Ya ocurrió con la reforma de las pensiones, el escudo social, el Ingreso Mínimo Vital o con el plan de choque del Gobierno por el precio de la luz. Mientras los representantes del Gobierno celebraban un nuevo “acuerdo histórico”, los colectivos sociales denunciaban que no había lugar para “triunfalismos” hasta que esas leyes lleguen a quienes más las necesitan. Y ha vuelto a ocurrir con la más esperada de todas las leyes, aquella que tendría que dar respuesta a más de una década de protestas, desahucios parados, iniciativas legislativas y presión política, aquella que tendría que dar respuesta a uno de los mayores problemas de la población española.
La Ley de Vivienda ya tiene letra y articulado después de ser validada por el Consejo de Ministros de este 26 de octubre y su resultado está muy lejos de resultar aceptable para la amplia alianza de organizaciones sociales y sindicales agrupadas en la Iniciativa Ley de Vivienda. Desde las primeras filtraciones sobre la fórmula del pacto entre Unidas Podemos y PSOE para destrabar la aprobación de la norma, el desencanto entre el movimiento de vivienda ha ido en aumento.
En una rueda de prensa frente al Congreso celebrada este 25 de octubre, los portavoces de la Iniciativa Ley Vivienda calificaban de “nueva decepción” el texto presentado. Para estas 120 organizaciones, esta ley “es sinónimo de más desahucios, más subidas de alquileres y más desprotección al derecho a la vivienda”.
La “cautela” que expresaron en las primeras semanas, una vez analizada la totalidad de ley, se ha convertido en “una profunda indignación por su corto alcance y su evidente falta de ambición para solucionar la dramática situación de emergencia habitacional” que se vive en España.
Las principales reivindicaciones históricas del movimiento de la vivienda, señalan en un comunicado, no figuran en el texto aprobado por el Consejo de Ministros o han sido desvirtuadas, pospuestas o enterradas por la letra pequeña. “Tal y como está planteada, será un milagro si tiene algún efecto en nuestras vidas”, decía Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinas) de Catalunya.
Según denuncia este sindicato, la ley del Gobierno “no garantiza el derecho a la vivienda y obvia todas las propuestas que las organizaciones sociales han estado trabajando para acabar con los desahucios, las subidas de los alquileres y el sinhogarismo”.
Pero hasta que la ley sea aprobada definitivamente por el Congreso hay margen para modificarla. “Habrá que pelear, y mucho. Pero montañas más altas hemos subido”, sostiene Palomera.
Las críticas del movimiento de vivienda no parecen referirse a la misma ley de la que habla Unidas Podemos. El hecho de ser la primera ley estatal de vivienda, que por primera vez se legisle sobre el precio de los alquileres o que abre la puerta a penalizar la vivienda vacía supone para Ione Belarra, responsable de la negociación con el PSOE por parte de la formación morada, un “cambio absoluto de paradigma”. Según afirmó la secretaria general del partido poco después del Consejo de Ministros, la Ley de Vivienda va a permitir “avanzar en la garantía del derecho a la vivienda” y pondrá “coto a la especulación financiera”. Días antes, en un encuentro en el Congreso para hablar sobre la ley, Belarra confesaba que esta había sido “la negociación más difícil de cerrar” y solo ha sido posible llegar hasta allí “gracias a los movimientos de vivienda”.
Las presiones no se dan, por supuesto, solo desde las organizaciones que defienden el derecho a la vivienda. El PP ya ha anunciado que la recurrirá ante el Constitucional, no la aplicará donde gobierna y, en el caso de llegar al poder, la derogará. Las presiones del lobby de la banca, los fondos de inversión y del área económica del Gobierno, liderada por Nadia Calviño, dibujan una tramitación difícil. Así lo contaba la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en las mismas jornadas celebradas en el Congreso: “No nos podemos confiar porque esto no ha terminado: una vez que pase por el Consejo de Ministros y empiece el trámite parlamentario debemos estar muy atentas porque las presiones de los sectores especulativos financieros se van a triplicar. Vamos a tener que estar muy movilizados dentro y fuera de la institución”. Según esta antigua activista de la PAH, “el PSOE puede tener la tentación de dilatar el proceso de tramitación, que es una de las maneras que tienen de boicotear una norma; esta ley que ya está acordada debe aprobarse con celeridad y no debe ser descafeinada”.
Regulación de alquileres, ni eso
La Ley de Vivienda recoge la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan declarar zonas tensionadas durante tres años en base a unos criterios objetivos, entre ellos que los gastos de vivienda y suministros supongan más del 30% de los ingresos de los hogares de un territorio o que los precios de la vivienda hayan subido al menos un 5% más que el IPC autonómico.
Para todos los inquilinos, la ley contempla una prórroga extraordinaria de tres años una vez finalizado el contrato de cinco años, con renovaciones anuales en las que los precios estarían congelados en las zonas declaradas tensionadas. Estas prórrogas serían obligatorias, a menos que alguna de las partes renuncie a renovar el contrato. Para intentar bajar los precios, el Estado ofrecerá además ventajas fiscales.
De forma complementaria, los grandes tenedores, aquellas personas jurídicas con más de diez viviendas o 1.500 m2 de uso residencial, cuando renueven sus contratos tendrán que adaptar los precios de sus alquileres a los índices de referencia, una media de los precios existentes en el mercado. Esta medida no se aplicará hasta 18 meses después de la aprobación de la ley para que la “administración estatal establezca un sistema que pueda ser utilizado para aplicar dichas limitaciones en los precios del alquiler en zonas tensionadas”, según la ley presentada este 26 de octubre.
En ambos casos, los pequeños y grandes tenedores podrán aumentar los precios hasta un 10% si han realizado una rehabilitación de la vivienda, han mejorado la eficiencia energética o si firman contratos por periodos mayores a diez años.
Una de las principales críticas del movimiento de vivienda a la ley es que las posibilidades de que se termine aplicando la regulación de los alquileres son mínimas. Y, en el caso de que se llegue a aplicar en alguna comunidad autónoma, la regulación resultaría “altamente insuficiente”, es decir, en el buen camino, pero sin la fuerza necesaria para que se note en el día a día de los tres millones de hogares que tienen que dedicar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o de los jóvenes que no pueden independizarse porque deberían dedicar más del 100%, como es el caso de Madrid.
El carácter optativo del regulación de los alquileres, que deja en las comunidades autónomas la decisión de declarar zonas tensionadas y, por lo tanto, de aplicar los topes a los precios, es para el portavoz de la PAH, Paco Morote, una demostración de que el Gobierno “no quieren afrontar un problema que le llevaría a enfrentarse a sectores muy poderosos económicamente”. Este activista califica de “lamentable” que el Gobierno deje “al albur de otras administraciones el ejercicio por parte de la ciudadanía de un derecho”. Contrapone la propuesta del Gobierno con el funcionamiento de otros derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como la sanidad o la educación, donde el Estado establece unos mínimos que luego desarrolla cada comunidad autónoma. De partida, la regulación no se aplicará en las comunidades gobernadas por el PP ―Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León y Murcia―, donde viven 21 millones de personas, ni en ciudades en manos del PP en otras comunidades, entre ellas Zaragoza, Teruel, Oviedo, Santander, Badajoz o Alicante.
Según critican las organizaciones sociales, la ley “renuncia a establecer garantías frente a la insumisión ya anunciada por algunas de las comunidades autónomas aumentando el riesgo de discriminación en función del lugar de residencia”.
El tema de los plazos es otro de los factores que comprometen la aplicación de la ley. El trámite parlamentario —pese a que se ha optado por un procedimiento de urgencia— puede llegar a durar muchos meses y la moratoria de un año y medio que incluye la ley para empezar a aplicar las reducciones de precio a los grandes tenedores hacen que las partes más avanzadas de la ley estén condicionadas a que el bloque progresista gane las elecciones generales previstas para finales de 2023. Una victoria frente al bloque de la derecha y extrema derecha que la mayoría de las encuestas no avala.
En el caso de que el bloque progresista consiga formar gobierno en las próximas elecciones y la Ley de Vivienda pase el filtro de las administraciones locales, la regulación del alquiler no supondrá por sí misma un gran alivio para las familias, agregan. Según la Iniciativa Ley de Vivienda, “la Ley del Gobierno no contrarresta las brutales subidas del alquiler de los últimos años, y se centra en la posibilidad de acogerse a prórrogas anuales manteniendo el mismo precio y condiciones, condenando a los inquilinos a una situación incierta y asfixiante”. Para estos colectivos, “la medida estrella del Gobierno para esta Ley nace estrellada”.
Las reducciones fiscales por reducir un “ridículo 5%” el precio del alquiler, argumentan, suponen un “regalo a los especuladores de la vivienda” y “benefician a las rentas altas y perjudican a las bajas”. Pero eso no es todo, continúan: “Hacienda no está preparada para comprobar que quien declara haber bajado el precio para tener más beneficios fiscales lo ha hecho de verdad”. Tampoco para comprobar que quien afirma haber hecho una reforma y ha subido un 10% el alquiler la ha hecho realmente en los términos que recoge la ley.
Sin garantías para frenar los desahucios
La Ley de Vivienda contempla un procedimiento que “no tiene precedentes”, según las palabras de Ione Belarra, para ofrecer una alternativa habitacional a las familias vulnerables en proceso de desahucio. Cuando esta ley se publique en el BOE, los juzgados estarán obligados a comprobar con Servicios Sociales la vulnerabilidad de las familias o de las personas antes de desahuciarlas. En el caso de que haya una situación de vulnerabilidad las comunidades autónomas deberán ofrecer “una alternativa de vivienda digna en alquiler social”, según el texto de la ley.
Sin embargo, una vez más la letra pequeña puede estropear las mejores intenciones, según puntualizan desde los colectivos de vivienda. “La ley de vivienda no impide que siga habiendo desahucios sin alternativa habitacional de personas y familias vulnerables si se superan los plazos establecidos por la ley”, denuncian. En concreto, los plazos recogidos en la ley son de dos meses en el caso de los pequeños propietarios y de cuatro meses para los grandes tenedores según el texto de la ley.
Para que esta prohibición de desahucios sin alternativa habitacional sea una realidad no se necesita solo de la colaboración de las comunidades autónomas, sino también de los juzgados, especialmente cuando la PAH lleva meses denunciando que muchos jueces no cumplen con este principio de precaución ya recogido en la moratoria de desahucios del escudo social. Y para ofrecer alternativas dignas también se necesitan viviendas disponibles en el parque público.
Para atajar este problema, la Ley de Vivienda recoge tres medidas: la prohibición de vender vivienda y suelos públicos, la obligación de reservar el 30% de los nuevos desarrollos urbanísticos a vivienda protegida y la posibilidad de que los Ayuntamientos graven las viviendas vacías con un recargo del 150% en el IBI.
Sin embargo, desde la PAH señalan que pasarán años antes de que esas nuevas urbanizaciones estén construidas mientras que la emergencia habitacional es un problema del presente. La mayoría de las medidas que el movimiento de vivienda lleva años reclamando y que podrían significar una rápida disposición de vivienda pública han sido ignoradas. La ley no obliga a los grandes tenedores a ofrecer alquileres sociales a las familias vulnerables como alternativa al desahucio, como sí ocurre con la ley catalana 24/2015. Tampoco permite recuperar las viviendas vacías en manos de los bancos rescatados ni resuelve avanzar en la transferencia al parque público del gigantesco patrimonio inmobiliario de la Sareb, cuyas deudas sí tendrá que hacerse cargo el Estado.
Desde la PAH y el resto de colectivos que presentaron una proposición de ley alternativa en el Congreso también señalan falta de medidas y mecanismos “que eviten el sobreendeudamiento de las familias, incorporando la responsabilidad limitada al bien y una regulación justa y gratuita de la segunda oportunidad”. La dación en pago para las familias vulnerables que han perdido su vivienda y siguen pagando al banco es otra de las históricas demandas del movimiento por la vivienda que no tienen un lugar en esta ley.
Tampoco la protección de las personas sin hogar está garantizada, según denuncian desde la Iniciativa Ley de Vivienda. “La ley del Gobierno no establece y ni siquiera impulsa ninguna medida adicional ni distinta a las que ya se vienen aplicando con los resultados conocidos de cronificación del sinhogarismo”, indican.
“Es difícil de entender que la ministra Ione Belarra y la vicepresidenta Yolanda Díaz reconozcan que la ley es ‘poco ambiciosa y no les gusta’ pero hayan renunciado a tramitar nuestra Ley de garantía del Derecho a la vivienda digna y adecuada que registraron en el Congreso solo cinco días antes junto con otros ocho partidos políticos, para firmar deprisa y corriendo un acuerdo que ni garantiza el Derecho a la Vivienda ni se vislumbra como solución del drama de vivienda que sufre nuestro país”, señalan en un comunicado las 120 organizaciones de la Iniciativa Ley de Vivienda.
Sin embargo, desde esta plataforma siguen pensando que hasta que sea finalmente aprobada en el Congreso hay tiempo para salvar la Ley de Vivienda y piden a “todos los partidos que avalaron con su firma” el registro de la ley elaborada por esta iniciativa “que sigan respaldándola, tanto impulsando y apoyando su pase al Pleno del Congreso, como confrontando al Gobierno y enmendando” el texto validado por el Consejo de Ministros.
