La campaña de la derecha contra la ‘Ley Celaá oculta que la privatización de la enseñanza no se detiene

La campaña de la derecha está en los medios, en las redes, en la calle, y también en Congreso de los Diputados, con el pataleo de hoy del PP, Vox y Ciudadanos gritando “libertad”, libertad para acabar con la educación pública, libertad para extender la enseñanza concertada con fondos públicos, libertad para imponer la religión católica en las aulas públicas, libertad para segregar por razón de clase o de género, libertad para marginar las lenguas cooficiales del país.

El Pleno del Congreso de los Diputados da este jueves ha dado  un nuevo paso en la tramitación de la nueva ley educativa, la Lomloe y la derogación de la polémica Lomce, conocida como ley Wert, una ley muy retrógradasegregadora, que limita la participación de los padres y las madres, y ha contribuido a privatizar la enseñanza pública en beneficio de la concertada, pero totalmente insuficiente.

Entre los cambios más importantes de la Lomloe , destaca el fomento de la “participación” de los padres de los alumnos, la “garantía de principios como la inclusión, independientemente de la capacidad del alumnado a lo largo de todas las tres etapas educativas”, y también una mayor “equidad” al recoger el “derecho a poder recibir una beca” o que “la repetición de curso sea algo excepcional -los estudiantes podrán repetir dos veces como máximo-“, se garantiza que las familias tengan “libertad de elección de centro”, pues serán las familias y los alumnos quienes elijan, y no los centros”.

El proyecto de ley aprobado hoy adolece de importantes insuficiencias, especialmente en lo que respecta a su escasa apuesta por la educación pública, como eje vertebrador del sistema educativo y como única garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad. De hecho, no se avanza nada en la reversión de la privatización de la enseñanza mediante una doble red financiada con fondos públicos, lo que conlleva el reconocimiento y la permanencia tal cual de la enseñanza privada concertada, un negocio mayoritariamente en manos de la jerarquía católica, que es además una constatada vía de segregación escolar. Por no hablar del nulo avance en la laicidad del sistema educativo en general y de la escuela pública en particular.

La ampliación de la enseñanza concertada, además, busca deliberadamente la segregación escolar y social, con el objetivo de crear dos trayectorias educativas paralelas: la privada-concertada para las familias que lo puedan pagar y la pública, muy saturada, para quienes no puedan permitirse estos gastos. Por lo tanto, el argumento de la libre elección de centro vuelve a ser falaz, ya que son los colegios los que eligen a las familias a través de sus cuotas.

En el Documento de Bases para una nueva Ley de Educación se han concretado en un conjunto de enmiendas que son imprescindibles para una nueva ley educativa que apueste sin complejos por la educación pública, laica, democrática e inclusiva que necesitamos en los cuales figuran las siguientes:

-Apostar por la suficiencia de la red pública de centros, mediante su extensión progresiva, para poder atender las necesidades de escolarización en todos los niveles educativos.

– Suelo público sólo para centros públicos. No se puede mantener la Disposición Adicional decimoquinta que ha permitido ceder suelo público para la creación de centros privados.

-Establecer explícitamente el carácter subsidiario de los conciertos educativos, de modo que las enseñanzas concertadas solo se puedan mantener temporalmente cuando las necesidades de escolarización de una zona escolar de referencia no puedan ser atendidas por la red pública.

– Eliminar las referencias a la libre elección de centro como supuesto ‘derecho’ y/o como criterio para la escolarización y planificación de la red de centros. No cabe aceptar, ni está constitucionalmente justificada, la equiparación del derecho universal a la educación con la manifestación de una preferencia particular.

-Hasta tanto no se deroguen los acuerdos con la Iglesia católica y otras confesiones, hay que sacar la religión de horario lectivo.

-Elección democrática de la dirección de centros por el Consejo Escolar y composición más equilibrada y democrática del mismo.

Ratios. Máximo 20 en enseñanzas obligatorias y 25 en post obligatorias.

Comisiones de escolarización permanentes. Para evitar una escolarización ‘a la carta’ por parte de los centros (especialmente los concertados) como medio para garantizar una escolarización inclusiva y equitativa.

.-Exigir la coeducación como principio educativo y de escolarización en todos los centros, etapas y aulas, no permitiendo concertar ni mantener concierto alguno, si se separa al alumnado por razón de sexo, o se discrimina por razón de creencias, origen cultural, económico, social…

-Garantizar la equiparación de la financiación en educación con la media del PIB de países de la UE, para poder aplicar de forma realista todas las medidas anteriores.

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