Plena sintonía entre la derecha trumpista de Ayuso y la extrema derecha de Monasterio. Un pacto basado en el ataque contra los menores migrantes no acompañados, menos presupuesto para Telemadrid y más para la educación privada.
El acuerdo firmado entre Javier Fernández-Lasquetty del PP y Rocío Monasterio de VOX otorga vía libre para los primeros presupuestos de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.
El pacto incluye varias demandas de VOX, como una ofensiva hacia los derechos de los menores migrantes no acompañados, recortes a servicios públicos y restricciones en los subsidios (“contra los chiringuitos”, en palabras de VOX). No han prosperado, sin embargo, algunas de sus exigencias más ultras, como la derogación de las leyes LGTBI de aplicación en la región. Algo que seguirá en la agenda de VOX y que, según sus voceros, seguirán negociando al margen de los presupuestos.
1. Racismo de Estado
El discurso contra los menores migrantes no acompañados (MENAS) ha sido una de las claves discursivas de VOX durante la última campaña electoral, y han logrado introducir esta cuestión en las cuentas públicas, a través de un compromiso para realizar auditorias sobre los costos, funcionamientos y subvenciones destinadas a Centros de menores no acompañados. Según el documento, “abarcará todos los aspectos relacionados con los servicios y subvenciones asociados a los menores”. El coste previsto de la medida es de 50.000 euros.
2. Recortes en los servicios públicos
A su vez, en el acuerdo se establen una serie de recortes en gastos de servicios públicos. Esto va acorde con el discurso de VOX de recortar “gastos innecesarios” o “excesivos”. La realidad es que los recortes se dirigen ahora hacia el presupuesto de Telemadrid, con un recorte del 10%, algo que seguramente pagarán de forma directa sus trabajadores.
3. Más dinero para la educación privada y concertada
Un aspecto que han destacado desde VOX y el PP es una partida destinada a cheques educativos, aunque estos beneficiarán a la educación privada, en vez de apoyar a la pública. Esto incluye una partida de 62 millones que se volcarán sobre los centros privados y la concertada, en vez de desarrollar la educación infantil en la pública.
4. Negocios para las empresas constructores e inmobiliarias
Se establece el objetivo de impulsar una oferta de vivienda de alquiler, en base a la “colaboración pública privada”, con lo que ya estarán viendo venir el negocio las constructoras y fondos inmobiliarios amigos del PP.
En relación con la vivienda también se establecen fondos de hasta nueve millones para financiar el programa de Primera vivienda, destinado a menores de 35 años que puedan pagar una hipoteca. Esto deja por fuera a gran parte de los jóvenes de Madrid, con una tasa de paro cercana al 30%, y también a aquellos que tienen salarios que no alcanzan ni para pagar un alquiler.
5. Criminalización de la pobreza y de las personas migrantes
Por último, el pacto firmado por PP y VOX establecer que la Comunidad de Madrid evaluará la “posibilidad de personarse en las acciones judiciales que se desarrollen en aquellos asuntos que pongan en grave riesgo la seguridad personal de los ciudadanos o sus propiedades, ante infracciones administrativas o penales provocadas por grupos organizados o individuos”.
VOX viene denunciando el aumento de la “criminalidad” en Madrid, que atribuye a “okupas” y “bandas latinas”, por lo que este apartado del acuerdo responde al objetivo de criminalizar a sectores de los barrios populares, mediante acciones policiales y judiciales.
Enfrentar en las calles a la derecha y la extrema derecha
Ante este verdadero ataque a los servicios públicos, los derechos sociales y económicos de la mayoría social, es necesario responder con medidas de lucha. A la derecha y la extrema derecha no se la enfrenta con discursos y llamando a la población a votar cada dos o cuatro años, que es lo único que proponen Unidas Podemos o Más Madrid.
Si queremos terminar con el racismo institucional, la estafa de la educación concertada, el negocio de la sanidad privada y la desfinanciación de la sanidad pública, la precariedad laboral en la administración, las externalizaciones y la criminalización de la pobreza, hay que salir a las calles.
Hay que imponerles desde abajo a las burocracias sindicales de CCOO y UGT, campeones en dejar pasar todos y cada uno de los ataques, el frente único para la lucha contra estos presupuestos reaccionarios. Con asambleas en los centros de trabajo y en los barrios populares, con la participación de las plataformas y entidades sociales junto a la izquierda sindical y las bases de los sindicatos mayoritarios, hay que lograr la unidad para poner en marcha un calendario de movilizaciones por un programa de emergencia social.
