Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
Ayer 18 de noviembre los sindicatos estudiantiles Estudiantes en Movimiento y Frente de Estudiantes, junto a Consejos de Estudiantes de algunas universidades públicas, convocaron una serie de movilizaciones en las principales ciudades del país, dejando claro que la Reforma Universitaria se está llevando a término a las espaldas de la Comunidad Educativa.
Hace un mes se aprobaron los anteproyectos de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y de Ley de Convivencia Universitaria : la LOSU establece cierta pérdida de representatividad estudiantil y abre la puerta a “incrementar” la privatización de la universidad, la Ley de Convivencia convierte en graves o muy graves cualquier acción que el alumnado pueda llevar a cabo como forma de protesta.
El Congreso, a exigencia de ERC el pasado junio, enmendará los primeros días de diciembre el llamado «Icetazo» firmado por el propio Gobierno y los sindicatos CSIF, CCOO y UGT. Está enmienda recoge lo que no recogía el EBEP y exigían interinos e interinas y organizaciones como CGT; la aplicación de la excepcionalidad prevista en el EBEP: «con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 del TREBEP, por el sistema de concurso de méritos» .
LAB, STEILAS, CCOO, ELA, CGT/LKN, ESK y el Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU se han concentrado frente al Parlamento Vasco para denunciar que el reconocimiento de esta universidad permitirá que un proyecto privado que presenta importantes «carencias» acceda a unos fondos públicos ya de por sí «insuficientes».
PNV y EH Bildu están manteniendo reuniones para un pacto educativo en 2022, para blindar la red educativa concertada más grande del Estado y la segunda de Europa, proponiendo financiar al 100% la red concertada sin cambiar la titularidad de los centros, que podrían seguir siendo privados. El objetivo de esta medida es según EH Bildu el acabar radicalmente con el sistema de cobros de la escuela concertada, cuando los cobros ya están prohibidos por decreto.
Convocada por La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública Vasca, considera que en el ámbito educativo, la escuela pública es el servicio público, gratuito y universal, de todos y para todas, compensador de las desigualdades de origen, única escuela inclusiva, la que más aporta a la cohesión de la sociedad vasca y la red que más alumnos ha euskaldunizado y euskalduniza hoy en las condiciones más difíciles.
Los objetivos de EH Bildu y PNV convergen en educación. EH Bildu ha propuesto financiar al 100% la red concertada sin cambiar la titularidad de los centros, que podrían seguir siendo privados. Quieren revestir su propuesta educativa de participativa y comunitaria, dotando de más competencia al municipio, es decir, descentralizando el sistema.
La educación que se recibe en la escuela actualmente no se limita a no favorecer o a no estimular el desarrollo de nuestras capacidades, sino que las ahoga. La civilización vive, como diría Martha Nussbaum, una crisis mundial en lo que respecta a la educación que anula, entre otros aspectos, la capacidad crítica y la empatía.
Los sindicatos LAB, Steilas, CCOO, ELA y CGT/LKN de la UPV/EHU, así como el Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU y la organización Ernai, participantes este martes en el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU, se oponen al proyecto Euneiz (European University Gasteiz) de Nuevas Tecnologías, Deporte y Salud, que está impulsado por el grupo Baskonia-Alavés y que cuenta con el apoyo de las instituciones de la CAV.
El colectivo INTERINOEN GREBA formado por profesoras y educadoras interinas de la red pública de la CAV promueven esta campaña de recogida de firmas para denunciar la precarización y buscar una solución consensuada entre todos los agentes que participan en educación. Puedes firmar en : http://chng.it/ZX2JNSt8
Para construir una sociedad sana basada en la igualdad, el reparto del trabajo es imprescindible. El reparto del empleo es fundamental no sólo para reducir las tasas de paro, sino también para garantizar el acceso al trabajo de todas las personas. También es imprescindible para reforzar los servicios públicos (sanidad, educación, jubilación, vivienda).
La Revista Aula Libre, promovida por la Federación de Enseñanza de la CGT, vuelve a reeditarse. El primer número de esta nueva época acaba de salir en febrero de este año, cocinándose desde el comienzo de la pandemia del coronavirus. De igual modo, es fruto de la colaboración de personas afiliadas en diferentes territorios del Estado español, concretamente en Andalucía, Asturias, Canarias, Madrid y Catalunya, las cuales están relacionadas con la educación de algún modo (educación pública, escuelas libres, Universidad…).
La Federación de Enseñanza de CGT pide al gobierno que aplique el artículo 61.6 del EBEP para solucionar el problema del personal interino docente y consolidar su acceso a la función pública. CGT tiene claro -no así otros sindicatos- que cuando hablamos de estabilidad o consolidación pensamos siempre en personas con nombres y apellidos, no en plazas o puestos de trabajo en abstracto, y menos en estadísticas y porcentajes de interinidad. Hablamos de personas con un bagaje y una trayectoria dentro de la educación pública que suponen un caudal de conocimiento y experiencia que en ningún momento podemos despreciar ni dejar marchar.
InfoLibre recaba los 13 listados autonómicos de centros con «educación diferenciada» con financiación pública, fenómeno presente en todas las comunidades salvo Canarias, Extremadura, Aragón y Castilla La Mancha. El 100% de estos concertados son católicos, entre el Opus, organizaciones afines. La nueva ley educativa impulsa la prohibición de subvencionar este modelo, aunque en 2018 dicha financiación ya recibió el aval del Tribunal Constitucional.
Estudian en ellos 3.770 estudiantes y el segundo que más ingresa es Gaztelueta, que protegió a un profesor que abusó sexualmente de un alumno.
Euskadi es la comunidad autónoma que tiene un mayor peso de la educación concertada en toda España. Representa prácticamente el 50% de toda la red, casi en posición de equilibrio con la pública.
En el anteproyecto de la LOMLOE el Gobierno ha decidido no recuperar la asignatura de Ética. No solo eso, sino que ha eliminado la asignatura de Valores Éticos que se imparte en todos los cursos de la ESO (una escasa hora a la semana) y la ha sustituido por la asignatura que han llamado «Educación en Valores cívicos y éticos» que se impartirá en un solo curso de toda la etapa de la ESO y en un solo curso del último ciclo de la Enseñanza Primaria. Además, para esta asignatura no será necesario contar con profesorado especializado en la materia, ya que previsiblemente podrá impartirla cualquier profesor/a de la rama de las ciencias sociales.
El pasado 19 de noviembre fue aprobada por la mínima en el Congreso la LOMLOE, la “nueva ley educativa” conocida ya como Ley Celaá. Ahora tendrá que pasar por el Senado y volver al Congreso para ser ratificada definitivamente y promulgada.
En rigor, no estamos ante una nueva ley que plantee una revisión integral del sistema educativo, sino, como bien se explica en la exposición de motivos, ante una modificación de la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE), que, en lo esencial, vuelve a estar vigente con algunos retoques y actualizaciones tras el paréntesis de la LOMCE
En lo fundamental el Ejecutivo PSOE-UP ha practicado lo contrario de lo que ambos partidos, por separado, anunciaron desde las troneras de la oposición. <<Los socialistas denunciaran los acuerdos con la Santa Sede cuando regresen al poder>>. La Ley Celaá no ha acabado con la subvención con dinero público a la concertada (unos 6.000 millones), solo le ha puesto deberes para adecentar el despilfarro que significaba esa modalidad de escuela privada.
Lo que llaman libertad es que todos paguemos sus privilegios y que sus hijos no se mezclen con los hijos de la plebe. Son liberales a costa del Estado y clasistas a costa de las demás clases.
El problema de las críticas de la derecha a la nueva ley de Educación es que son falsas. Dicen cosas de la ley que la ley no dice. Ni desaparece la Educación Especial ni queda desprotegido el español ni se coartan las libertades de nadie. ¡Libertad, libertad!, gritaban aporreando el escaño en el Congreso la semana pasada y el cláxon en la mani sobre ruedas del fin de semana.
La campaña de la derecha está en los medios, en las redes, en la calle, y también en Congreso de los Diputados, con el pataleo del PP, Vox y Ciudadanos gritando «libertad», libertad para acabar con la educación pública, libertad para extender la enseñanza concertada con fondos públicos, libertad para imponer la religión católica en las aulas públicas, libertad para segregar por razón de clase o de género, libertad para marginar las lenguas cooficiales del país.
Ha pasado prácticamente desapercibida fuera de los medios valencianos, pero la sentencia 3138/2020 del Tribunal Supremo no tiene una afectación exclusiva en esta autonomía. Ni mucho menos. En su fallo, que genera jurisprudencia en toda España, el alto tribunal desestima dos recursos de la Generalitat a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) del 2018 que obliga a mantener el concierto a las unidades de bachillerato de dos colegios privados –el muy elitista El Pilar, de València, y La Salle, de Paterna-, a pesar de no ser estos tramos de educación obligatoria.
La Coordinadora de Investigación y Universidades de la CGT y la CNT han hecho un llamamiento al conjunto de la comunidad universitaria y de centros de investigación de todo el Estado para ir a la huelga este miércoles 21 de octubre con el objetivo de «avanzar hacia un sector científico al servicio de las necesidades de la clase trabajadora.
A esta convocatoria se han sumado una quincena de organizaciones, que también han convocado manifestaciones y concentraciones en varios puntos de España como Barcelona, Granada, Valencia o Madrid cuya manifestación tendrá lugar a las 18.00 horas en Atocha, finalizando su recorrido en Sol.
Con la publicación en 2007 de La doctrina de shock, la periodista y activista Naomi Klein nos proporcionó una metáfora muy útil para analizar las políticas neoliberales.
Extrapolando técnicas de las experiencias psiquiátricas de anulación de la personalidad y el recuerdo, el capitalismo del desastre de los Chicago Boys encontró una estrategia perfecta para capitalizar la crisis: el diseño de políticas que sistemáticamente profundizan en la desigualdad y terminan enriqueciendo a las élites.
En los últimos días ha circulado el segundo borrador de la reforma que el Ministerio de Universidades se propone introducir en la LOU en relación con la carrera profesional del profesorado. Este documento, que a diferencia del primero no recoge propuesta alguna para el desarrollo del Estatuto del Personal Docente e Investigador, adopta un tono más social y se acompaña de algunas modificaciones amables, lo que no sería más que una mera operación de maquillaje sino fuera porque el texto ahonda en algunos de los aspectos más lesivos de la versión anterior.
Durante varios meses, grandes sectores de la población han estado confinados en casa y, por lo tanto, la educación de criaturas, niños y niñas y jóvenes ha sido a distancia, es decir, por medios digitales. Pero esta situación ha tenido consecuencias enormemente negativas que explican la resistencia de la ciudadanía a continuar tales confinamientos. Entre ellas está el gran retraso escolar que ha causado la interrupción de la docencia presencial. El cambio obligado en el modelo de educación debido a la pandemia, de presencial a virtual, ha implicado, para grandes sectores del alumnado, un impacto negativo muy significativo para su desempeño escolar.
La confederación de asociaciones de padres y madres de alumnos de Euskadi, Ehige, ha acusado al Departamento de Educación de no responder a las necesidades de los centros para planificar el próximo curso y pretender «recortes evidentes«. Los sindicatos de enseñanza consideran nefasta la gestión de la consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte y plagada de decisiones unilaterales, no negociadas ni consensuadas y ha generado una situación de incertidumbre en el personal, alumnado y familias, llamando a la movilización hoy Jueves 25 de junio a las 17.30 horas en Gran Vía 85 de Bilbao .
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha fallado por defecto de forma contra del programa de educación Skolae, apoyado por los sindicatos: CGT, CCOO, ELA, LAB, STEILAS, UGT y ESK , programa educativo, «basado en el respeto a la libertad individual de todas las personas, la diversidad y de lucha contra la desigualdad, los roles de género y expresión de género sexistas y la erradicación de las violencias, las discriminaciones y la exclusión, independientemente de cuál sea el origen de la misma».
La Federación de Enseñanza de CGT llevaba un tiempo alarmada por las declaraciones y actuaciones que se estaban produciendo en diferentes Comunidades Autónomas de cara a la planificación del próximo curso escolar. Desde Andalucía a Aragón o Catalunya, pasando por Extremadura, las dos Castillas o Madrid, desde la cornisa cantábrica a la vertiente mediterránea, y sin olvidar las Comunidades Insulares y ciudades autónomas del Norte de África, ninguna señal de vida inteligente por parte de las respectivas autoridades educativas.
Hezkuntza Sailak ez du hurrengo ikasturterako plangintza berritzailerik ezta egokiturik prestatu. Guk argi daukagu: ez dugu normaltasunera itzuli nahi normaltasuna arazoa denean.
El Departamento de Educación no ha elaborado una planificación innovadora ni adaptada para el próximo curso. Nosotrxs lo tenemos claro: no queremos volver a la normalidad cuando la normalidad es el problema.
Ante el anuncio del Departamento de Educación del retorno a las aulas a partir del 18 de mayo para el alumnado de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato, sindicatos, estudiantes, direcciones de centros y profesorado en general, decidieron no volver a las aulas a no ser que las condiciones para el retorno sean negociadas y garanticen la salud de la comunidad.
Educación se lava las manos y deja la responsabilidad de la reapertura de los centros en los equipos directivos, con una explicación a la Inspección de Educación de los motivos que le han llevado a optar por el retorno de un determinado alumnado y no de otro, o si las clases se realizan de forma telemática o presencial.
Desde CGT hemos manifestado públicamente nuestra preocupación sobre la finalización del presente curso (cuestión de emergencia) («Sobre la Selectividad», «No se pueden reabrir los centros escolares si no se garantiza la salud», «La (re)vuelta a clase») , y también de cara a la organización del próximo curso (cuestión de planificación) («¿Se van a reabrir los centros?»).
CGT defiende la apuesta por una educación pública, laica y de calidad que construya una sociedad realmente igualitaria. Rechazando la decisión del Tribunal Constitucional consistente en seguir respaldando con dinero público aquellos centros educativos que entre su ideario está la segregación por razón de sexo.
Esta decisión del alto tribunal encaja perfectamente con los valores que se están inculcando en muchísimos centros del Estado español en base a la división de roles que, según ellos, debe existir entre hombres y mujeres en nuestra sociedad, como es el caso de algunos colegios religiosos como los gestionados por la corriente ultracatólica ‘Opus Dei’.
El ruido mediático del máster falso de Cifuentes, oculta un gran negocio «de la casta universitaria» con la privatización de la enseñanza universitaria, tras la implantación en la universidad del Plan Bolonia, la Estrategia 2015 y el 3+2, donde las licenciaturas de 5 años pasaron a 4 o 3 años y los másteres de 1 a 2 años. Los estudiantes se ven forzados a cursar los másteres para poder tener acceso al mundo del trabajo, másteres a 5.000, 10.000 y hasta 20.000 euros.
Al darle más espacio a los másteres abre mucho más la puerta al negocio de los másteres privados. Un entramado de fundaciones y empresas adscritas, controladas por la élite del profesorado, se benefician de un sistema desregulado. Un auténtico chollo, un negocio para unos pocos y que al hacerlos «imprescindibles» solamente son accesibles para las familias ricas configurando una universidad clasista donde ya no existe la igualdad de oportunidades..
El Tribunal Constitucional apoyará la constitucionalidad de la ‘Ley Wert’ y la segregación de alumnos por sexo con subvenciones públicas
El Tribunal Constitucional (TC) apoyará la ponencia redactada del magistrado conservador Alfredo Montoya que defiende la constitucionalidad de la Ley Wert. Entre otros, apoyará tres apartados muy cuestionables de esta norma impulsada por el exministro de Educación que ya fueron recurridos por el PSOE: las subvenciones públicas a los centros educativos que segregan a su alumnado por sexo; la potestad de los centros para seleccionar a su alumnado y segregarlo en “itinerarios académicos”; y aquella que incluye la clase de Religión en el currículo académico, a la que se debe imponer una alternativa obligatoria.
Asumimos gran parte de las reivindicaciones que están encima de la mesa negociadora por parte de la representación sindical: contra la política de recortes en la enseñanza pública del Gobierno Vasco que está provocando la precarización de la enseñanza, mediante la reducción de plantillas, la no cobertura de bajas desde el primer día, la escasez de medios y el desvió de fondos públicos hacia la escuela concertada y privada en detrimento de la pública.
CGT-LKN considera que cualquier convocatoria de huelga, movilización o en lo referente a definir las reivindicaciones que se llevarán a una supuesta mesa de negociación se ha de contar con la participación directa y activa de todos los trabajadores y trabajadoras a través de un proceso asambleario que vaya de abajo arriba. Es insuficiente el pasarse (cuando se pasan) por los colegios e institutos para explicar su huelga. Denunciamos así mismo la actitud de ciertos representantes (ELA) que se han pasado por los colegios intentando desacreditar el paro de 24 de la Huelga Feminista del 8 de Marzo, convocada por varios sindicatos como CGT, poniendo en duda su legalidad.
* La escuela pública escolariza a más del 82% de los alumnos extranjeros.
* Los centros concertados se escudan en que están llenos cuando llegan alumnos con el curso empezado.
* Los expertos advierten de que no se trata de un problema racial, sino de pobreza abogan por repartir a los inmigrantes para romper con los guetos.
«La segregación escolar por clase social [centros distintos para clases sociales distintas] estaba ya más que presente; las cuotas que deben pagar las familias cumplen de manera muy eficaz con la función de seleccionar a las familias en numerosos centros concertados».
Cabe recordar que esta ha sido la quinta de las movilizaciones que se han desarrollado en este año 2017. La Sección de Enseñanza de Bizkaia de CGT-LKN ya mostró su adhesión a las anteriores movilizaciones de una manera crítica.
En primer lugar por su contenido, ya que si bien asumimos gran parte de las reivindicaciones que están encima de la mesa negociadora por parte de la representación sindical, CGT-LKN lucha por un modelo una escuela pública de calidad, gratuita, universal, científica, innovadora, laica, autogestionaria, integradora, participativa, democrática, antiautoritaria, crítica, pacifista, inclusiva, coeducativa, ecologista, compensadora de desigualdades…Frente a un modelo neoliberal impuesto fundamentalmente por el PNV: neoliberal, adoctrinadora, confesional, segregadora, competitiva, clasista y elitista.
Vemos indispensable que para cualquier convocatoria de huelga, movilización o en lo referente a definir las reivindicaciones que se llevarán a una supuesta mesa de negociación se ha de contar con la participación directa y activa de todos los trabajadores y trabajadoras -a través de un proceso asambleario-. De hecho, además de los sindicatos, nosotras, como clase trabajadora, asumimos nuestra responsabilidad e incluso, a veces culpa, de parte de lo que está pasando en nuestro sector.
Las convocatorias de movilización han de ser lo más plurales y unificadas posibles (de sindicatos, uniendo a todos los movimientos y asociaciones vinculadas con la educación, tomando en cuenta a padres, madres y alumnado, trabajadores de los Servicios Sociales, así como a la plantilla de la educación privada/concertada), dejando de una vez la eterna pelea política de unos sindicatos y otros. Por un lado, demostraríamos frente a la administración una gran fuerza. Además, las movilizaciones parciales y divididas no traen a la clase trabajadora más que cansancio, desesperación, lejanía para con la lucha sindical y, por tanto, lo que más tememos, que es la desmovilización total.
2.446 de los 2.706 colegios que mantienen un ideario confesional son sufragados por las diferentes administraciones autonómicas.
El informe del INE señala que la enseñanza privada católica obtuvo 595,7 millones de euros de beneficio en 2014-2o15 y recibió más de 6000 millones de dinero público. La financiación supera por primera vez el 90% de centros, entre otros escandalosos datos.
Una necesidad social, la enseñanza, convertida en unrentable negocio privado y en un medio de adoctrinamiento religioso gracias a la política de los gobiernos estatales y autónomicos desde la Transición, resultado del más escrupuloso respeto a los privilegios de la iglesia impuestos por el franquismo y confirmados por el régimen borbónico a través del Concordato con la Santa Sede de 1979.
El Departamento de Educación del Gobierno vasco destinará durante el curso académico 2017/2018 casi 13 millones de euros a la concertación de seis colegios privados que sólo aceptan o varones o mujeres entre su alumnado, Gaztelueta (Leioa), Munabe y Ayalde (Loiu), Arangoya (Bilbao), Erain (Irún) y Eskibel (San Sebastián). Todos ellos están vinculados a la prelatura del Opus Dei, cuatro de ellos dentro de la patronal COAS.
La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha enviado al Parlamento el listado y el desglose de los fondos recibidos por estos centros de educación segregada por sexos a instancias del representante de IU y de la coalición Elkarrekin Podemos Íñigo Martínez, que se interesaba también por la «titularidad» de estas instalaciones. Uriarte matiza que Educación «no ha suscrito convenios con estos centros» sino los «documentos administrativos» propios del sistema de concierto educativo, un modelo que en Euskadi acapara el 50% de las matriculaciones, muy por encima de la media.
Inspección de Trabajo reconoce que Viaró Global School discrimina por razón de sexo a sus trabajadoras y propone una sanción de 50.002 €.
La resolución da la razón, también, a las reivindicaciones de CGT Enseñanza sobre la necesidad de eliminar los conciertos educativos y pone en cuestión el modelo del sistema educativo catalán.
La CGT considera gravísimo que el Departamento de Enseñanza, conocedor de los hechos, no haya procedido a la retirada del concierto educativo en la Escuela Viaró, haciéndose cómplice de la irregularidad.
Vemos indispensable que para cualquier convocatoria de huelga, movilización o en lo referente a definir las reivindicaciones que se llevarán a una supuesta mesa de negociación se ha de contar con la participación directa y activa de todos los trabajadores y trabajadoras -a través de un proceso asambleario-. De hecho, además de los sindicatos, nosotras, como clase trabajadora, asumimos nuestra responsabilidad e incluso, a veces culpa, de parte de lo que está pasando en nuestro sector.
Las convocatorias de movilización han de ser lo más plurales y unificadas posibles (de sindicatos, uniendo a todos los movimientos y asociaciones vinculadas con la educación, tomando en cuenta a padres, madres y alumnado, trabajadores de los Servicios Sociales, así como a la plantilla de la educación privada/concertada), dejando de una vez la eterna pelea política de unos sindicatos y otros
