En 2002, dos años después que en el resto de la UE, el Gobierno español formalizó la prohibición de la producción y la comercialización de productos hechos con amianto. Tres lustros después, la huella de este material blanquecino es bien oscura.
Anualmente, más de 2.000 personas mueren al Estado como consecuencia de haber estado en contacto y la cifra total de víctimas seguirá incrementándose en las próximas décadas.
Con la antigua Uralita, durante medio siglo controlada por la familia March, como máximo exponente, la del amianto es una historia de abusos empresariales, facilitada por la connivencia de la Administración. Y, como siempre, con unas víctimas inocentes que, demasiado a menudo, se han dejado la vida.
Mediodía de un día laborable cualquiera de este noviembre. El tráfico no es especialmente denso en la carretera de Barcelona a su paso por Cerdanyola del Vallès. Aún hoy, la vía es un eje importante en las comunicaciones de una ciudad que se acerca a los 60.000 habitantes, aunque su peso se ha amortiguado comparado con el que tenía décadas atrás. En el número 135 se alza imponente la fábrica de Uralita, una empresa que ha acondicionado como pocas la historia del municipio. Cerrada en 1997, hoy transmite la decadencia propia de quien se ha convertido en un vestigio del pasado y que después de marcar, en parte, la vida de Cerdanyola hoy fundamentalmente es recordada para esparcir la muerte. Y no, no es una exageración.
Abierta en 1907, cuando el entonces pueblo no sumaba ni 1.000 habitantes, su crecimiento demográfico no se entendería sin la presencia de la empresa. Durante nueve décadas, trabajaron miles de vecinos de Cerdanyola y de los núcleos vecinos, como Barberá o Ripollet. En todo este tiempo, el amianto fue una materia prima imprescindible para Uralita. Y es el contacto con este material, básicamente el hecho de respirar el polvo, lo que ha convertido Cerdanyola en la zona cero de un “genocidio laboral”, en palabras de Marta Barrera, abogada del Colectivo Ronda. Sólo entre el municipio y Ripollet han detectado los últimos años un millar de personas afectadas por enfermedades relacionadas con el amianto. Una buena parte de estas personas han muerto y la cifra seguirá aumentando en las próximas décadas.
Considerado una especie de asesino silencioso, porque mata lentamente, ya que las patologías que provoca tardan décadas en aparecer, el impacto del amianto va mucho más allá de Cerdanyola y sólo en Cataluña tiene otros focos destacados en Castelldefels, en Santa Perpètua de Mogoda, en el Prat de Llobregat o en el puerto de Barcelona. En España, el número de muertes anuales se extiende hacia las 2.300. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el amianto es responsable anualmente de más de 100.000 muertes en todo el mundo. La UE estima que en 2030 habrá provocado medio millón, sólo en territorio comunitario.
¿Por qué es letal el amianto?
El amianto es un producto mineral de una gran durabilidad y de coste reducido, muy resistente al calor, a la abrasión ya la tracción. Sus características lo convirtieron en un material muy utilizado en la construcción y en la industria y hoy todavía se hace un uso habitual en países del sur. Algunos de sus derivados, como el fibrocemento, se hicieron omnipresentes durante décadas en nuestro país. En 2000, la UE decretó la prohibición de la producción y la comercialización del amianto y de productos que los contengan, pero el Gobierno de Aznar pidió una moratoria de dos años y en España no aplicarse hasta en 2002. Ahora bien, aún hoy partes se encuentran productos que contienen amianto.
Los riesgos para la salud aparecen con la inhalación de las fibras de amianto (o asbesto), un hecho que se da cuando estas se desgastan o cuando se rompe un producto hecho con el material y se n’escampa polvo. Las afectaciones que provoca son fundamentalmente respiratorias y las principales pueden agruparse en tres tipos: la asbestosis o fibrosis pulmonar, que es una enfermedad de los pulmones de evolución lenta y que ocasiona insuficiencia respiratoria; el mesotelioma o tumor de pleura, que es un cáncer exclusivamente derivado del amianto y que tiene una esperanza de vida muy corta, y el cáncer de pulmón. Ahora bien, numerosos expertos también vinculan el amianto con la aparición de otras formas de cáncer. Las fibras de asbesto pueden estar décadas alojadas en el organismo antes de que se desarrolle una de estas patologías, que tienen un periodo de latencia de entre 20 y 40 años. Esto explica por qué aún hoy aparecen nuevos casos de personas afectadas. Y el goteo seguirá durante bastantes años.
Las víctimas se dividen entre las laborales, es decir, personas que trabajaron directamente en contacto con el material, y las pasivas, que se reparten entre las domésticas, que han convivido con trabajadores del amianto y han enfermado como consecuencia de la exposición a las fibras de asbesto que los trabajadores llevaban a casa, adheridas sobre todo en la ropa; y las ambientales, que fundamentalmente han vivido en un radio cercano (de dos o tres kilómetros) de algún punto emisor de fibras de amianto o han sufrido exposiciones accidentales. En Cataluña hay víctimas de los tres tipos y su situación judicial cambia totalmente.
Víctimas sin información previa
Julián del Amo Ochoa tiene 69 años y vive en Cerdanyola desde que tenía 11, cuando llegar proveniente de un pueblo de Guadalajara. “En aquella época, las calles se asfalta con uralita”, recuerda. Durante la década de los setenta, trabajó cerca de siete años en Uralita, en ese momento la gran factoría del municipio. “Yo hacía la carga y descarga de los camiones que venían en la fábrica; era un trabajo al aire libre. En el interior, el ambiente siempre estaba lleno de polvo y, por ejemplo, una de las tareas era llenar con la mano sacos de amianto. La única medida de protección que teníamos eran unos guantes de plástico, pero no nos daban mascarilla. La ropa de trabajo me la lavaba en casa, aunque años más tarde ya se lavó en la fábrica. Nunca nos hablaron de cuestiones de seguridad o salud laboral “, explica a CRÍTIC. Del Amo reside en cientos de metros de la histórica factoría de Uralita y tiene asbestosis desde hace años: “Me canso mucho y casi siempre estoy resfriado”. Buena parte de sus compañeros en la empresa han muerto de enfermedades relacionadas con el amianto.
María García vive en Barberá del Vallés desde que hace 35 años casarse. A mediados de 2016 murió su marido, Agustín Medina, víctima de un mesotelioma muy agresivo. Medina nunca trabajó en Uralita, pero durante los primeros 25 años de su vida vivió en Cerdanyola y, concretamente en la calle de Barberà, paralelo a la carretera de Barcelona, donde se ubicaba la factoría. También trabajó muy cerca de la planta. “De su calle han salido bastantes casos de afectados por el amianto”, apunta María. Meses después de desarrollar la enfermedad, Agustín Medina escribió una carta que su mujer ha facilitado a CRÍTIC. Hay recuerda que, cuando era niño, “construíamos nuestras propias juguetes con recortes de uralita, así como columpios con lianas de amianto. Nunca nadie nos comentó que aquello fuera peligroso o ocasionara un riesgo para nuestra salud “. Medina también comenta que las calles, entonces de tierra, siempre tenían una ligera capa de polvo blanco provocada por los camiones que transportaban el amianto. Él es un ejemplo de víctima ambiental del amianto.
Federal Mogul es una compañía que fabrica componentes para el automóvil y que tiene una planta en la Zona Franca de Barcelona especializada en la producción de pastillas de frenos. La factoría ha pasado por varias manos, previamente ha tenido nombres como Honeywell, Allied Signal, jurídico Ibérica o Drim y tenía la fábrica en El Prat de Llobregat. Hasta la prohibición del amianto en España, este material era un componente básico de las pastillas. Salva Campos recuerda que comenzó a trabajar en 1986 y en aquella época “apenas nos daban una mascarilla de protección para el polvo, pero era imposible ponérsela todo el día y acababas respirando amianto. Nos daban muy poca información sobre los riesgos para la salud, y las medidas de protección eran muy limitadas. De hecho, los primeros años la ropa que llevaba la lavaba en casa “.
José Luis Gómez trabajaba en la misma empresa y es el vicepresidente de la Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto en Cataluña(AVAAC), surgida en 2009 en El Prat y constituida en el ámbito catalán hace un par de años. Junto a Salva, comenta a CRÍTIC que “cuando venía la inspección de trabajo, los filtros para hacer las mediciones [sobre el volumen de polvo de amianto al ambiente] se saturaban”. “Durante años vimos como compañeros enfermaban de cáncer, pero desde la empresa siempre se atribuía al tabaco u otras razones; nunca se decía que fuera debido al contacto con el amianto. Como nunca se nos ha explicado nada, nos hemos visto obligados a aprender nosotros mismos sobre los riesgos para la salud del amianto y ahora vivimos con una espada de Damocles encima, sabiendo que en cualquier momento podríamos desarrollar una enfermedad ” , añade. De esta situación nació el AVAAC.
El problema de la infradiagnosi
Julián Medina, Agustín Medina, Salva Campos y José Luis Gómez son personas que tienen en común haber estado en contacto con el amianto en una época en que la producción y la comercialización del material no eran prohibidas. Todos han denunciado que prácticamente no se les dio información sobre los riesgos para la salud que implicaba este contacto, a pesar de que ya en aquella época se sabía que el amianto era especialmente lesivo. La abogada del Colectivo Ronda Raquel Lafuente recalca que, desde 1947, en plena dictadura franquista, existía una orden del Ministerio de Trabajo que reconocía la existencia de enfermedades profesionales derivadas de trabajos expuestas a la inhalación de polvo de amianto. La normativa ya establecía medidas preventivas, como, por ejemplo, realizar controles de los niveles de exposición de los trabajadores al material.
¿Cuál es el problema? Que sistemáticamente las empresas la incumplían y ni siquiera facilitaban un mínimo de información a los trabajadores. “Tenemos informes de 1977 en el que se dice que las compañías [como Uralita] no han cumplido la normativa en nada durante los 30 años anteriores”, subraya. En el ámbito judicial, la responsabilidad empresarial en las enfermedades derivadas del amianto en España no empezó a reconocerse hasta una fecha tan reciente como 2009, cuando se ganan los primeros juicios, aunque las primeras demandas datan de la década de los setenta.
Si un rasgo define la relación de España con el amianto, sobre todo si se compara con otros países europeos, es la enorme infradiagnosi de las enfermedades provocadas por el amianto. La UE publicó en 2000 el informe ‘Eurogip’, en la que señala España como el Estado de la unión que menos casos de asbestosis y cánceres provocados por el amianto registra como enfermedad profesional, con unos volúmenes muy inferiores a los de Alemania, Francia, Italia y Bélgica. Otro estudio, Elaborado por Alfredo Menéndez Navarro, catedrático de historia de la ciencia de la Universidad de Granada, y Montserrat García Gómez, especialista en medicina del trabajo, salud pública y medicina preventiva, asegura que sólo el 6,4% de los hombres y el 4 , 4% de las mujeres que finar en España entre el 2007 y el 2011 por mesotelioma pleural atribuible a exposición laboral al amianto han sido reconocidos como enfermos de origen profesional para la Seguridad Social.
A qué responde esta infradiagnosi? Para la abogada Marta Barrera, “tiene que ver con las deficiencias de nuestro sistema de compensación. En el caso concreto del amianto, se añade la voluntad de no reconocer una culpa histórica, porque en el Estado ha habido una regulación más laxa que en otros países sobre el uso del amianto “. “La infradiagnosi es una forma de no admitir la dejadez de funciones por parte de la Administración. A pesar de que no has impuesto sanciones durante décadas si después admites la magnitud del problema, también admites la magnitud de la culpa “, subraya Barrera, que tampoco está de recordar” la importancia del sector de la construcción, que es un lobi muy potente y que tenía llevándola una panacea “. Tampoco puede obviarse el impacto económico,
Uralita, una empresa lligada al banquer de Franco
Uralita fue la principal productora de amianto del Estado español. La compañía, fundada en 1907 por los hermanos José María y Manuel Roviralta, va emplearlo desde el primer momento. Colectivitzada durante la Guerra Civil por la CNT-FAI (llamó temporalmente Uralita Empresa Obrera colectivizada), al terminar el conflicto bélico volvió a las manos de sus fundadores, pero por poco tiempo. En 1943 la tuvieron que malvender el financiero mallorquín Juan March, estrechamente vinculado al nuevo régimen dictatorial, hasta el punto de que se le consideraba el banquero de Franco. La familia March controló la empresa -que llegaría a ocupar 12 naves industriales- durante cinco décadas, y la buena conexión con las autoridades políticas en facilitaba la impunidad.
La sociedad pasó a manos de la familia valenciana Serratosa en 2002, que mantiene el control actualmente a través del holding Nefinsa. Presidida desde el 2015 para Javier González, ese mismo año Uralita cambiarse el nombre por el de Corporación Empresarial de Materiales de Construcción (Coemac). Facturó más de 130 millones de euros el año pasado y concentra el 75% de las ventas en España. A pesar de las numerosas sentencias que le han obligado a indemnizar antiguos trabajadores, la empresa nunca ha admitido su responsabilidad y todavía hoy agota todos los recursos para alargar los procesos judiciales e intentar ahorrarse el pago de indemnizaciones. CRÍTIC ha contactado con la responsable de comunicación de Coemac para conocer su versión de los hechos, pero no ha recibido respuesta.
El reclamado fondo de indemnización.
En España no existe un fondo de compensación -o indemnización- automático para las personas afectadas por el amianto. Marta Barrera explica que otros países, como Francia, Holanda o Bélgica, han creado, como mecanismo por el que “se intenta compensar a las víctimas que han sufrido una situación de agravio, sin obligarlas a pasar por un proceso judicial. Se genera un automatismo que ahorra tiempo y sufrimiento a las víctimas “. Al fin y al cabo, recurrir a los tribunales implica “que todavía hoy has de justificar que el amianto te ha afectado, cuando se debería poner la carga de prueba en la empresa. Debería demostrar que el que utiliza no afecta al trabajador “. Y no hablamos de procesos judiciales cortos, sino que pueden pasar siete u ocho años hasta que se llega a cobrar una indemnización. “El último gran acto de crueldad es negar a la víctima el disfrute de la indemnización”, denuncia la abogada, porque en muchos casos, cuando se acaba el proceso, la persona afectada ya ha muerto.
El vicepresidente del AVAAC, José Luis Gómez, explica que, en octubre, la estatal Federación de Asociaciones de Víctimas y Colectivos de Víctimas del Amianto (Fedavica) presentó en el Congreso el proyecto de proposición de ley para crear este fondo de indemnización. La propuesta, que sumó el apoyo de todas las formaciones con la excepción del PP, implicaría garantizar “el acceso universal de todas las personas afectadas por cualquier patología producida por el amianto, y solucionaría así el problema que tienen aquellos enfermos que no pueden reclamar judicialmente sus derechos al haber desaparecido ya las empresas en las que trabajaron, o de las personas que han enfermado por vivir o trabajar cerca de los lugares con una gran presencia de amianto en el ambiente “. Gómez recalca que la federación reclama participar en el fondo, junto con las administraciones, los sindicatos o las mutuas, y que recurrir a él no debería impedir a las víctimas acudir también a la vía judicial para obtener una mayor indemnización. En todo caso, la misma Fedavica admite que todavía se está lejos de que la ley que cree el fondo sea una realidad.
Procesos judiciales que se eternizan.
Qué se reclama? Básicamente, que la enfermedad ha sido causada por la exposición al amianto en el lugar de trabajo y que la empresa incumplió el deber de proteger su salud. La réplica empresarial suele ser que no incumplieron nada porque no existía ninguna normativa específica sobre la exposición al amianto, un argumento que el Tribunal Supremo ya ha demostrado que es falso, pero que no impide que se mantenga el ciclo de recursos que eternizan las resoluciones judiciales. En el caso de una víctima laboral, el proceso Arenc con la solicitud de la pensión por contingencia -o enfermedad- profesional. “Si tienes suerte, te la dan de salida; pero, si no es así, hay que demandar y ir a juicio, y normalmente se tarda un año y medio o dos para tener la sentencia “, explica Marta Barrera. Una vez reconocida, hay que ir a la Seguridad Social a reclamar un recargo a la pensión -que oscila entre el 30% y el 50% – y al mismo tiempo presentar una demanda de daños contra la empresa para recibir la indemnización. En casos como la asbestosis, matiza Raquel Lafuente, sin embargo, “cuesta mucho que te reconozcan una pensión automática si no tienes una pérdida grave de capacidad pulmonar”.
La invalidez y la pensión a trabajadores de Uralita o del puerto de Barcelona ya se conseguía en 2000, pero entonces no se reconocía la inexistencia de medidas de seguridad por parte de la empresa ni el incumplimiento de la normativa, lo que impedía recibir una indemnización. Es a partir de 2009 cuando esto cambia. En muchos de los casos, sin embargo, la víctima había trabajado en una empresa que ya no existe, y eso dificultaba la reclamación. Esto cambió hace dos años, cuando el Tribunal Supremo dictaminó que las compañías que en absorbieron otros deben asumir las negligencias previas a la fusión. La sentencia crea jurisprudencia y beneficia, por ejemplo, los afectados de Rocalla, cerrada en 1994 y absorbida en 1982 por Uralita, o los de Macosa (en Santa Perpètua de Mogoda), que terminó en manos de Alstom.
“Un gran problema es el de los autónomos, como electricistas o fontaneros que trabajaban en la construcción y no tenían protección frente a las contingencias comunes. No pueden reclamar una indemnización porque no hay ninguna empresa que en responda y ellos serían los más beneficiados por la creación del fondo de compensación “, comenta la abogada Raquel Lafuente.
El difícil reconocimiento de las víctimas pasivas.
El proceso judicial se complica mucho más para las víctimas pasivas. En el caso del Colectivo Ronda, la primera macrodemanda colectiva contra Uralita para este tipo de víctimas fecha del 2012 y representó 43 personas. La sentencia en primera instancia llegó en febrero de 2015 y dio la razón a los demandantes que son víctimas domésticas, fijando una indemnización global de 700.000 euros, pero no a los ambientales. El proceso judicial, sin embargo, no ha terminado, ya que Uralita ha recurrido la sentencia en su contra y las víctimas ambientales también lo han hecho.
La abogada Esther Pérez, también del Colectivo Ronda, subraya que, en el caso de las pasivas, “sólo tenemos un año para reclamar” desde el diagnóstico o la muerte de la persona afectada. “El plazo es muy breve y lo que deben hacer las víctimas es informarse y reclamar una vez han sido diagnosticadas. En estos casos, la demanda debe ser contra la empresa; pero, si ésta ha desaparecido, no se puede reclamar “, explica. Las víctimas pasivas pueden reclamar una indemnización por daños y perjuicios que, si ganan el caso, debe pagar la empresa. Si, como ha ocurrido en muchos casos, la persona afectada muere, la reclamación la pueden presentar sus descendientes, también dentro del plazo límite de un año.
Con las ambientales, “la acreditación causa-efecto” entre el contacto con el amianto y la enfermedad es más difícil de demostrar, a menos que la persona ha desarrollado un mesotelioma, una afectación básicamente consecuencia del contacto con el amianto. En este sentido, María García explica que, en el caso de su marido, presentaron la demanda porque era su deseo, pero piensa que no será fácil recibir una indemnización. Ahora bien, defiende la necesidad de recurrir a la justicia “para que se haga visible el problema, que se cree conciencia y se ponga de manifiesto que hemos sufrido una injusticia”.
Demanda por ansiedad.
Trabajadores que han estado en contacto directo con el amianto se someten anualmente a revisiones, siempre con el miedo de que aparezca algún grave problema pulmonar. Esto les genera trastornos de ansiedad y depresión. Para dejar de silenciar esta situación, un grupo de antiguos trabajadores de la planta de Honeywell El Prat -hoy trabajadores de Federal Mogul, en Barcelona- presentarán, con el apoyo del Colectivo Ronda, una demanda en la que reclamarán el reconocimiento del origen laboral de estos problemas. José Luis Gómez es uno de estos trabajadores. Comenta que “con un simple resfriado ya sufres. Se convierte un poco en un tema tabú, porque sabemos que en cualquier momento puede aparecer un problema grave “. También aquí, el contraste con otros países da miedo. En Francia, por ejemplo, “Por el simple hecho de haber trabajado con amianto ya se considera que has sufrido un daño moral y se paga. Y la ley salió en 1999 “, lamenta Gómez.
Salva Campos, compañero de José Luis Gómez en la antigua Honeywell, reflexiona que de todo “te queda una desconfianza hacia la empresa, que nunca se ha disculpado ni ha tenido un reconocimiento explícito de su responsabilidad”. “Era una aberración trabajar en aquellas condiciones; había mucho calor en la nave, mucho polvo “, rememora Gómez. María García se pregunta “cómo es posible que esto suceda?” Y reconoce que, cuando su marido enfermó, “nos sentimos muy impotentes”. “Aquí ya no se produce amianto, pero sí en otros países. Todo es un puro negocio: no importa que muera la gente con la condición de hacerse rico “, subraya. “Éramos carne de cañón para que la familia March ganara millones y millones”, lamenta Julián del Amo. Y todos, paralelamente, denuncian el papel de connivencia que tuvo la Administración estatal.
Aún hoy quedan muchas cuestiones pendientes de resolver en torno al amianto. Por ejemplo, las abogadas Marta Barrera y Raquel Lafuente apuntan que los trabajadores que estuvieron en contacto deberían tener derecho a jubilarse anticipadamente. No existe un fondo de compensación. No ha habido un reconocimiento definitivo para las víctimas domésticas, ni inicial para las ambientales. Y queda mucho, pero mucho, de amianto partes. “Una gran parte del amianto que hay en España está caduco, porque se va desgastando”, explica José Luis Gómez, del AVAAC, y al irse haciendo perder desprende las fibras que pueden ser letales. Algunos ayuntamientos, como el de El Prat, han aprobado mociones para retirar el material de las instalaciones municipales, pero la desamiantació es muy lejos de ser un proceso generalizado.
Mientras todo esto queda pendiente, cada mes, cada semana, aparecen nuevas víctimas. Y, al pasar por la carretera de Barcelona de Cerdanyola y ver el todavía imponente fábrica de Uralita, uno no puede dejar de pensar que, una vez más, la prosperidad de algunos -muy pocos- sólo ha sido posible a partir de la condena de los otros, muchos más.
* Article publicat a Crític, periodisme d’investigació
