Hace un mes se aprobaron los anteproyectos de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y de Ley de Convivencia Universitaria, los pilares de la reforma universitaria del gobierno PSOE-UP : la LOSU establece cierta pérdida de representatividad estudiantil en los órganos de decisión de los centros y abre la puerta a “incrementar” la privatización de la universidad; y la Ley de Convivencia les ata de manos y pies al convertir en graves o muy graves cualquier acción que el alumnado pueda llevar a cabo como forma de protesta.
El Plan Bolonia supuso la consolidación de un modelo que expulsaba a decenas de miles de estudiantes de clase trabajadora al tiempo que abría las puertas a la injerencia absoluta de las grandes empresas en los asuntos de la universidad. Un modelo que ya había sido adelantado en 2001 con la Ley Orgánica de Universidades (LOU) del PP de Aznar, que también generaría una amplio rechazo y movilizaciones estudiantiles y de docentes y trabajadores.
Uno de los objetivos declarados de la ley es aumentar la interrelación entre las universidades y las empresas privadas, poniendo las primeras al servicio de las últimas, aumentando la dependencia de la universidad de la financiación privada e incrementando la participación de representantes empresariales en la toma de decisiones, entre otras medidas.
Así, la LOSU habilita toda una serie de mecanismos de financiación privada introduciendo los conceptos de “Patrocinio” y “Mecenazgo”, que transforman a las universidades en escaparates publicitarios de las empresas obligándolas a “colaborar en la publicidad del patrocinador”.
La nueva ley refuerza también el control político de las universidades por parte de los intereses empresariales reforzando las atribuciones y representación institucional de los Consejos Sociales. Estos organismos, presentes en todas las universidades, integran a la casta académica de catedráticos, a la casta política, a burócratas sindicales y a representantes de organizaciones patronales como la CEOE y directivos de grandes multinacionales y bancos.
Los sistemas de elección y representación están ponderados por sectores, teniendo mayoría absoluta la casta de catedráticos a pesar de ser una minoría en relación al resto de sectores de la comunidad universitaria (docentes precarios, estudiantes y trabajadores). Los trabajadores y trabajadoras de servicios privatizados como la limpieza no tienen ni voz ni voto. Por otro lado, los órganos de representación son poco más que consultivos y el poder real se concentra en el equipo rectoral y sus supervisores empresariales del Consejo Social.
La Ley de Convivencia Universitaria
El anteproyecto de ley otorga potestad disciplinaria a las universidades para sancionar “infracciones del estudiantado que alteren gravemente la convivencia o que impidan el normal desarrollo de las funciones de docencia, investigación y transferencia del conocimiento, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones”. En tales casos, la sanción correrá directamente a cargo del rector o rectora de turno, dándole así potestad castigar actos de protestas como las concentraciones en el campus, los piquetes o las manifestaciones en los centros de estudio.
La creación de la “Comisión de Convivencia” y “los medios alternativos de solución de los conflictos de convivencia” son el caballo de Troya “progresista” para la verdadera clave: la potestad disciplinaria plena del Rectorado.
Entre las faltas muy graves se encuentran algunas como el acoso sexual, el plagio, las novatadas o la discriminación. Eso sí, solo por parte del estudiantado. No obstante, también incluye el incumplimiento de las normas de salud pública establecidas para los centros universitarios y la destrucción o deterioro irreparable del patrimonio de la universidad.
Las sanciones contempladas para estos casos son la pérdida durante un curso académico del derecho a matricularse en la asignatura en la que se ha cometido el fraude y la expulsión de la universidad en un periodo de hasta un mes, exceptuando la época de evaluaciones y matriculaciones.
Finalmente, se califican como faltas leves el acceso a instalaciones universitarias sin permiso, copiar en los exámenes y deteriorar de forma no grave el patrimonio de la universidad. Tales conductas serán sancionadas por una amonestación privada.
En definitiva, el carácter moderno de la nueva ley está en revestir de “progresistas” y democráticos los fundamentos para seguir atacando la protesta estudiantil. Desde protestas contra actos institucionales hasta ocupaciones pasando por piquetes y asambleas pueden encontrar una justificación para ser reprimidos en la nueva ley.
