El 15 de septiembre de 2016 en el barrio de Zabalgana de Gasteiz, una inquilina de un piso de Alokabide, madre de tres hijos, fue desalojada de su vivienda tras constatar una deuda de 9.000 euros, generada durante 22 meses, con la sociedad pública del Gobierno Vasco, que gestiona el parque de viviendas de alquiler de protección oficial.
Durante el desahucio seis activistas que protestaban pacíficamente de cerca de un centenar de personas, fueron identificados por la Ertzaintza, a pesar de que la protesta fue debidamente comunicada como una violación grave” del pacto internacional de Derechos Humanos que exige que no haya “ningún desalojo sin alternativa habitacional”. Finalmente el Consistorio ofreció un apartamento de acogida como hogar para la madre y sus hijos desalojados.
A finales del pasado mes de agosto estas personas recibieron la comunicación de un expediente que contiene una propuesta de sanción por valor de 602 euros en concepto de aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida ley mordaza. Desde el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco se les acusa de “obstrucción a la autoridad” durante el desalojo de la vivienda.
En un comunicado hecho público desde la plataforma Kaleratzeak, en el que dieron a conocer las sanciones, consideran que se encuentran actualmente en una situación de “indefensión jurídica clara” ante la situación de que “somos los denunciados los que tenemos que probar nuestra inocencia, en lugar de que los tribunales tuvieran que probar nuestra culpabilidad”,
La plataforma recuerda cómo aquella actuación de desahucio, se iba a llevar a cabo sin que existiera una “alternativa habitacional” para esa familia, ante la propuesta del Ayuntamiento de Vitoria de ofertar plazas en un albergue municipal, “lleno en esa fecha”, en la que se produjo el desahucio.
Junto a su intención de no abonar los 602 euros y recurrir las sanciones recibidas, este colectivo hace un llamamiento a una concentración para el jueves 14 de septiembre, en la Plaza de la Virgen Blanca, en la que tratarán de “recabar la solidaridad para que el Gobierno Vasco archive el expediente” y expongan de manera pública las secuelas derivadas del desahucio ocurrido el 15 de septiembre de 2016.
Así mismo esta plataforma recuerda también la moción aprobada en el Parlamento vasco, el 22 de junio de 2016, en la que salió adelante el rechazo a la ley mordaza por “vulnerar derechos fundamentales” y a no aplicar la ley en Euskadi y denunciar públicamente su aplicación y solidarizarse con la personas afectadas. En aquella ocasión se aprobó el documento con el voto favorable de PNV, PSE-EE, EH Bildu y Podemos. A pesar de esa decisión en el legislativo, la plataforma denunció “los 4.550 expedientes abiertos por denuncias de la Ertzaintza”. Una de ellas es impuesta a un periodista de la emisora Hala Bedi durante los incidentes registrados en Errekaleor la jornada en la que técnicos de Iberdrola procedieron a cortar la luz en los pisos ocupados del barrio.
