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En este comunicado explico mi decisión de no participar en el circo de esta supuesta democracia desobedeciendo a la junta electoral, declarandome insumisa. Agradecería la máxima difusión. Soy Desirée C. F., el 8 de abril recibí una carta en la que se me indicaba que el día 28 de abril debería ir Leer más …
La persona que lo solicite deberá cumplir el requisito de carencia de rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias y deberá presentar ante la entidad gestora una declaración de sus rentas, acompañada de la documentación acreditativa que corresponda.
Hace 2 meses el actual Gobierno en funciones, promulgó el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, y en la Disposición Final segunda Seis, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo decretaba que : “La cuantía de la pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común no podrá resultar inferior al importe mínimo fijado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común de titulares menores de sesenta años con cónyuge no a cargo.» 
Cuando el pasado octubre el Senado aprobó la aplicación del 155 a Catalunya, lo hizo hasta que hubiera un nuevo gobierno “legal” de la Generalitat. Pues va a ser que no. Cuando finalmente ya ha tomado posesión un nuevo presidente del gobierno catalán, que puede gustar o no, pero que ha sido elegido conforme a la legalidad estatutaria, y este designa a sus consellers, se veta su publicación en el BOE porque el PP, Ciudadanos y PSOE califican la lista de “provocación” al incluir a personas encarceladas preventivamente (sin tener condena alguna) o exiliadas (ellos dicen “huídas”, pero para el caso es lo mismo). Así que “sigue sin haber gobierno de la Generalitat y continúa el 155”. La realidad es que el gobierno sí ha sido nombrado porque quien legalmente puede hacerlo, pero quien tiene la maquinita del BOE para publicarlo se niega a realizar este trámite burocrático. Todo atrancado, pues. ¿Y ahora qué? Hemos pasado de la judicialización de la política a la “boeización” de la política: un paso más en la degradación de las instituciones y en la profundización del esperpento. 
“Gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones” (Deng Xiaoping) Una de las características de la vida política es la coherencia entre la vida pública y la privada. Con tratarse de dos esferas separadas no son siempre enteramente independientes. Lo que conlleva una estricta coordinación entre ambos planos. Sobre todo conviene no emplear el aval de lo público para justificar lo privado abusivo, ni viceversa, vender lo privado como del ámbito público a fin de magnificar su proyección política.
La tribuna de los más desfavorecidos, los jóvenes pillados en la burbuja del ladrillo (“casas sin gente, gente sin casas”), los activistas de la Plataforma de Afectados por las Hipoteca (PAH) o los damnificados de las preferentes por la codicia de las entidades financieras. A todo eso y aledaños los dirigentes podemitas acaban de decirles “no os representamos”. Hay una postverdad oficial y recurrente. La de los de arriba, la de los propagandistas. Grandes corporaciones o Estados que fabrican opinión a su favor o en contra de sus adversarios sin importar que sean meros bulos bien diseñados. Contra eso estamos más o menos vacunados. De toda la vida los poderosos han apañado la desinformación y la publicidad para engañar a la gente. Se trata de que consumamos, votemos y paguemos los impuestos sin rechistas. 
Hace tiempo se informó que el código de barras que comenzase por 729 estaba fabricado en Israel, por lo que se recomendaba no comprarlo como forma de protesta a este régimen. Ahora, parece que han optado por cambiar este código para evitar que la gente no compre productos de procedencia israelí. El nuevo código es 871. El código de barras indica la procedencia, no quién o dónde se vende, de ahí el error que se origina. El nuevo código es el 871, en lugar del 729 anterior. Lista de productos de Israel que podemos boicotear.
No es un error político, es una aberración democrática. Investir presidente de la Generalitat a un forofo del sectarismo parece muy poco honorable. Porque, aunque el aludido haya pedido disculpas, no se trata de pecadillos de juventud. Es el currículum vitae de un militante del maximalismo identitario. Con el agravante de su promoción cultural desde las tribunas donde ha ejercido de intelectual orgánico de la doctrina. Buscar excusas a la promoción de Joaquín Torra al podio de la Catalunya en base a los múltiples desmanes y atropellos del macizo de la raza del nacionalismo español no hace sino agravar el problema. Supone abrazar similares artes a las que emplean sus adversarios del 155 y el zoquete pelotón del “a por ellos”. La jesuítica justificación de usar un medio malo para lograr un supuesto buen fin ha sido históricamente el quicio por dónde se han colado ilustres pirados y malhechores ansiosos de notoriedad pública. 
Un nuevo programa de Rojo y Negro TV, dedicado al dossier del reciente número de la revista Libre Pensamiento, la revolución de mayo del 68. Nos acompañan:
Presenta: Jacinto Ceacero
En un artículo anterior recordábamos que la principal diferencia entre la tipificación del delito de rebelión en el código penal de la dictadura (arts. 214 a 217) y en el de la democracia (arts. 472 a 484) residía en la constatación de violencia. Con Franco se podía imputar sin que hubiera existido violencia y en la actualidad resulta condición sine qua nom. Craso error. Habíamos olvidado que al calor de la kale borroca urdida sobre el derecho a decidir en Catalunya, PSOE y PP se concitaron para alargar el brazo de la ley donde faltaba manga. Por eso, en línea con el espíritu de los pactos antiterroristas, en 2015 agravaron el artículo 573 logrando que ciertos desórdenes públicos entraran en esa circunscripción. Y ahora también son reos de terrorismo los acusados de “alterar gravemente la paz pública”. O sea, se recupera la matriz de aquellos siniestros tribunales de orden público del franquismo. 
El Jueves llegó a Madrid el heredero saudí para ser recibido por el presidente del gobierno Mariano Rajoy y el rey Felipe VI. La visita no tiene nada de cortés ni de inocente, pues se prevée que desbloquee la venta de 5 corbetas construidas por la empresa estatal –y sostenida in extremis con fondos públicos-Navantia al sultanato. Valorada en unos 2.000 millones de euros, esta sería la mayor operación de Navantia en el exterior. Por si hubiera alguna duda de cual es el gran objetivo de la visita, Mohamed Bin Salman ha sido recibido por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, con quien se reunirá mañana en el Cuartel General del Ejército de Tierra. 
La última cantidad atribuida a Juan Carlos I se aproximó a 2.000 millones, según la revista Forbes Cuando todavía era príncipe, con Franco como ‘caudillo’ del Estado, se firmó el acuerdo por el que cobraría de cada barril de petróleo que España comprara a Arabia Saudí. Al menos así lo han denunciado varios economistas. Su nombre también ha aparecido en operaciones policiales vinculadas a negocios con la trama Gürtel; por la cuenta Soleado; con el caso Malaya; con urbanizaciones en República Dominicana; y con las comisiones millonarias que compartió con Corinna Zu Sayn-Wittgenstein. 
Introducción al texto El siguiente texto queda recogido de la charla «Los mitos de la II República: reforma y represión, y reforma como represión», que el historiador inglés Chris Ealham, ha transcrito de forma resumida la charla, con vistas a desmontar aquella aureola montada por la izquierda en torno a este régimen, que no deja de legitimar el sistema actual contra el que luchamos. Visión mítica de la II República Según Ealham, la II República no fue más que una de las múltiples resoluciones que la oligarquía española ha dado a los conflictos del Estado contra el pueblo desde su creación. La II República posee un mito en torno a su democracia en pro del interés político de ciertos sectores del liberalismo más «abierto». 
La Marca España, nuestro ogro filantrópico pret a porter, porfía para repetir el duopolio dinástico hegemónico de antaño. Por eso está conspirando con todas sus fuerzas para que 2019 recree un ensayo general para regresar a la estabilidad del poder binario. Los protagonistas son la nueva derecha de Ciudadanos, en racha de aciertos demoscópicos, y el incierto partido socialista que aún controla Pedro Sánchez. Los desechos de tienta, el Partido Popular de Mariano Rajoy, abismado en la corrupción del “y de lo mío qué”, y el Podemos de Pablo Iglesias, en segundas nupcias ya sin las gananciales de Izquierda Unida. Se trata, pues, de una operación zigzagueante. Una diagonal ideológica. 
Se trata de un enorme y apetitoso bocado para el capital financiero (bancos, aseguradoras…) y sus cómplices -gobiernos y sindicatos oficiales- que, al calor de los recortes de las pensiones públicas que imponen con el falaz argumento de que son ‘insostenibles’, será de obligado cumplimiento para los Estados miembros y forma parte de la política de privatización general de los servicios y prestaciones públicas: sanidad, enseñanza, servicios sociales, pensiones… Se trata de un Reglamento donde la Unión Europea se decante por los planes privados de pensiones en detrimento de los sistemas públicas, en una política global de destrucción de lo público. El actual movimiento de pensionistas por un sistema público de pensiones que garantice una pensión digna, debería iniciar una campaña a nivel europeo contra este reglamento. 
CCOO, CGT, ELA, EHNE, ESK, LAB, Hiru y Steilas, en Navarra han solicitado en una declaración conjunta “la eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo” para los ocho imputados por la pelea con dos guardias civiles y sus parejas el 15 de octubre de 2016 en Alsasua. Los sindicatos piden, además, “el levantamiento de las medidas cautelares de prisión preventiva y el retorno de la instrucción de este caso al cauce ordinario en los tribunales navarros”. Asimismo, han reclamado el “respeto a los derechos fundamentales de presunción de inocencia, derecho a un juicio justo sin restricciones al derecho a la defensa, y derecho al juez natural”. 
El manido salvoconducto “uno de los nuestros”, que en la reciente convención del Partido Popular celebrada en Sevilla ha recreado con marcial cinismo la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, al afirmar “lo que tenemos que hacer es no permitir que nos avasallen y defender a los nuestros”. La coyuntura ha querido que estos días confluyan en conflicto dos exigencias del Estado de Derecho que tienen como protagonista a la clase política. De un lado, la aplicación de la presunción de culpabilidad a Carles Puigdemont según se deduce del revés dado por la Audiencia de Schleswig-Holstein al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Los cronistas ya han dado buena cuenta del gazpacho verbenero. La pasada Semana Santa fue un auténtico aquelarre lúdico-religioso. Procesiones hasta en la sopa, teles vomitando el habitual cutrerío de películas del género “historia sagrada”, ministros coreando impasible el ademán “soy el novio de la muerte”, banderas a media asta en centros militares, niños vestidos de legionarios en prime time y el sempiterno fervor lacrimógeno de la muchedumbre ante los pasos. El nacionacatolicismo que nos habita con todo su furor. 
Resulta muy tramposo –populismos aparte- que la clase política, la que manda por delegación de las oligarquías financieras e industriales, ahora planteen unos PGE 2018 basados en la “recuperación económica”, que sin duda desde el 2014 las grandes empresas y los banqueros se han beneficiado de la misma, para plantear medidas electoralistas, en primer lugar, y de “reparto de las migajas” que les sobran a la clase empresarial y rica, en segundo lugar. 
Con el salto a los CDR, el proceso soberanista catalán vuelve a superarse a sí mismo, y a las formas políticas actuales del resto de estados similares. En una inesperada recuperación del espíritu libertario catalán, que culmina magistralmente con la construcción épica de la silenciada Revolución Social Catalana de 1936, o la Revuelta Remença, en 1480, el proceso pasó de la sociedad civil (referéndums de Arenys & co, primeras grandes diadas indepes con millones en las calles), a la esfera política y parlamentaria, y a la movilización coordinada desde dos grandes organizaciones civiles, Omnium y ANC, lo que ya en sí es una gran innovación en relación al entorno geopolítico. Pero hoy encuentra buena parte de su impulso y fuerza renovada en los barrios y en la ciudadanía completamente auto organizada con los CDR, donde no hay jerarquías, presidentas, ni organizaciones centralizadas. 
Estimad@s compañer@s, como viene siendo habitual en nuestro apoyo a la lucha del pueblo kurdo, os informamos una vez más de estas jornadas que se van a celebrar durante los días 7 y 8 de Abril, en Matadero Madrid, con el fin de dar un espaldarazo a nivel internacional a estos compañer@s, que se están peleando desde hace varios años el derecho a tener una sociedad basada en el confederalismo democrático. Aquí va la presentación de las jornadas: Rojava, desde Kobane hasta Afrin, ha emergido como un lugar envuelto de esperanza internacionalista, al tiempo que sus residentes y defensores luchan contra ISIS y, últimamente, contra las fuerzas del régimen fascista turco. 
CGT ha exigido la liberación de las personas presas por motivos políticos, un reparto justo de la riqueza, el cese de la represión política, el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, y que el Estado español proteja a las personas refugiadas. La Confederación General del Trabajo (CGT) ha mostrado su solidaridad con la lucha que el Movimiento Popular del Rif mantiene desde hace muchos años contra la represión ejercida por el Estado marroquí hacia el pueblo rifeño. A través de un comunicado, la organización anarcosindicalista ha hecho constar la falta de derechos fundamentales y libertades básicas en este país cuyo régimen reprime cualquier tipo de movilización. En este sentido, CGT señala que hay más de 500 personas encarceladas que han denunciado torturas y tratos denigrantes. 
Con abuso de esquematismo solemos hablar de violencia solo y exclusivamente cuando se producen hechos y actos que causan daños a personas o bienes por parte de personas físicas. Pero se trata de un concepto reduccionista. Ciertamente, existe una utilización legítima de la fuerza como derecho de defensa. Y luego hay un uso ilegítimo cuando se emplea la violencia contra gente pacífica, venga de donde viniera la agresión. Aunque normalmente esa licencia forma parte de las prerrogativas de los Estados, el paradigma de la abstracta personalidad jurídica. Ocurre así desde el momento en que las atribuciones que sustentan su soberanía pierden su base democrática, convirtiéndose en simple Estado de Leyes. La dictadura franquista abrazaba ese modelo porque, llegado el caso, usaba el poder del Estado contra sus propios ciudadanos (que el paternalismo del régimen eximia de ser a la vez contribuyentes directos). Operaba, pues, como una amenaza permanente sobre sus administrados. 
El Consejo de Ministros va a aprobar este martes en una reunión extraordinaria el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018, tras el acuerdo de Albert Rivera con el presidente del gobierno Mariano Rajoy, para dar el voto positivo a los presupuestos, sin contar con los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados ya que el PNV de momento dice que no los apoyará: “Hemos repetido hasta la saciedad que, mientras esté el 155, no nos sentaremos con Mariano Rajoy para negociar los PGE”. En el borrador presupuestario que envió a Bruselas el pasado septiembre, y a la espera de conocer su concreción, el Gobierno proyectaba para este año una disminución del gasto total seis décimas, hasta el 40,6% del PIB. En concreto, el gasto en Sanidad se reducirá del 6% del PIB de 2017 al 5,8% en 2018, el de Educación del 3,9% al 3,8% y el de protección social del 16,5% al 16,2%. El gasto en protección social son auténticas migajas excepto las subidas para los cuerpos represivos del Estado, como corresponde a un cada vez más estado policial. 
Hace unos días me contaba un colega muy bien informado -una de esas fuentes que nunca falla- que dirigentes del PNV habían trasladado al Partido Popular que para llegar a acuerdos entre ambas formaciones sería deseable que los populares no azuzaran en público con el caso De Miguel, uno de los mayores casos de corrupción que afecta a los nacionalistas. Una trama -que se juzga desde hace semanas en Vitoria- por la que están sentados en el banquillo exdirigentes del PNV y cargos del Gobierno de Ibarretxe, acusados de cobrar comisiones ilegales y adjudicar contratos irregulares. |
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