Inicio SocialEnseñanza La nueva Ley de la Formación Profesional un paso más en la privatización de la enseñanza

La nueva Ley de la Formación Profesional un paso más en la privatización de la enseñanza

por CGT-LKN EuskaL Herria

Con la presentación del anteproyecto este martes ante el Consejo de Ministros, la nueva ley orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional propuesta por la ministra de Educación, Isabel Celaá, se inicia su andadura legal, de cara a su aprobación definitiva que se espera ocurra a finales de este año y consistirá en la integración en un sistema único de formación profesional a lo largo de la vida de los dos subsistemas que existían hasta ahora (FP del sistema educativo y FP para el empleo), en virtud de la ley orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

Esta reforma cuenta ya con el apoyo total y expreso de la CEOE y viene acompañada de una inyección presupuestaria nada desdeñable de 5.000 millones de euros, 2 mil de ellos procedentes de los fondos europeos. La idea de la reforma de la FP consiste fundamentalmente en incrementar en un gran volumen la parte de la formación que se desarrolla directamente en el ámbito de las empresas. Es decir, en darle un elevado grado de potestad de mando a la patronal sobre la formación de las y los jóvenes. Pudiendo llegar a pesar hasta en un 50% de la formación y aunque deberá acompañarse de un contrato, podemos vislumbrar que se tratará de contratos mal pagados, con amplias jornadas y elevada precarización para las y los jóvenes en prácticas.

Este anteproyecto incluye un tutor empresarial que evaluará en una parte importante la adquisición de los conocimientos del alumnado, e incluso la realización de másteres de especialización en la universidad y un sistema de gobernanza, que pasa por un organismo denominado “Consejo General de la Formación Profesional”, que se ubicará en los despachos y desde donde patronal y sindicatos, diseñarán e intervendrán, cobrando por ello, en el desarrollo de la nueva FP.

Así, las empresas se van a beneficiar económicamente al disponer de mano de obra preparada y dócil a la que seguir precarizando y explotando como hasta ahora. En ningún caso el anteproyecto plantea ninguna exigencia empresarial que garantice derechos, retribuciones y condiciones de trabajo dignas para las y los jóvenes, como no lo vienen haciendo hasta ahora.

Esta ley, en realidad, supone por el contenido de su articulado, que  la patronal intervendrá directamente en los contenidos de la enseñanza de la FP, en el diseño y duración de los cursos, en el acortamiento de la formación a su medida, en el desarrollo e implementación de másteres profesionales específicos e incluso en la evaluación directa de la nota que obtengan por los conocimientos adquiridos las y los jóvenes de la FP. a través del denominado “tutor de la empresa” que se coordinará con el tutor del centro, pero que tendrá una relevancia esencial en el proceso formativo, lo que constituye la privatización de la FP.

Para la ministra Celaá la orientación de la nueva ley: “se sustenta en la participación, la corresponsabilidad público-privada, la vinculación entre centros de formación y empresas y la conexión de la oferta con la realidad laboral”. Es decir, la intervención de las empresas y la privatización en la formación profesional a todos los niveles, donde la empresa es la auténtica clave de todo el proceso formativo de la que será la nueva FP. Todo ello sin costarles un euro a las compañías, todo a cargo del erario público para beneficio único y exclusivo de las empresas privadas. En la perspectiva de tener disponible una mano de obra especialmente calificada en todo lo que interese a sus intereses y a la producción mercantil.

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