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El Gobierno Vasco califica sus presupuestos de sociales cuando los mayores beneficiados son los empresarios

El Gobierno Vasco ha aprobado este un proyecto de presupuestos para 2017 que asciende a 11.059,7 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,2% respecto al año pasado (126 millones más) que beneficia notablemente al empresariado vasco, un empresario que ante una posible subida de impuestos ha conseguido que la administración diera marcha atrás

Lo que demuestra una“actitud del Gobierno de Urkullu de sumisión al empresariado vasco“: los beneficios de las empresas aumentan cada año su disparidad con las rentas salariales, la última bajada del Impuesto de Sociedades, y el aumento de los beneficios fiscales hace que de cada 100 euros que se espera recaudar en 2016 en Hego Euskal Herria solamente 8,3 serán pagados por las empresas, frente al 14,45 de 2008″ (Según Nekane Jurado)

Con el objetivo según el gobierno vasco de  “impulsar” la economía, es decir de subsidiar a las empresas vascas, el Gobierno asigna 1.042 millones al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, lo que supone un incremento de 29 millones respecto al año pasado (un 2,9% más), con una apuesta principal por el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020, al que destinará 410 millones.

El capítulo de las inversiones para dar trabajo a las empresas amigas, prevé una partida global de 1.239 millones, casi 43 millones más que el año pasado. En ese montante se incluyen los 350 millones destinados a la construcción del AVE vasco.

En cambio en las partidas sociales, ni se atiende a la petición de las organizaciones sociales y sindicales del incremento del 8% en la RGI, ni se vinculando esta subida a la subida del Salario Mínimo interprofesional, previsto por la ley del 2008,  y se prorrogará el recorte del 7% aplicado en año 2011.

Respecto al nuevo derecho a una vivienda, recogido por ley como derecho subjetivo, no se aclaran en qué términos queda reflejado en los presupuestos. La normativa que habilita a acceder a un piso protegido a quienes cumplen unos requisitos económicos ya está en vigor, pero quedaba pendiente regular la prestación económica sustitutoria en caso de que el Gobierno no disponga de viviendas suficientes.

Mientras la presión fiscal está desequilibrada hacia las rentas de trabajo en beneficio de las rentas de capital y empresariales. Si las haciendas de Euskadi aplicarán la presión fiscal media de la UE (39,4%, dato de 2012 cuando la vasca era 30,5%) los ingresos se incrementarían, unos 5.500 millones para la CAV. Un informe del año 2016 confirma que las arcas de las haciendas forales vascas pierden 2.300 millones anuales de ingresos por el fraude fiscal.

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