Tras hacerse público que las mujeres que se alojan en el recurso temporal para víctimas de violencia machista del municipio tardarán más de medio año en serles ofrecida una vivienda digna, varias personas se han concentrado frente al edificio consistorial de Barakaldo.
“La normativa en vigor obliga a las instituciones públicas competentes, Ayuntamiento y Gobierno vasco, a ofrecer una alternativa habitacional de manera preferencial y urgente a las mujeres que se encuentran alojadas en centros destinados a la protección de víctimas de violencia de género. Más si cabe cuando estas mujeres sufren una carencia de recursos económicos propios y de vivienda, motivada por la huida de su situación de violencia machista”, han denunciado.
Afirman que “con el remanente presupuestario del año anterior en lo relativo a ayudas sociales, el ayuntamiento ya evidenció que su voluntad de ayudar a las personas y familias más necesitadas de la localidad depende de una presión ciudadana que destape sus reales e insolidarias prioridades” y que “la situación de estas mujeres también ha revelado una sistemática vulneración de la legislación y derechos que amparan a las mujeres afectadas por situaciones de violencia machista”.
“En este recurso temporal hay mujeres con menores que además de escapar de una situación de violencia de género, con todo lo que ello conlleva, han sufrido un desahucio; por lo que, según la ley, la prioridad en la oferta de una alternativa habitacional en estos casos debe ser absoluta y realizarse con la máxima celeridad, lo cual nos consta que no está ocurriendo, como ejemplifican los dos casos denunciados esta mañana ante el Ayuntamiento de Barakaldo”, han sentenciado.
Por último, han criticado que “la ubicación del recurso para estas víctimas no es rotatorio como en otros municipios, por lo que alargar la estancia de estas mujeres indefinidamente vulnera su seguridad, del mismo modo que también lo hace que se vean obligadas a abandonarlo sin que el acceso a una vivienda digna les haya sido garantizado”.
El centro asesor de la mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak han instado tanto al Ayuntamiento de Barakaldo como al Gobierno vasco a cumplir en estos tiempos de crisis, además de la normativa que obliga a realojar a las familias afectadas por un desahucio, aquella que dicta el realojo prioritario y urgente de las mujeres que se encuentran en centros temporales por su situación de víctimas de violencia machista.
