Se confirma: no habrá derogación de la reforma laboral del PP. Este jueves el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos confirmaba el acuerdo con la patronal CEOE y las direcciones de CCOO y UGT para aprobar una nueva reforma que deja intactos muchos de los aspectos más lesivos de la de 2012.
La operación de prensa de Yolanda Díaz, Sordo y Álvarez ha sido realmente exitosa. Han sido capaces de instalar, con la ayuda de los grandes medios de la prensa, la idea de que estamos ante una transformación del sistema de relaciones laborales que acabará con la temporalidad y precariedad. Garamendi sin embargo se felicitaba del acuerdo porque según él “consolida el modelo laboral actual y asegura la libertad de empresa”.
Si vamos a la letra del texto la percepción de la gran patronal se acerca mucho más a la realidad que la enésima campaña de relato del gobierno “progresista”.
El despido queda casi libre y barato
La generalización del despido improcedente con 33 días de indemnización por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades permanece intacta. La rebaja de los 45 días y 42 mensualidades anteriores comenzó a introducirla en determinados casos la reforma de Zapatero de 2010 y fue Rajoy quien la extendió como norma.
Tampoco se recuperan los salarios de tramitación, que obligaban a las empresas a pagar todas las mensualidades entre la fecha del despido y la sentencia que reconocía la improcedencia del despido, y que les hacía pensárselo dos veces a la hora de dar la patada sin causa justificada.
Pero la patronal podrá incluso poder seguir pagando aún menos. Con la reforma de 2012 se amplió la causalidad de despido objetivo – procedente – a un abanico de posibilidades que era más bien barra libre para la patronal. Las causas “económicas, técnicas, organizativas o de producción” siguen ahí, con lo que empresas con beneficios podrán seguir despidiendo a 20 días de indemnización y un tope de 12 mensualidades sin ningún problema.
La precariedad y subcontratación seguirán siendo un pilar del modelo
Esta misma barra libre de causas es la que la patronal podrá también seguir usando para aplicar modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. Los famosos descuelgues de convenio en materia salarial, de jornada o condiciones que han podido aplicar en todos estos años con la complicidad de la burocracia sindical y delegados amarillos, y que son uno de los motores de la extensión sin precedentes de la precariedad en muchas empresas. La única modificación incorporada es que estas rebajas deberán contar ahora también con el visto bueno de la autoridad laboral.
Las promesas de regular y limitar la subcontratación han quedado también por fuera. Únicamente se obliga a las empresas subsidiarias a tener que ajustarse al convenio de la empresa o sector donde han sido contratadas y no a uno propio o de origen. Una equiparación de condiciones aparente con las y los trabajadores de plantilla pero que fácilmente se podrá burlar acogiéndose a categorías profesionales más bajas. Estos trabajadores seguirán por fuera de la elección y representación sindical de los lugares donde trabajen.
Los despidos colectivos seguirán pudiéndose hacer por casi cualquier causa
Otra de las palancas que fortalecieron enormemente a la patronal fue la eliminación del control de parte de la autoridad laboral de los Expedientes de Regulación de Empleo. Esto ha limitado muchísimo en la pasada década la capacidad de presión de huelgas y movilizaciones. Casos como la huelga histórica de Panrico lo atestiguan, su empresa, comprada por un fondo buitre, realizó despidos masivos a pesar de los 8 meses de huelga mientras la Generalitat se lavaba las manos descaradamente.
Según lo firmado este control administrativo se recuperaría, aunque solo en la constatación de que el ERE en cuestión cumpliría alguna de las causas que lo permiten. Pero ¿Cuáles son esas causas? Las mismas “económicas, técnicas, organizativas o de producción” que el despido objetivo, es decir por casi cualquier cosa.
El convenio de empresa seguirá prevaleciendo en todo salvo el salario
Las modificaciones en la negociación colectiva se han presentado como el gran cambio. Se recupera la ultractividad de los convenios, pero el alcance de esta medida no es retroactivo, y por lo tanto bastante limitado. Aquellos convenios que tenían recogida esta clausula pudieron mantener la ultractividad a pesar de la reforma de 2012. Los que no era así en su inmensa mayoría se han extinguido o renovado a la baja. La única medida de alcance real en este terreno hubiera sido reinstalar los convenios y condiciones caída, nada de eso se ha tratado si quiera en la mesa de negociación.
Sobre la recuperación de la prevalencia del convenio de rango superior ésta tampoco se ha aprobado. Solamente en el aspecto salarial de los convenios se deberá respetar el mínimo que marque el de sector o rango territorial superior. Pero en materia de jornada, horario, compensación de horas extra y todas las otras muchas condiciones que condicionan el día a día los de empresa mantendrán su prevalencia.
Una “lucha” contra la temporalidad sin fortalecer la inspección que es letra muerta
En el terreno de la temporalidad la reforma de Díaz plantea una simplificación del número de contratos temporales. El temporal podrá tener una duración máxima de 6 meses y requerirá una justificación del motivo y de la duración. Esto último no es ninguna novedad, todos los contratos basura existentes hasta ahora tienen una causalidad definida. Sin embargo el incumplimiento sistemático de esta tiene un coste bajísimo o nulo para la patronal, entre otras cosas, porque el cuerpo de inspectores de trabajo sigue en mínimos y no hay plan de reforzarlo.
Sobre la duración de 6 meses esto no implica que se puedan encadenar contratos temporales. La obligación de la empresa de hacer fijo a un temporal hasta ahora se debía aplicar cuando este llevaba 24 meses en esa situación. La reforma rebaja el periodo de tiempo a 18 meses dentro de 2 años, lo que supone una modificación mínima. Los empresarios solo tendrán que ajustar en seis meses la “alerta” de que deben prescindir de ese eventual para no tener que hacerlo fijo. Eso si no deciden mantenerlo en situación de abuso de temporalidad, como están hoy cientos de miles de trabajadores ante la inacción mentada de la inspección.
La otra variante de temporalidad será la de cubrir una vacante – por baja por enfermedad, maternidad, otros permisos…- que ya existía, y un nuevo contrato de formación para menores de 30 años en el que se podrán encadenar contratos de mínimo 3 meses en los 3 años posteriores a haber acabado los estudios. Un contrato de empleo juvenil que deja a la juventud trabajadora expuesta a un bautismo laboral de precariedad y trabajos basura.
ERTEs y el Mecanismo RED ¿Hacia una nueva reconversión industrial?
Gran parte de la filosofía de la nueva reforma, con la que Garamendi está contentísimo, es que el Estado se ofrece como socio preferente de las empresas para cubrir gastos y pérdidas, en ningún compartir beneficios claro.
Así a aquellas empresas que mantienen una alta rotación de contrataciones temporales en vez de obligarles a hacerlos fijos, les ofrece que se acojan a la contratación fija-discontinua, por la que pueden contar con plantillas estables pero en aquellos periodos en que su actividad de se reducida será el Estado quien se haga cargo de sus retribuciones.
La otra herramienta son los ERTE, de los que se han beneficiado enormemente empresas con beneficios durante toda la pandemia, para después llevar adelante despidos masivos, como fue el caso de El Corte Inglés. Díaz ya había manifestado su voluntad de perpetuar y generalizar este mecanismo, y su reforma incluye un mecanismo para ello.
El Mecanismo RED permitirá a las empresas solicitar reducciones de jornada o suspensiones de contratos a cambio de que ofrezcan formación para el reciclaje o recolocación de sus empleados en otras empresas o sectores. Esta ayuda podrán pedirla tanto en el caso de que tengan necesidades puntuales por algún tipo de crisis como en sectores enteros que entren en vías de liquidación o reconversión.
Como parte del plan presentado a la UE para el acceso a los fondos el gobierno se comprometía a aplicar “varias reformas del mercado laboral, incluido un mecanismo de estabilización y flexibilidad que permitiría a las empresas hacer frente a los ajustes” y la “puesta en marcha de convenios de transición justa (…) para minimizar “los impactos económicos y sociales”. A falta de que se concrete las condiciones RED recuerda a los planes de formación y reindustralización que en los años 80 aplicó el gobierno de Felipe González en las zonas afectadas por la reconversión industrial. Un “chocolate del loro” que ni generó empleo sustitutivo ni solventó la gravísima crisis social en que se hundió a regiones enteras, pero que se utilizó para cubrir con relato, cursillos y subsidios – que en este caso solo se alargarían durante un año – el brutal ataque que supuso aquel ajuste industrial.
Primeras voces sindicales contra el acuerdo
La nueva reforma laboral ha conseguido una foto como la lograda en los 90 por Aznar o en 2006 por Zapatero. Un consenso entre los llamados agentes sociales, esa triada de “gobierno, patronal y sindicatos”, que cada vez que se sentaban firmaban algún recorte de derechos. Las ETTs, los contratos basura, las subcontratas no se impusieron por parte del PP y el PSOE con CCOO y UGT enfrente, sino en la mayor parte de los casos desde 1997 con su firma.
Sin embargo algunas voces desde la izquierda sindical han salido ya a manifestar su oposición a esta nueva reforma. La CGT ya denunciaba en noviembre, mientras se estaba negociando, que lo que se iba conociendo anunciaba una reforma que traería más despidos. El sindicato vasco ELA consideraba este jueves que “la patronal ha impuesto su veto a gobierno, CCOO y UGT para seguir con los despidos masivos y los convenios estatales de miseria”. LAB por su parte declaraba que “las modificaciones realizadas no responden las reivindicaciones y demandas de la clase trabajadora vasca”.
Lo cierto es que lo acordado no solo es insuficiente y deja en pie lo esencial del andamiaje de precariedad impuesto por los gobiernos del PSOE y PP. La transferencias de recursos públicos para sufragar las pérdidas de los capitalistas y mecanismos como RED pueden asentar un nuevo andamiaje jurídico para los despidos masivos, cierre y reconversiones que el capitalismo español tiene por delante y el gobierno “progresista” se propone dirigir con su proyecto basado en los fondos europeos.
Por eso es clave que no se deje pasar. El sindicalismo alternativo, junto a los sectores de CCOO y UGT que se nieguen a acéptala, la izquierda anticapitalista y los movimientos sociales, debemos poner en pie una fuerte campaña de denuncia del acuerdo en todos los centros de trabajo. Convocar asambleas y reuniones de coordinación entre las diferentes organizaciones para definir un plan de movilizaciones que logre imponerse a la política servicial con gobierno y patronal de las direcciones de CCOO y UGT. Revertir una década larga de ataques sin precedentes a nuestras condiciones laborales no nos lo regalarán desde Moncloa, como Podemos, IU y Yolanda Díaz llevan meses prometiendo. Será necesario arrancárselo a la patronal y a este falso “progresismo” que ha demostrado una vez más para quien gobierna.
