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 La fiscalía solicitaba 60 años de privación de libertad e indemnizaciones de 9.200 y 3.750 € para los guardias civiles y de 6.100 € para sus parejas, por lesiones, y de 45.000 y 25.000 € por daños morales y secuelas a las novias de los guardias civiles. Y como si de una doble condena se tratase, se les aplica la política de “dispersión de presos”. 
Hace tiempo se informó que el código de barras que comenzase por 729 estaba fabricado en Israel, por lo que se recomendaba no comprarlo como forma de protesta a este régimen. Ahora, parece que han optado por cambiar este código para evitar que la gente no compre productos de procedencia israelí. El nuevo código es 871. El código de barras indica la procedencia, no quién o dónde se vende, de ahí el error que se origina. El nuevo código es el 871, en lugar del 729 anterior. Lista de productos de Israel que podemos boicotear. 
Israel asesina a más de 50 personas, hiriendo a otras 2000, durante una protesta contra la inauguración de una embajada estadounidense en Tel Aviv (Jerusalén). Esta masacre ocurre precisamente en la víspera de la conmemoración de los 70 años de la Nakba o “Día de la Catástrofe” que recuerda la invasión y el genocidio del Pueblo Palestino por parte de grupos paramilitares sionistas en 1948. 
El sindicato, mayoritario en el centro logístico de San Fernando, reivindican a la dirección la readmisión y que no se reduzca la carga de trabajo en la planta. Los trabajadores temporales llevaban “entre tres meses y 16 meses con nosotros, eran compañeros”, explica Marc Blanes, miembro del comité de empresa Este viernes hay una manifestación convocada por parte de los sindicatos en el centro logístico, para denunciar la implantación unilateral del convenio sectorial. 
Comunicado del Secretariado Permanente de la CGT Catalunya La represión y el monopolio legal de la violencia es una característica de los estados. En España los últimos meses estamos viviendo una clara intensificación de esta represión. Contra cantantes por el hecho de cantar. Contra docentes por el hecho de educar. Contra vecinos y vecinas por el hecho de reclamar una ciudad mejor. Contra sindicalistas. Contra quien defendió urnas con papeletas y contra quien las ha impreso. La situación no es nueva. Antes también lo hemos sufrida a manos de las diferentes instituciones del estado (Generalitat y algunos ayuntamientos incluidos), pero a nadie escapa que ahora su intensidad hacía años que no la veíamos. 
CCOO, CGT, ELA, EHNE, ESK, LAB, Hiru y Steilas, en Navarra han solicitado en una declaración conjunta “la eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo” para los ocho imputados por la pelea con dos guardias civiles y sus parejas el 15 de octubre de 2016 en Alsasua. Los sindicatos piden, además, “el levantamiento de las medidas cautelares de prisión preventiva y el retorno de la instrucción de este caso al cauce ordinario en los tribunales navarros”. Asimismo, han reclamado el “respeto a los derechos fundamentales de presunción de inocencia, derecho a un juicio justo sin restricciones al derecho a la defensa, y derecho al juez natural”. 
Israel asesina a 20 palestinos e hiere a 1500 personas que conmemoraban pacíficamente el ‘Día de la Tierra’ La Confederación General del Trabajo (CGT) ha condenado a través de un comunicado los últimos acontecimientos violentos que se han producido contra el pueblo palestino por parte del gobierno israelí. La organización anarcosindicalista denuncia que Israel continúa actuando con total impunidad, y con el beneplácito de la Comunidad Internacional, contra personas desarmadas que reivindicaban el derecho al retorno de las personas refugiadas. Según CGT, “el gobierno israelí vuelve a actuar abusivamente contra una población cuyas mayores armas son piedras y su propia vida”. 
CGT ha exigido la liberación de las personas presas por motivos políticos, un reparto justo de la riqueza, el cese de la represión política, el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, y que el Estado español proteja a las personas refugiadas. La Confederación General del Trabajo (CGT) ha mostrado su solidaridad con la lucha que el Movimiento Popular del Rif mantiene desde hace muchos años contra la represión ejercida por el Estado marroquí hacia el pueblo rifeño. A través de un comunicado, la organización anarcosindicalista ha hecho constar la falta de derechos fundamentales y libertades básicas en este país cuyo régimen reprime cualquier tipo de movilización. En este sentido, CGT señala que hay más de 500 personas encarceladas que han denunciado torturas y tratos denigrantes. 
CGT denuncia que además de estas tres personas otras siete, en circunstancias diferentes, han sido despedidas 24 horas después de la Huelga General. El Grupo DIGITEX, que actualmente cuenta con una plantilla de más de 500 trabajadores y trabajadoras y que presta sus servicios a Movistar, ha notificado su despido a tres empleados y empleadas, todos afiliados a CGT, que habían decidido acogerse a su derecho de hacer huelga en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
Pasadas las 12 de la noche de ayer, Ermengol Gassiot, Secretario General de la CGT Catalunya tercer sindicato en afiliación en Cataluña, y la activista social Bárbara Roch fueron puestos en libertad desde las dependencias de la Ciudad de la Justicia, siendo recibidas por el grupo de apoyo que esperaba en el exterior. La detención se produjo a las 11:30 de la mañana del martes por parte de efectivos del cuerpo de mozos de escuadra, mientras se hacía entrega a Fiscalía del Estado un manifiesto con más de 1300 firmas de académicos de universidades de todo el mundo contra el conocido como ‘caso Somos 27 y más’. En este procedimiento judicial 27 personas están acusadas entre 11 a 14 años de prisión para hacer una cerrada en el rectorado de la UAB, como protesta por una subida del 66% de las tasas, entre ellas el propio Ermengol Gassiot. 
El profesor de la UAB y sindicalista Ermengol Gassiot ha sido detenido en la mañana del 27 de febrero. Se le acusa de organizar la ocupación del rectorado en 2013 por haber convocado una rueda de prensa contra los recortes en la Universidad. El sindicato CGT de Catalunya ha anunciado pasadas las 12 del mediodía que los Mossos d’Esquadra han detenido a Ermengol Gassiot, secretario general de la organización. Gassiot, que ha sido detenido junto a otra militante del sindicato, está imputado por la ocupación del rectorado de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), en abril de 2013 y se encontraba en busca y captura desde que no se presentó a una citación judicial por el conocido como caso Som 27 i Mes. 
La ola represiva que se está extendiendo por todo el Estado español, y que en Cataluña se ha agudizado más con la aplicación del artículo 155, está llenando las cárceles de gente sólo pe decir lo que piensan y para denunciar este estado corrupto, podrido y policial hasta las cejas. Son muchos los afiliados de la CGT a los que ha llegado esta ola, uno de ellos nuestro Secretario General Ermengol Gassiot. Ahora esta represión ha llegado a nuestra vecina, compañera y afiliada Anna Gabriel, que ha tenido que exiliarse para no sufrir la injusticia española, que aprisiona las personas sólo por defender pacíficamente el derecho de Autodeterminación. 
Hoy hemos sabido que, finalmente, el juzgado de Cerdanyola que lleva el proceso del llamado caso “27 y más” ha emitido una orden de búsqueda y captura contra nuestro compañero Ermengol Gassiot, profesor del Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y Secretario General de la CGT. Así, pues, Ermengol puede ser detenido en cualquier momento para ser puesto a disposición judicial, al haberse negado a personarse en el juzgado a recoger ninguna notificación relacionada con este montaje político-judicial. 
Ermengol Gassiot, secretario general de la CGT de Cataluña y profesor de la UAB, ha hecho llegar hoy la siguiente nota al juzgado de Cerdanyola que está realizando la instrucción del caso “Som 27 y més“. Al Juzgado de Instrucción núm. 3 de Cerdanyola Informado por mi abogada de la citación para el próximo 21 de febrero, les comunico que: 1) Ya comparecí ante el juez en 2015 para declarar 2) Ante la falta de base de la acusación que se formula contra mi, no me persono por voluntad propia en relación a este procedimiento 
Cientos de solidari@s se han concentrado en una quincena de ciudades de todo el Estado español y en otras 9 capitales internacionales para denunciar el ataque del gobierno español a los derechos fundamentales y concretamente a las libertades de información, expresión e ideológica. La actual caza de brujas por delitos de opinión desatada por el Estado ya se ha cobrado al primer twittero preso por sus comentarios en las redes sociales, el amurriotarra Alfredo Remírez. Por otro lado el pasado domingo el también amurriotarra Julen Ibarrola ingresaba en prisión para cumplir una condena de un año por realizar una pintada con un rotulador. 
En el estado español, en pleno siglo XXI, no se respeta el derecho a la libertad de expresión. Actualmente, más de 20 artistas (poetas, raperos, titiriteros, etc…) se enfrentan a condenas de prisión y elevadas multas por expresarse mediante el arte. Valtonyc (rapero) ha sido condenado a casi 4 años de cárcel por sus canciones. Pablo Hasél (rapero) podría entrar 12 años a prisión por sus canciones y tweets, los 12 raperos del colectivo musical ‘La Insurgencia’ han sido condenados a 2 años y 1 día de prisión por sus canciones, el artista audiovisual Resistencia Films fue citado en la Audiencia Nacional y le piden 2 años de prisión por entrevistar a ex-presos políticos y hacer material audiovisual denunciando injusticias… Alfredo Remírez ha sido la primera persona en entrar a prisión en el Estado español por expresarse mediante las redes sociales, condenado a 1 año de cárcel. También recientemente se ha sabido que el joven de Amurrio Julen Ibarrola tiene orden inminente de entrada el domingo en prisión por una simple pintada con un rotulador. 
Una treintena de activistas de CGT procedentes de distintos puntos de la geografía española han ocupado esta tarde los terrenos de Botafuegos donde el Gobierno proyecta construir un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Hasta el lugar se han desplazado miembros del sindicato procedentes de distintos puntos de Cataluña, Aragón, Madrid y Andalucía, y han ocupado con tiendas de campaña el solar cedido por el Ayuntamiento de Algeciras al Ministerio del Interior para la construcción del CIE. 
Cinco jóvenes pasaron meses en prisión provisional y la quincena de acusadas han sufrido medidas cautelares durante estos tres años. El Juzgado Central de Instrucción número 6 ordenó a la Policía Nacional española, en colaboración con las Brigadas de Información de Madrid, Barcelona, Palencia y Granada, detener quince personas por “pertenecer a un grupo criminal con fines terroristas”. 
Dicho de otro modo y dando peso a mi afirmación inicial de que PP y C’s son agrupaciones antidemócratas, el hecho de que España sea criticada internacionalmente por el deterioro de las libertades civiles y los derechos fundamentales es obra de los negocios que se traen entre manos Rajoy y Rivera. Mi colega Anna Flotats firma hoy un impagable artículo que evidencia cómo Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C’s) están cortados por el mismo patrón, hechos a partir de un mismo molde del que se producen antidemócratas en cadena. Vamos camino de cerca de dos años y medio ya de Ley Mordaza, la misma que hace un año el Congreso de los Diputados acordó derogar o modificar. Sin embargo, dicho trámite está bloqueado por la derecha al tener mayoría en la Mesa de la Cámara Baja. 
En un ejemplo de solidaridad de clase, el comité de empresa de Metro de Barcelona ha denunciado la situación en que se encuentran los 27 encausados que ocuparon el rectorado de la Autónoma para reivindicar el cumplimiento de los acuerdos del claustro. En el comunicado exigen la retirada de la denuncia y la finalización del proceso represor. Reproducimos el texto íntegro difundido por el comité: Barcelona, a 11 de enero de 2018 
Por el cese de la política de dispersión de presos y presas, así como por el cumplimiento de los Derechos Humanos en esta materia, CGT-LKN considera inaceptable que los estados español y francés vulneren sistemáticamente los Derechos Humanos del colectivo de presas y presos. Para que se analicen cada uno de los casos de los presos y presas muy gravemente enfermos/as y que sean excarcelados/as, para garantizar su derecho a la salud, por el inadecuado acceso al tratamiento y control médico dentro de prisión Rechazamos la política de dispersión, que afecta principalmente al colectivo de presos/as vascos/as y aquellos/as presos/as sociales más concienciados/as, que busca el quebrantamiento no sólo de cualquier atisbo de unión entre personas presas sino la destrucción mental, y en algunos casos física de la persona. La dignidad en la cárcel es pagada con más castigo. 
“Soy un rapero al que el Estado español puede condenar hasta a 12 años de prisión por hacer canciones y escribir en Twitter”, explica Pablo Hasel en un vídeorealizado pero la plataforma creada en su apoyo desde que, en 2015, el rapero comenzara sus visitas alos juzgados El próximo 1 de febrero, Hasel volverá a ser juzgado en la Audiencia Nacional, esta vez por cantar canciones críticas con la monarquía, por mensajes en redes sociales de denuncia de brutalidad policial y por otro en el que denuncia la muerte de Isabel Aparicio, militante de Grapo que falleció en abril de 2014 en la prisión de Zuera, según denuncian desde colectivos como Socorro Rojo, a causa de la ausencia de atención médica que recibió. La Fiscalía pide, en este juicio, hasta cinco años de cárcel. Leer más … 
Según la información disponible hasta el momento, un ciudadano argelino de 36 años (cuyo nombre no se ha hecho público aún), ha muerto, supuestamente por suicidio, en una celda de la cárcel de Archidona mientras esperaba su deportación. La Campaña por el Cierre de los CIE y el fin de las Deportaciones denuncia esta muerte como un asesinato más producto del racismo institucional que supone la política migratoria basada en el encierro y la deportación. Con la cárcel de Archidona, el Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha llevado la violación de derechos a un extremo criminal: ha usado una instalación penitenciaria como CIE, algo prohibido expresamente por la actual Ley de Extranjería y denunciado por la Defensoría del Pueblo; ha empleado datos falsos para internar a las personas, como está investigando la justicia; ha intentado deportar a adolescentes; y ayer mismo, como muestra un vídeo, la policía reprimía violentamente a las personas privadas de libertad en Archidona. 
Desde Málaga Acoge exigen la paralización de las expulsiones para que se realice una investigación profunda de lo sucedido en la cárcel malagueña, utilizada ahora como CIE. Tenía 36 años y llegó a España desde Argel. Ayer su cuerpo fue encontrado sin vida en el CIE de Archidona, un centro de internamiento de migrantes abierto, de forma irregular, el pasado 20 de noviembre, en las instalaciones de la futura cárcel de este municipio de Málaga. Según adelantó ayer Diario Sur, los agentes de policía que trabajan en el centro penitenciario Málaga II, reconvertido en CIE, encontraron su cuerpo sin vida por la mañana, a las 9:00. La comitiva judicial se desplazó hasta el centro para levantar el cadáver, al que se le practicará la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Málaga. |
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