El otoño está previsto que llegue con una previsión de despidos en torno al 30% de los 2 millones de personas en ERTE. Esto podría dar lugar a una oleada de desahucios que ya cuenta con un precedente en la crisis de 2008. Desde 2008 a finales de 2019 se ejecutaron más de un millón de desahucios en el Estado Español.
Esta crisis habitacional se ha agravado con la crisis del coronavirus. Pero con todas las cifras ofrecidas antes, según los medios de los capitalistas, ¿sabes qué parece que debes temer?, ¿qué aparece a todas horas como un peligro?. “Okupas”. Con la K bien marcada para que lo asocies a los movimientos sociales.
Precisamente lo que ha generado la aparición cada vez más frecuente de espacios okupados son los efectos de los millonarios planes urbanísticos y la falta de espacios de encuentro para colectivos, vecinos y organizaciones. A esto hemos de sumar el problema de la vivienda digna, los cierres de centros municipales dedicados a la educación y a la salud, al ocio y al deporte, la represión en los barrios más pobres, y en definitiva, las grandes mutaciones urbanas al servicio del mercado -que en favor de los negocios de los grandes grupos empresariales expulsan, aíslan y privan de servicios y espacios propios a los vecinos, sobre todo los más empobrecidos-.
Mientras tanto, en las noticias se repiten las historias terroríficas en las que prácticamente bajas a por el pan y te han quitado la casa unos terroríficos “okupas” de forma totalmente impune. No es el banco, ni un fondo buitre, sino gente pobre contra la que pedir mano dura. Teniendo en cuenta que durante esta crisis se ha ejecutado de media un desahucio cada 12 minutos, ¿quién es el lobo feroz de la historia?
Ya sea con la colaboración de la policía, de empresas semi-legales vinculadas a la extrema derecha, como Desokupa, o con las dos, las entidades financieras, fondos buitre, y alguno de esos humildes propietarios de una simple docena de pisos que apenas cobran 8.000€ al mes, se han dedicado durante este confinamiento a dejar en la calle, en plena pandemia, confinamiento y estado de alarma, a familias enteras a través de prácticas ilegales e incluso violentas sin que ni la policía ni el poder judicial hagan nada por impedirlo.
Mientras tanto, en 17 provincias el precio ha escalado en los últimos 4 años por encima del 10%. Este incremento ha sido aún mayor en las zonas más afectadas por la gentrificación ligada a la industria turística, como Baleares con una subida que llega al 19%, Canarias con el 14%, Catalunya y la Comunidad Valenciana con el 13% o la Comunidad de Madrid y Andalucía con el 12%.
El gobierno “progresista” dejó por fuera de su pacto de investidura cualquier medida de control y limitación de los precios del alquiler. Durante el Estado de Alarma se negaron a aprobar la suspensión de alquileres e hipotecas, y a cambio ofrecieron aplazamientos voluntarios o créditos del ICO para garantizar que los propietarios no dejaban de ingresar.
Mientras esta es la situación de miles de jóvenes y familias, en el Estado español hay más de 3 millones de viviendas vacías y se ha rescatado con 70.000 millones de euros a la banca que tiene cientos de miles de viviendas vacías. El problema no es la “okupación”, por mucho que los focos, los discursos de mano dura y las bandas sonoras drámaticas en las televisiones se empeñen en decir lo contrario.
¿Y si pensamos más allá de condenar o justificar a quien tiene que recurrir a entrar en una vivienda vacía y nos vemos cómo articular la pelea para que no tenga que haber más ocupaciones ni personas sin vivienda?
Solamente un programa que garantice el derecho a la vivienda y avance sobre los derechos y privilegios de los grandes tenedores puede evitarlo. Que parta de la prohibición permanente de los desahucios, la expropiación de las viviendas de los especuladores y la banca, la creación de un parque público de alquiler que se fije en un máximo del 20% de la renta familias y un plan de obras públicas hasta garantizar el acceso universal a una vivienda digna.
