11 millones de personas en exclusión social, 2,5 millones más que en 2018. Más de 6 millones en exclusión severa, cerca de 2 millones más que hace tres años, lo que convierte a este grupo en el que mas ha crecido durante la pandemia, según Un informe realizado por Cáritas y la Fundación FOESSA.
Pero no se trata sólo de contar o no con un empleo, sino de su calidad, que insiste en un problema ya detectado: los trabajadores pobres. “El empleo no asegura la integración social”, señala el estudio. La pandemia ha sido especialmente grave en lo referente a empleo y vivienda, señala Cáritas, que cifra en un 25% los hogares con “graves dificultades” en empleo, por ausencia o precariedad. El porcentaje de hogares con todas las personas activas desempleadas ha pasado del 5,9% en 2018 al 10,3% en 2021. El porcentaje de hogares cuya persona sustentadora principal está en “inestabilidad laboral grave” ha subido del 4,8% al 10,3% en el mismo periodo.
En cuanto a la vivienda, el quid no reside únicamente en la renta o la hipoteca. “Vivienda, energía, agua e internet son derechos humanos sistemáticamente vulnerados” 14% de los hogares quedan en pobreza tras cubrir los gastos del hogar, el informe alerta de un incremento de situaciones “hacinamiento” e “insalubridad”. La exclusión del consumo pasa del 14,5% en 2018 al 17,6% en 2021.
El informe cita varios condicionantes que empeoran la situación, como los hijos a cargo, dada la “debilidad de los apoyos públicos” a las familias. Están en “riesgo de exclusión” el 27% de las parejas con hijos, frente al 18% de las que no tienen hijos. El país de origen también marca. La pandemia “ha intensificado situaciones de exclusión críticas para la población de origen inmigrante y ha cronificado una obvia posición de desventaja” que se evidencia en una clara “sobrerrepresentación” de este grupo en el espacio de la exclusión (38% del total) y más aún en el de la exclusión severa (65%).
El informe considera “una fuga imparable hacia una sociedad más desigual”, fenómeno facilitado por “un sistema de protección social incompleto e insuficiente”, que no lo amortigua el Ingreso Mínimo Vital, “Algo más de un año después de su aprobación, aún un altísimo porcentaje de los hogares en situación de pobreza severa no cuenta con suficiente información para la solicitud”, denuncia Cáritas, que señala que tan sólo una cuarta parte de estos hogares ha recibido información “correcta y suficiente”. En consecuencia, únicamente un 26% de los hogares en “pobreza severa” han conseguido realizar el trámite, anota Cáritas. Uno de los resultados es que sólo el 18,6% de los solicitantes del IMV en “pobreza severa” lo está cobrando o al menos lo tiene concedido.
“La pandemia ha golpeado con mas fuerza a los que ya eran los perdedores, a los más frágiles, a los que tenían dificultades para mantenerse a flote, a los que no ha llegado el escudo social ni tenían el soporte de los mecanismos de protección propios, desgastados en la crisis anterior de 2008″.
La integración plena en 2021, es decir, la vida sin ningún rasgo de exclusión en áreas como vivienda, salud, educación, empleo y relaciones sociales, es disfrutada sólo por algo más de 4 de cada 10 hogares de España, un 41,2%, mientras en 2018 eran el 49,3%.
