Ayer varios cientos de personas se concentraron con el lema: “NO QUEREMOS SER CÓMPLICES”, de crímenes de guerra ni de la violación del derecho internacional y humanitario, atendiendo a la llamada de; Amnistía Internacional, Colectivo Gasteizkoak, FundiPau, Greenpeace, KEM-MOC, la Plataforma Ongi etorri Errefuxiatuak Bizkaia y Oxfam Intermón, donde difundieron un comunicado de denuncia de la venta de armas, donde recientemente se ha conocido que desde octubre de 2016, el Puerto de Bilbao ha sido testigo de la carga de más de 300 contenedores de explosivos con destino a Arabia Saudí.
Esta información se ha conocido gracias a la valentía de alguien que no quiso ser cómplice y a pesar del secretismo institucional respecto al comercio de armas, tan conveniente para las empresas del sector.
Estos explosivos son solo una parte de los 650 millones de euros en armas que España ha vendido a Arabia Saudí desde 2015, a pesar del riesgo de complicidad en la comisión de crímenes de guerra en Yemen donde, desde marzo de 2015, una coalición de países encabezada por Arabia Saudí bombardea sin piedad a la población civil, mercados, escuelas, hospitales y hogares, en un conflicto en el que tanto la coalición saudí como los rebeldes huzíes ignoran impunemente el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Esta “lluvia de bombas” se ve agravada por el bloqueo naval y aéreo impuesto por la coalición saudí que dificulta el acceso de la ayuda humanitaria. La guerra ha sumido a Yemen en la hambruna, la miseria y ahora en una epidemia de cólera que afecta ya a casi medio millón de personas y se ha cobrado 2.000 vidas.
Más allá del dilema moral de las relaciones comerciales con un país que viola los derechos humanos de forma flagrante, las ventas de armas a Arabia Saudí son operaciones ilegales. No solo violan el Tratado sobre el Comercio de Armas que prohíbe la transferencia de armas si el estado exportador sabe que podrían utilizarse para cometer o facilitar crímenes de guerra, sino también la ley española sobre comercio de armas, que establece que no se autorizará la venta de armas cuando existan indicios racionales de que puedan ser empleadas en situaciones de violación de derechos humanos.
Por esta razones, los colectivos convocantes piden al Gobierno español que suspenda la venta de armas a Arabia Saudí y los demás países de la coalición que encabeza y opera en Yemen y deniegue las autorizaciones de exportación de armas a Arabia Saudí mientras se siga teniendo información, o mientras subsista un riesgo sustancial, de que se puedan emplear para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.