Convocada por STOP DESAHUCIOS EUSKADI (Kaleratzerik Ez!) esta concentración tiene por objetivo denunciar la privatización de la vivienda pública, el incumplimiento de la Ley de Vivienda, el incumplimiento de los acuerdos del Parlamento Vasco sobre vivienda, y unos presupuestos que recortan prestaciones sociales y desatienden la vivienda como derecho fundamental de las personas.
Ante la última medida hecha pública por del GOBIERNO VASCO (G.V.) de vender mil viviendas VPO a bancos y fondos de inversión a cambio de que estas las cedan en alquiler por 600 euros mes durante 50 años. En lugar de dedicar esas viviendas VPO al alquiler social, y en lugar de exigir a los bancos, a los que hemos rescatado con dinero público, que pongan sus viviendas vacías a disposición de las necesidades sociales, el G.V. quiere contribuir al negocio de quienes han desahuciado a miles de familias y siguen robando mediante todo tipo de cláusulas abusivas.
Es INADMISIBLE que haya viviendas VPO destinadas a la venta que no hayan pasado ya al régimen de alquiler. Es una VERGÜENZA que sólo una de cada cien viviendas sea gestionada en alquiler por el G.V. y se sigan PRIVATIZANDO las 20.000 viviendas VPO construidas sobre suelo público, que deberían pasar al parque de alquiler a los 75 años de su construcción. Dos años después de aprobarse la LEY DE VIVIENDA no se ha creado el registro de viviendas vacías, ni el organismo que debe coordinar todas las políticas de vivienda, ni se respeta que el 80% de lo construido sea VPO.
Es ANTISOCIAL que el G.V. dedique solamente dos euros de cada cien a políticas de vivienda en los presupuestos 2018 revela que siguen apostando para que la vivienda siga siendo un negocio y no un derecho. Hay que movilizar la vivienda vacía y frenar la sangría de viviendas que se están marchando del programa BIZIGUNE, que ha pasado de 5.700 viviendas previstas este año a 4.400. Hay que apostar por la rehabilitación que crea tres puestos de trabajo por tan sólo uno en la construcción y sin embargo el año que viene 68.000 viviendas tendrán más de 50 años de antigüedad y el G.V. ni tiene aprobada la normativa reguladora de las Inspecciones Técnicas, ni planes para facilitar que sean accesibles y energéticamente eficaces.
Es IMPROCEDENTE el retraso hasta la próxima primavera, sin debate social ni contestar alegaciones, el Decreto regulador de los requisitos para acceder a una vivienda de alquiler y la prestación sustitutiva, el G.V. ENDURECE las exigencias para acceder a la nueva prestación que sustituirá a las que actualmente perciben 35.000 familias, CONGELA la prestación de 250 euros para alquilar en el mercado privado, a pesar de que es DISCRIMINATORIA e INSUFICIENTE, SUPRIME la ayuda de 325 euros para casos excepcionales, y RENUNCIA a actuar contra la especulación que eleva los alquileres y es responsable del aumento espectacular de los desahucios por impago de alquiler.