La prohibición de los desahucios durante la pandemia pregonada por los gobiernos “progresistas” no ha sido tal, miles de familias han sido desahuciadas y muchas miles más ven peligrar su vivienda ante la imposibilidad de enfrentar los pagos y las deudas.
La moratoria de deudas hipotecarias y de pagos que implementó el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos para, supuestamente, impedir los desahucios por la crisis de la pandemia hasta al menos 2024, contrasta con las más de 16.000 familias que han sido desahuciadas durante estos meses de pandemia.
El “escudo social para no dejar a nadie atrás en esta crisis” que reivindicaba Pablo Iglesias para justificar un acuerdo de gobierno con el PSOE, no ha sido tal, como de hecho ya señalaba la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca): “La moratoria no cubrió a todo el mundo, solo a los casos más sangrantes”.
La plataforma desmintió que estuvieran suspendidos todos los desahucios, tan sólo la parte directamente por la pandemia. Esos días mismamente veíamos casos como el desahucio de una madre y sus dos hijas de tres y cinco años en Barcelona, donde gobierna el también “progresista” ayuntamiento de Ada Colau.
Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial señalan que entre abril y diciembre de 2020 fueron ejecutados 14.249 desahucios por impago de las rentas de alquiler, siendo la mayoría viviendas alquiladas, y 4.523 por ejecución de hipotecas.
Desahucios que en la mayoría son primeras viviendas y que arrojaría la cifra de más de 16.000 familias o grupos de convivencia afectados.
Mientras tanto, las demandas presentadas por los bancos para reclamar la entrega de viviendas de personas que no están pudiendo afrontar los pagos ya se situó en 9.407 este 2020, dos mil más que en 2019, aunque todavía lejos de las 40.000 de los años 2014 o 2015. Sin embargo, el ritmo se está acelerando.
A esto se suma que las moratorias de pago de cuotas e intereses concedidas por bancos como Santander, Caixa Bank o el BBVA a personas hipotecadas están empezando a caducar este mes de marzo. Esto supone que 75.000 familias se encontrarían en riesgo de no poder afrontar las cuotas.
No se puede permitir que se sigan haciendo ejecuciones de familias vulnerables en plena pandemia y sin ninguna alternativa habitacional, mientras existan viviendas vacías con objetivos especulativos. Lo mismo que los intereses de una banca privada que se ha enriquecido con la especulación y el endeudamiento de millones de personas que ahora siguen esclavizadas a sus hipotecas y pagos de intereses.
