Araba

El sector del Metal de Araba cuenta con veinte mil trabajadorxs. Después de cuatro años de negociaciones infructuosas, han decidido comenzar las movilizaciones para conseguir mejoras en el convenio sectorial. Llevan más de 20 años sin un convenio. Durante este tiempo todos han sido pactos de eficacia limitada firmados en minoría.

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Ayer el Parlamento Vasco dio el aval a la Reforma fiscal, tras el acuerdo del PNV, PSE y PP en las tres Juntas Generales, cuyo punto fundamental es la bajada de la tributación de las empresas del 28% al 24%, por debajo del 25% del resto de España. El acuerdo fiscal se tramitará en forma de enmiendas conjuntas en las tres Juntas Generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Además el PNV,PSE y PP, tienen la caradura de decir que subirá la recaudación por el Impuesto de Sociedades cuando esta ha descendido en Euskadi el 45,4% desde 2008 hasta 2017. Es inconcebible que las empresas se lleven más de la mitad de la riqueza vasca (PIB) y solo paguen 7€ de cada 100 recaudados por hacienda. El impuesto de sociedades es la gran bolsa del fraude fiscal.

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Este acuerdo supondrá una bajada de la tributación de las empresas del 28% al 24% en dos años. El tipo para ‘pymes’ también disminuirá cuatro puntos, del 24% al 20%, igualmente en dos ejercicios. Entrará en vigor en el 2018.

El acuerdo fiscal se tramitará en forma de enmiendas conjuntas en las tres Juntas Generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. A falta de conocer la letra pequeña, los cambios afectarán “principalmente” al Impuesto de Sociedades, que bajará en su tipo general del 28% al 24%, por debajo del 25% del resto de España. El acuerdo a tres adelanta que habrá pacto presupuestario en Euskadi para 2018.

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La concentración organizada por la plataforma Kaleratzerik ez-Stop Desahucios Álava, ha contado con la presencia de cinco de los seis sancionados durante el desalojo de una madre de tres hijos en el barrio de Zabalgana, que también se sumó a la protesta, de un piso del parque de viviendas de alquiler de protección oficial el 15 de septiembre de 2016.

En la concentración se leyó un comunicado de la plataforma donde denunciaron que; “ha habido más de 700.000 ejecuciones hipotecarias, y más de 500.000 desahucios. En estos años ha sido necesario desobedecer leyes injustas, parando  miles de desahucios, mientras veíamos que se incumplían todas las leyes, estatales e internacionales, relativas al derecho a la vivienda y a la prevención de desahucios forzosos”.

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Bajo el lema “El pueblo tiene la última palabra” se han congregado esta tarde a más de 300 personas  en la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria en protesta contra “el avance de los trámites” para la demolición del barrio ‘okupa’ de Errekaleor,  aprobado con los votos del PNV, el PSE y el PP.

En esta concentración un miembro de este colectivo ha explicado que después de la decisión del Ayuntamiento; “la mejor defensa del barrio es seguir desarrollando el proceso participativo” y continuar con las movilizaciones. Los vecinos y vecinas como a las personas partidarios de este proyecto, han explicado las razones por las que no se debe tirar el mayor barrio okupa autogestionado del Estado.

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El 15 de septiembre de 2016 en el barrio de Zabalgana de Gasteiz, una inquilina de un piso de Alokabide, madre de tres hijos, fue desalojada de su vivienda tras constatar una deuda de 9.000 euros, generada durante 22 meses, con la sociedad pública del Gobierno Vasco, que gestiona el parque de viviendas de alquiler de protección oficial.

Durante el desahucio seis activistas que protestaban pacíficamente de cerca de un centenar de personas, fueron identificados por la Ertzaintza, a pesar de que la protesta fue debidamente comunicada como una violación grave” del pacto internacional de Derechos Humanos que exige que no haya “ningún desalojo sin alternativa habitacional”. Finalmente el Consistorio ofreció un apartamento de acogida como hogar para la madre y sus hijos desalojados.

A finales del pasado mes de agosto estas personas recibieron la comunicación de un  expediente que contiene una propuesta de sanción por valor de 602 euros en concepto de aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida ley mordaza. Desde el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco se les acusa de “obstrucción a la autoridad” durante el desalojo de la vivienda.

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En Vitoria-Gasteiz, el régimen fascista quiso aislar en los años 50 a la clase trabajadora que emigraba desde distintos puntos del Estado español habilitando un lugar para ella lejos del resto de habitantes de la ciudad, lejos de esa sociedad clasista, pura y militar de la época. Los obreros y obreras terminaron comprendiendo su situación, tomaron conciencia y comenzaron a plantar cara a los abusos y a las injusticias que se cometían en su contra. Lo llamaron “Un mundo mejor”. Errekaleor empezaba su historia.

 ERREKALEOR RESISTE

A finales de los años 50 del pasado siglo, las autoridades franquistas idearon en Vitoria-Gastéiz la construcción de zonas más o menos alejadas del casco antiguo para dar cobijo a las numerosas personas que llegaban a la ciudad, procedentes sobre todo de Andalucía, Extremadura y Galicia, para trabajar en el sector de la siderurgia.

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Errekaleor necesita de muchas pequeñas aportaciones económicas para seguir vivo. A través de este enlace puedes hacer tus aportaciones: 

Errekaleor Bizirik – Argi Izpiak Iluntasunean – Un poco de luz en la oscuridad

Errekaleor Bizirik es un proyecto situado en Gasteiz que se basa en la autogestión y la vida en comunidad. Es un barrio que hemos recuperado de lagentrificación y de la especulación inmobiliaria, y alberga hoy en día a 150 personas.

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La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal (PNV), ha presentado este miércoles en el Parlamento Vasco su reforma de la RGI, que consta de  15 “propuestas” y cinco “cambios normativos que no se presentan como reforma de la ley de garantía de ingresos de 2008 retocada en 2011, 2012 y 2017, sino como una nueva ley.

La LEY 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, fijaba el 88% del salario mínimo interprofesional para las unidades de convivencia unipersonales y p0dían alcanzar hasta un 125% del salario mínimo interprofesional para las unidades de convivencia constituidas por tres o más personas. Pensionistas en situación de necesidad cuyo nivel mensual de ingresos no alcance el salario mínimo interprofesional, se fijaba la cuantía máxima del 100% del salario mínimo interprofesional para las unidades de convivencia unipersonales y hasta un 135% en el caso de las unidades de convivencia de tres o más personas.

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En defensa de su proyecto de comunidad del barrio rebelde Errekaleor ante un posible desalojo eminente para las 150 personas que lo habitan. A favor de un proyecto autogestionado que desde las ansias de especulación de políticos y empresarios pretenden destruirlo y derribarlo. En apoyo de sus vecinos que no se dan por vencidos.

Contra el corte de luz al barrio el 18 de mayo, ordenado por el Alcalde de Vitoria Gorka Urtaran, que ha dejado al barrio sin luz eléctrica ni en las casas ni en las calles. Una suspensión del suministro que reduce su seguridad al haber empeorado la situación de las vecinas más vulnerables, niñas y ancianas, que si no carecen de los servicios mínimos en este momento es por la solidaridad recibida.

Porque ante los ataques que reciben todas las expresiones de poder popular, la solidaridad es la práctica más eficaz y sensata. Porque estas agresiones es una oportunidad para que la gente del pueblo en general se una y se fortalezca. Porque Errekaleor es del pueblo, El Pueblo Vive! Errekaleor Bizirik!

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El pasado viernes 19 de mayo se dictó resolución de admisión a trámite desde el “Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Gasteiz”. De la denuncia judicial formulada desde diferentes colectivos sociales de Bizkaia presentada contra Lanbide contra los «Criterios de Lanbide en materia de Renta de Garantía de Ingresos», de 7 de abril de 2017.

 Desde los juzgados de lo contencioso-administrativo se acepta el fundamento jurídico en la demanda planteada contra Lanbide y “se declara válida la comparecencia y se admite a trámite el recurso, que se sustanciará por el procedimiento ordinario previsto en el Capítulo I del Título IV de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. Por lo que el juzgado de lo contencioso da un plazo de 20 días a Lanbide para responder a este recurso y remita el conveniente expediente.

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A las 10,00 h. varias dotaciones de la Ertzaintza han cercado este jueves el barrio ocupado de Errekaleor (Vitoria-Gasteiz) junto con operarios de Iberdrola que deben realizar “trabajos de tipo eléctrico”, mientras personas de este proyecto autogestionado se han encadenadoy concentrado a las puertas de unos de los edificios para evitarlo mediante una acción de “resistencia pacífica”.

 La Ertzaintza ha comenzado a desalojar a los jóvenes, dos de los cuales han sido detenidos acusados de atentado y resistencia a la autoridad. Además, se abrirán diligencias contra otras dos personas en calidad de investigados. Varias personas han sido igualmente identificadas.

Asimismo, se ha establecido un cordón policial a la entrada del barrio, y no se permite el acceso al mismo. Los edificios del barrio Errekaleor son de titularidad municipal desde marzo de 2016, y el gobierno que dirige Gorka Urtaran del PNV tiene abierto un procedimiento para su desalojo.

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En el contexto del anuncio por parte del Gobierno Vasco, de que el miércoles día 31 de Mayo la Consejera de Empleo y Política Sociales Beatriz Artolazabal presentaba su proyecto de reforma integral de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), estos colectivos sociales han presentado una denuncia por  vulneración del principio de legalidad, al establecer nuevos requisitos y obligaciones a las personas perceptoras que requerirían una modificación de la “LEY 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social”.

Se recurrirán en instancias judiciales 28 de los 75 criterios que Lanbide tiene publicados por considerar 17 de ellos contrarios a la Ley y el resto porque necesitan ser regulados mediante Decreto publicado en el BOPV y no mediante una circular interna.

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