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STOP DESAHUCIOS Euskadi reclama medidas efectivas en relación con hipotecas y alquileres

Vivimos circunstancias extraordinarias que exigen a las administraciones públicas enfrentar la actual crisis de salud pública y amparar a los colectivos más vulnerables de la sociedad.

Especialmente a los que están viviendo de alquiler, dedican más del 40% de sus ingresos a gastos de vivienda, y viven amenazados por el riesgo de desahucio. A estos colectivos, el G.V. – ALOKABIDE tiene la obligación de garantizarles que el pago del alquiler y los suministros básicos no sean una preocupación, que no se vean obligados a decidir entre pagar el alquiler o atender a otros gastos de primera necesidad.

La GENERALITAT DE CATALUÑA bonificará cuotas en los más de 20.000 pisos de alquiler público, MADRID también ha tomado medida para 6.000 pisos públicos, y la GENERALITAT VALENCIANA exonera el pago del alquiler social a los afectados por el coronavirus.

En EUSKADI, G.V. – ALOKABIDE sigue sin decir nada a los más de 12.500 inquilinos de alquiler social. Es cierto que ALOKABIDE puede adaptar las rentas a reducciones de ingresos pero, en la actual situación de excepción, debiera comunicar públicamente que exonera de la cuota y gastos de comunidad durante tres meses, como contribución a la seguridad de familias que hoy son más vulnerables que nunca y necesitan un respiro.

Por otro lado, estamos viendo que empresas del sector inmobiliario, como BLACKSTONE, propietario de TESTA o ANTICIPA, con más de 30.000 viviendas en el estado, 520 de VPO en BENTA BERRI (Donostia), LAZORA, o ENCASA CIBELES (GOLDMAN SACHS), se están planteando la moratoria del pago de los alquileres durante dos meses, y dar posteriormente facilidades de pago. No están dispuestas a reducir su margen de beneficios, y con el argumento de apoyar a las familias intentan exclusivamente garantizar su pago sin perder un duro. Otras como VITALQUILER (925 VPO) en Gasteiz, o tenedores con cinco o más viviendas de alquiler, ni siquiera dicen

nada.

La PAH en el conjunto del estado, y muchas organizaciones sociales, estamos exigiendo al gobierno del estado que amplíe sus medidas sociales, y STOP DESAHUCIOS de EUSKADI al G.V. que empiece a coordinar una respuesta, dando fin al triste espectáculo de medidas dispersas de ayuntamientos y diputaciones, y complemente las medidas estatales en materia de vivienda.

Respecto del Estado, la moratoria del pago de la hipoteca durante un mes, para titulares y avalistas, significa que habrá que pagar después las cuotas demoradas. Además, la letra pequeña restringe su aplicación y hace insuficiente la medida. En situación excepcional, la BANCA, con 23.000 M. € de beneficios (2019) y una deuda de 65.000 M. €, y las grandes empresas, tienen que asumir también su contribución a esta crisis, exonerando de las cuotas hipotecarias o de alquiler mientras dure la actual situación a colectivos vulnerables. Tampoco es suficiente la actual moratoria del corte de suministros básicos y telecomunicaciones, sin decir siquiera como habrá que pagar después la factura, y creemos que hay que corresponsabilizar a los suministradores para que asuman el coste de las facturas a quienes no pueden pagarlas.

En esta crisis no somos todas las personas iguales, como se está viendo, y es nuestra obligación exigir que las medidas sociales sean suficientes y justas, sobre todo para quienes más las necesitan.

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