Convocada por la Asamblea de Parad@s, Centro asesor de la mujer ARGITAN, Berriotxoak, ELA, LAB, STEILAS, ESK, CGT-LKN y CNT, en el 8º aniversario del suicidio de Amaia Egaña, la primera víctima mortal por los desahucios en Euskal Herria. A día de hoy. los recortes han agravado aún más la situación socio-sanitaria en la que nos encontramos. La precariedad, la pobreza y los desahucios siguen estando vigentes:
Un total de 1.723 familias han sufrido en Barakaldo el desahucio de su vivienda en los últimos ocho años, desde que la vecina del barrio de Desierto Amaia Egaña se quitara la vida en el mismo momento en que la comitiva judicial procedía al desalojo de su piso el 9 de noviembre de 2012.
Cuando se suicidó, Egaña tenía 53 años, estaba casada y tenía un hijo de 21 años. El hecho fue recogido incluso por la prensa internacional y en Barakaldo provocó una ola de indignación que sacó a miles de personas a la calle, lo que forzó a que las autoridades políticas y judiciales se comprometieran a adoptar medidas para evitar estas tragedias.
Ocho años después los desahucios continúan. En promedio, cuatro familias barakaldesas son expulsadas cada semana de sus viviendas. El 83% de ellas, de una vivienda en alquiler.
La mayoría de los desalojos de vivienda en propiedad son impulsados por Kutxabank y La Caixa, entidad financiera que desalojó a Egaña. También hay órdenes judiciales solicitadas por Banco Popular, Santander, BBVA y Caja Laboral cuando las personas propietarias se ven incapaces de hacer frente al pago de su hipoteca.
“Estas situaciones son fruto de las políticas de recortes y no de la casualidad”. “Desde el inicio de la crisis de 2008 hasta hoy, crisis que se solapa con la causada por la pandemia del covid-19, el número de personas desempleadas en Barakaldo va camino de triplicarse, pues ya son 7.628 frente a las 3.269 de 2008. El porcentaje de las mismas que no recibe ningún tipo de prestación o subsidio ha pasado de ser el 69% en 2008 a ser el 85% en la actualidad”.
Los sindicatos y colectivos convocantes consideran que es urgente y necesario, poner freno a la especulación que conlleva que el precio de los alquileres se incremente mes a mes. Así, la renta media de un piso en Barakaldo era de 630 euros en 2012. Actualmente, la cifra asciende hasta los 790. Ante estos datos se exige a las autoridades mayores recursos para vivienda social.
Además se exige el cumplimiento del protocolo sobre desahucios y el acatamiento de las resoluciones internacionales que exigen que se garantice un alojamiento a las familias expulsadas de sus casas. Para lo cual se debe incrementar la partida presupuestaria destinada a las ayudas de emergencia social y a mantener el plazo de solicitudes abierto durante todo el año, tal como lo regula la ley, pues el 5 de noviembre el Ayuntamiento planea cerrar dicho plazo hasta febrero del año que viene.
