Representantes sindicales de CGT/LKN, CNT, ELA, LAB, UGT, ESK, STEILAS, EHNE, HIRU y ETXALDE, se han concentrado esta mañana en la plaza Elíptica de Bilbao, dentro de la iniciativa “Izan Bidea”, para exigir que deje de aplicar el régimen de excepcionalidad, que se aplica a las personas presas y a favor de una nueva política penitenciaria que busque la reintegración en la sociedad de estas personas en un plazo de tiempo razonable.
Los sindicatos participantes de esta iniciativas seguimos poniendo en valor la confluencia, el compromiso y constancia de la dinámica, que por encima de nuestras diferencias nos une en esta reivindicación.
Tenemos claro que esta dinámica debe continuar, pues a pesar de que se han dado pasos en cuanto a acercamientos y progresión de grados, aún estamos lejos de dar por zanjadas las reivindicaciones que hacemos: el acceso a los beneficios penitenciarios contemplados en la legislación ordinaria, la excarcelación de aquellos que padecen enfermedades graves o incurables, la reincorporación al mundo laboral de aquellas personas que son excarceladas, así como la revisión de la legislación para el alargamiento excepcional de las condenas.
Han tenido que pasar más de tres décadas para que hoy podamos hablar de una situación diferente. Pero aún hoy, un número importante de presos y presas continúan dispersadas por la mitad norte de la Península y a la espera de su ubicación en los centros penitenciarios de Hego Euskal Herria.
Será entonces cuando estemos en condiciones de poder hablar de normalizar la convivencia en nuestro País.
Para empezar debería producirse ya la excarcelación de las personas gravemente enfermas y de aquellas mayores de 70 años.
Más del 90% de estas personas encarceladas, si no hubieran sido objeto de una política de clasificación basada en criterios estrictamente políticos, podían haber disfrutado de los permisos propios del segundo grado.
Más de un tercio ha cumplido -en algunos casos desde hace tiempo- las ¾ de las condenas impuestas.
Las aproximadamente 60 personas presas vascas que fueron juzgadas y condenadas tras la aprobación de la Ley Orgánica 7/2003, con hasta 40 años de privación efectiva de libertad y limitaciones insuperables para acceder al tercer grado y a la libertad condicional, lo fueron con una normativa de carácter excepcional que debe ser reconvertida a la normativa ordinaria.
A 50 personas reclusas vascas, que ya cumplieron condena en cárceles del Estado Francés, se les está aplicando una ley redactada “ad hominem”, solo para presos y presas vascas, que les impide el cómputo del tiempo cumplido de privación de libertad en el espacio de la UE.
Así mismo, ante el inminente enjuiciamiento de 8 personas por su labor de asistencia jurídica y social a los presos y presas vascas (sumario 13/2013), los sindicatos aquí presentes queremos manifestar lo siguiente:
- Mostramos nuestra preocupación y rechazo respecto a las irregularidades relatadas por las personas afectadas y, especialmente, respecto a la práctica de la tortura durante el periodo de incomunicación.
- Solicitamos el archivo de dicha causa, tanto por las irregularidades mencionadas como por ser un acto anacrónico que contraviene la demanda mayoritaria en nuestra sociedad por un escenario de paz y convivencia democrática.
- Al igual que hemos reclamado reiteradamente el fin de la excepcionalidad respecto a la política penitenciaria, solicitamos también el fin de la excepcionalidad judicial. Los ciudadanos y ciudadanas vascas tienen derecho a ser juzgados en el tribunal ordinario que les corresponda.
Necesitamos reconstruirnos como sociedad en convivencia, por ello el próximo 17 de septiembre, y tras la pausa de julio y agosto, de nuevo estaremos en la plaza Elíptica, e iremos caracterizando de forma específica cada una de las concentraciones que seguiremos haciendo cada tercer viernes de mes.
