Stop Desahucios de Euskadi valora positivamente la suspensión de los desahucios durante seis meses desde que finalice el estado de alarma, para hogares vulnerables afectados por el coronavirus, pero exigen que se acate el derecho y la jurisprudencia internacional, que obligan a no desahuciar a ninguna persona vulnerable sin previa alternativa habitacional adecuada. Igualmente, les parece positivo que se prorroguen durante seis meses los contratos que venzan hasta dos meses después de acabar la alarma, porque hay que acabar con la práctica de elevar abusivamente las rentas al finalizar los contratos.
En relación a la definición de hogares vulnerables, consideran que deben entrar todas las personas que puedan justificar una reducción drástica de sus ingresos a consecuencia del coronavirus, bien sea por quedarse sin empleo, cobren o no subsidio, por reducción de jornada, o por cualquier otra circunstancia justificable.
Respecto a los caseros, les parece justo y necesario que se distinga entre propietarios particulares y grandes tenedores de viviendas en alquiler, y que en el primer caso se habiliten créditos del ICO sin interés, y un periodo largo para pagarlo en función de los ingresos, y el aval del Estado si al final no pueden pagarlo. No comparten, sin embargo, que se considere grandes tenedores sólo a los que negocian con más de diez viviendas. Pero lo que les parece inaceptable es que “fondos buitre” y grandes caseros, como azora en Donostia, no sean los que asuman, con cargo a sus beneficios, el costo de los alquileres en la actual situación de crisis.
Dejar que sea la patronal inmobiliaria del alquiler la que decida, tras la solicitud de aplazamiento del afectado, o bien condonar el 50% o reestructurar la deuda, sitúa a los inquilinos, que ya venían siendo objeto de explotación por medio de alquileres especulativos, en una inferioridad total frente a sus caseros. es indecente sobreendeudar a colectivos que dedican a pagar la renta, gastos de comunidad, tasas, y suministros básicos, más del 40% de sus ingresos, lo que afecta a derechos fundamentales como la salud, la educación, o los derechos de los menores. Plantear, además, que cuando los inquilinos vulnerables no puedan pagar a estos grandes tenedores, sea el Estado el que cubra el gasto, es escandaloso, porque las SOCIMIS no pagan impuesto de sociedades y manipulan los precios a través de sus portales inmobiliarios como El idealista, y los bancos deben más de 60.000 M€ de ayudas públicas que no piensan pagar.
Stop Desahucios Euskadi van a seguir exigiendo la condonación de hipotecas por los bancos y de alquileres por fondos y tenedores que especulan y hacen de la vivienda su negocio, y reclamar al gobierno vasco que se adopten medidas para frenar la especulación de los alquileres y que, en aquellas zonas en las que el coste medio de los alquileres, más gastos de comunidad, tasas, y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios de las familias, se fije obligatoriamente este tope para personas y hogares vulnerables.
