la actual, con miles de familias pasándolo mal y con unos precios del alquiler y la vivienda controlados por los grandes fondos y entidades financieras, el Banco Malo tiene que servir como parque de vivienda pública. Es el momento de tomar las riendas de ese agujero sin fondo que ha sido el Banco Malo y ponerlo al servicio de la ciudadanía. Si las deudas de la SAREB son públicas, las viviendas de la SAREB son públicas también. 

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Las noticias conocidas a través de los medios del borrador de una nueva ‘ley de alquileres’ son muy alarmantes. Parece que se pretende resolver el tema del alto precio de los alquileres de viviendas a través de aumentar las ya existentes generosas exenciones fiscales a los propietarios, estableciendo que aquellos que disminuyan los alquileres que cobran por sus viviendas disfrutarán de importantes reducciones en la fiscalidad correspondiente a tales ingresos. 

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Stop Desahucios de Euskadi denuncia el vergonzoso bandazo del PSOE al querer sustituir el control de precios de alquileres abusivos por un aumento de los privilegios fiscales para una clase rentista que hace negocio a costa de personas necesitadas.

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