Inicio Leyes y Normas El acuerdo UP-PSOE sobre la vivienda rebaja las expectativas: ni frena la especulación ni paraliza los desahucios

El acuerdo UP-PSOE sobre la vivienda rebaja las expectativas: ni frena la especulación ni paraliza los desahucios

por Colaboraciones

El acuerdo alcanzado a toda prisa sobre la futura ley de vivienda para dar vía libre a los Presupuestos para 2022 implica un aldabonazo de Unidas Podemos a las políticas social liberales del PSOE en materia de vivienda. No hace ningún ataque a los sacrosantos derechos de propiedad de los grandes tenedores para poder atender la demanda social de vivienda digna a bajo coste, ni tampoco se vislumbra la creación de un parque de viviendas públicas urgente a costa de las viviendas en manos de la SAREB, los grandes bancos y fondos buitre. Es más, ni tan siquiera quedan prohibidos los desahucios para la población vulnerable.

El contenido de la futura ley acordada, según lo poco que ha trascendido de su contenido, se queda muy por debajo de las expectativas mínimas generadas por las líneas rojas que decía Unidas Podemos que no dejaría pasar. Quedándose incluso a la derecha de la aprobada por la Generalitat, que, aunque muy limitada, el Gobierno “progresista” tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Así, lo que ha trascendido de la ley y de manera resumida se limita a establecer una penalización a las viviendas vacías vía IBI -podrá crecer hasta un 150%- que depende de los ayuntamientos y ya el de Madrid ha dicho que no aplicará, pero solo para los grandes propietarios, aquellos que tengan más de 10 viviendas.

También, según ha adelantado el presidente Pedro Sánchez, se establecerá una ayuda en forma de bono de 250 euros mensuales directos a los jóvenes de entre 18 y 35 años, con ingresos inferiores a 3 veces el IPREM, para pagar el alquiler. Pero ya hemos visto lo que ha ocurrido con el IMV -del que solo se benefician un tercio de las familias previstas por el Gobierno-, teniendo en cuenta, además, que no solo los jóvenes tienen problemas para pagar los alquileres.

Eso sí, las familias vulnerables también se podrán beneficiar del bono incrementándose en un 40%, algo difícil de creer cuando ni siquiera se implementan ayudas básicas para el pago de suministros básicos que impidan los cortes de luz y otros suministros esenciales a familias vulnerables y el IMV, como se ha señalado, está en el dique seco de su aplicación prácticamente.

Respecto a la cuestión estrella que es la limitación de los precios del alquiler, la limitación se hará tomando como referencia, no los salarios, sino en base a un índice de referencia, ya disparado y muy por encima del porcentaje del salario que se determina por expertos que se destine al gasto de vivienda. Y, además, solo a los grandes tenedores -que representan solo el 10%- y solo cuando el mercado de vivienda de la zona esté aún más tensionado de lo normal.

Ese límite solo servirá para fijar el precio de las viviendas de las empresas con más de 10 viviendas, no superando así los precios de la zona, pero nunca bajándolos ni, sobre todo, ajustándose al valor real de los salarios. La cuestión es tan clara que hasta se tiene que dar la circunstancia de que los precios hayan escalado durante cinco años más de cinco puntos por encima del IPC y además que el precio medio del alquiler de la zona supere el 30% de los ingresos medios del hogar. Pero tienen que darse ambas juntas y, además, se parte de una media global en una zona determinada, no de la realidad concreta de las familias sobre su propio salario. Y solo para zonas tensionadas, claro está, cuando en realidad lo están todas respecto de los salarios.

Para colmo de males, se mantienen las primas y beneficios fiscales a los propietarios. Así, la idea de la ley es que en las áreas tensionadas se apliquen una serie de bonificaciones extraordinarias en el IRPF. Pasando del 60% actual al 70% si se cede el piso para alquiler social o se arrienda a una persona de entre 18 y 35 años. Y nada menos que alcanzará el 90% de bonificación si se baja el precio más de un 5% en zonas tensionadas. Si el dueño lo sube, puede hacerlo, tan solo pierde el 50% de la bonificación. Además, en las zonas tensionadas existe la posibilidad de la prórroga forzada del contrato, pudiendo subir, no obstante, el IPC. Un IPC que está disparado y muy por encima de las subidas salariales, 4% frente a un 1,6% de media, para los afortunados que tienen convenio.

Por último y para construir vivienda protegida, nada de confiscar los pisos de la SAREB, los fondos buitre o los bancos rescatados con 60.000 millones de euros tras la crisis financiera de 2008, sin indemnización y para crear un parque público de emergencia social. Sino que se limitan a obligar a una reserva del 30% de todas las promociones a realizar para vivienda pública. Todo en un país con un déficit de cientos de miles de viviendas públicas, tan solo el 1% del parque de viviendas es de carácter público. Y del 30% solo la mitad deberán destinarse a alquiler social.

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