El Pleno del Congreso ha aprobado ayer jueves, la primera parte de las reforma de la pensiones, con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Junts, Más País-Equo, Compromis, Nueva Canarias, Teruel Existe y el PRC, el voto en contra de PP, Vox, Ciudadanos, CUP, BNG, UPN, Foro y CC, y la abstención de EH Bildu.
Esta Ley aprobada, modifica el Artículo 58-2 de la Ley General de la Seguridad social, de Revalorización las pensiones contributivas, que dice los siguiente: “se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior”. Este valor medio, es un índice de escasa utilidad, sustituye al IPC real anual y tendrá efectos de pérdida del poder adquisitivo, tanto en la denominada “paguilla” de 2021 como en el incremento de las pensiones de 2022.
Así, en vez de subir las pensiones el 5,6 % del IPC real, ahora la revalorización de las pensiones y según contempla la ley aprobada, sería del 2,5%, por lo que las pensiones tendrían una pérdida de poder adquisitivo de un 3%. Este mismo efecto negativo se aplicará en la denominada paguilla de finales de 2021 que sufriría también una merma del 3%.
Respecto a las pensiones mínimas, según el texto de la Ley, las mismas se incrementarán en el mismo porcentaje que el resto de pensiones contributivas, aunque en este caso se contempla un incremento no del 2,5% sino del 3%. Parece ser que se va a tratar las pensiones mínimas en la Mesa del Pacto Social (UGT-CC.OO. y Patronal)
Esta Ley consolida los recortes aprobados en la Ley de Reforma estructural de las pensiones de Zapatero en 2011 apoyados por CC.OO. y UGT (rechazada por una huelga General en Hego Euskal Herria el 27 de Enero de 2011), que aumentó la edad de jubilación, hasta los 67 años, pasando de 15 a 25 años el periodo de cálculo, aumentando a 37 los años de cotización para cobrar la pensión completa.
Esta Ley no toma medidas contra la brecha de género, que mantiene las penalizaciones a trabajadores con carreras de cotización de más de 40 años que se vieron forzados a jubilarse anticipadamente, penaliza la jubilación anticipada, e incentiva el seguir trabajando más allá de la edad de jubilación, cuando cuatro de cada diez jóvenes no puede acceder a un empleo.
La ley establece el denominado, Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que viene a sustituir al denominado Factor de Sostenibilidad de la reforma de 2013. Dicho Factor concretaba el recorte de las pensiones utilizando como escusa el incremento de la esperanza de vida de las personas y la situación económica. El MEI, sin embargo, consiste en incrementar un 0,6% las cotizaciones (0,5% la parte de la empresa y 0,1% la parte laboral, hay que tener en cuenta que las cotización empresarial es salario diferido y desde la creación de la comisión del denominado “Pacto de Toledo” se ha rebajado 4 puntos) entre 2023 y 2032 para dotar de recursos el Fondo de Garantía de las pensiones; si bien esto es positivo al incrementar los ingresos, se añade una segunda parte del acuerdo que dice que si ese fondo no fuera suficiente habría que replantearse el problema considerando la reducción de las pensiones
