José Antonio Gómez en Diario 16
El Tribunal Supremo adoptó una decisión absolutamente incomprensible respecto al IRPH que ha supuesto un golpe para los afectados, sobre todo después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que se declaró, con meridiana claridad, que si no se supera el control de transparencia, la cláusula es abusiva y, por tanto, nula. Sin embargo, el Supremo decidió en los 4 asuntos tratados que hubo esa falta de transparencia pero que no detectó abusividad. ¿Cómo es posible un sinsentido de tal calibre?
Además de destrozar, una vez más, el prestigio de las instituciones democráticas españolas, esta rebelión en contra de Europa llega en un momento en el que está en juego la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Juristas consultados por Diario16 afirman que todo esto no es más que la consecuencia de tener una administración de Justicia anquilosada en los cánones napoleónicos y de la soberbia del órgano de gobierno de la judicatura porque no han aceptado aún que el derecho comunitario es prevalente.
La decisión adoptada por el Supremo de ignorar totalmente la decisión del TJUE puede tener consecuencias por parte de la Comisión Europea. Diferentes expertos en derecho comunitario consultados por Diario16 coinciden en el hecho de que Europa podría llegar a intervenir el Supremo si incumple la sentencia del TJUE. «La Comisión podría enviar “hombres de negro” al Consejo General del Poder Judicial, y desde allí sancionar a los jueces que no apliquen derecho de la Unión, al igual que pasó con la economía», afirma a este medio un experto abogado en derecho comunitario.
Una sentencia del TJUE, en referencia a los tribunales de Polonia, indicaba claramente que los jueces de los distintos países miembros ya no lo eran en exclusiva de los Estados, sino que todos los jueces, por la cesión de soberanía de los países, lo son, con prevalencia, de la Unión Europea.
Por tanto, están obligados a cumplir de manera estricta las decisiones adoptadas por el TJUE que van en contra del derecho comunitario y, en el caso del IRPH el Supremo se ha rebelado contra la decisión de los tribunales europeos al no declarar la abusividad del índice a pesar de reconocer la falta de transparencia.
«La sentencia de Polonia afirma que los jueces de cada país son jueces de la Unión. No hay más jueces españoles, belgas o franceses. Hay jueces de la Unión de Bélgica, España o Francia, que aplican el derecho de la Unión y el del país. Para hacer un paralelismo, es el mismo caso que el de un juez de Madrid que va a Barcelona y ha de aplicar el derecho español y el derecho foral catalán», afirman las mismas fuentes judiciales.
Por tanto, a partir de ahí se puede esperar cualquier reacción de Europa, incluida la de la intervención por parte de la Comisión del Consejo General del Poder Judicial, porque en Luxemburgo ya tienen que estar muy hartos de estar recibiendo cada año miles de cuestiones prejudiciales relacionadas con la interpretación que algunos tribunales españoles hacen de los derechos de la ciudadanía respecto a los abusos de la banca.
