Comunicado de la Federación de Enseñanza de CGT respecto al texto de la LOMLOE aprobado en el Congreso.
El pasado 19 de noviembre fue aprobada por la mínima en el Congreso la LOMLOE, la “nueva ley educativa” conocida ya como Ley Celaá. Ahora tendrá que pasar por el Senado y volver al Congreso para ser ratificada definitivamente y promulgada.
En rigor, no estamos ante una nueva ley que plantee una revisión integral del sistema educativo, sino, como bien se explica en la exposición de motivos, ante una modificación de la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE), que, en lo esencial, vuelve a estar vigente con algunos retoques y actualizaciones tras el paréntesis de la LOMCE.
Contemplar cómo partidos y sectores ultraconservadores se echan las manos a la cabeza por algunos contenidos del texto es como vivir en el día de la marmota, porque son en muchos casos aspectos que estaban ya vigentes antes de la LOMCE, y no parece que este Estado se hubiera disuelto por no existir imposición de lengua vehicular; ni que las personas católicas se sintieran perseguidas por el hecho de que la Religión, de oferta obligatoria antes como ahora, no contara para la determinación de los expedientes académicos del alumnado. Mucho ruido mediático, pocas nueces en sustancia.
Debemos reconocer que, desde la primera valoración que desde la Federación de Enseñanza de CGT hicimos del nuevo Proyecto de Ley, algunas mejoras se han introducido en el proceso de enmiendas; pero incluso así la LOMLOE sigue quedándose corta, a nuestro entender, en la defensa a ultranza de la educación pública, laica y de calidad. Eso sí, en cualquier escala de valores mejora (lo cual no era difícil) la hasta ahora semivigente LOMCE.
En el lado positivo de balanza del nuevo texto podríamos situar los siguientes aspectos:
La educación pública se considera eje vertebrador del sistema educativo, eliminando la “demanda social” que introdujo la LOMCE para tratar de justificar el mantenimiento y posible incremento de unidades en centros privados concertados.
Los Ayuntamientos no podrán ceder suelo público de uso educativo para construir centros que no sean públicos.
Se recupera la obligatoriedad de no segregar por sexos para los centros privados que soliciten conciertos educativos.
Se plantea una distribución más equitativa del alumnado con necesidades educativas específicas entre centros públicos y concertados.
Todos los centros, públicos y concertados, estarán obligados a aceptar un porcentaje de matrícula viva.
En la adjudicación de plazas escolares primará la cercanía del domicilio y la renta familiar.
Se expresa el compromiso de ir aumentando las plazas de oferta pública y gratuita en educación infantil.
Se postula una reducción de ratios en entornos desfavorecidos.
Se defienden los planes de coeducación y educación afectivo-sexual.
Se abandona la imposición del castellano como lengua vehicular. Cabe recordar que con anterioridad a la LOMCE ninguna ley educativa contemplaba este aspecto.
Se recupera la Filosofía como materia obligatoria en segundo de bachillerato.
Se eliminan las reválidas y los itinerarios de la ESO.
Se incorpora la intencionalidad de educar para la transición ecológica, la justicia social, sostenibilidad ambiental, social y económica.
El Consejo Escolar recupera peso en la elección de la dirección, aprobación del proyecto educativo y de la programación general del centro.
Hay un compromiso de incremento de los recursos para una educación inclusiva, y hacer posible al alumnado de educación especial su integración en la educación ordinaria en un plazo de 10 años.
Se expresa un compromiso de que en dos años se incremente el presupuesto educativo hasta el 5% del PIB.
Pero pese a estas mejoras, el texto de la LOMLOE continúa lejos de lo que debería ser una ley educativa capaz de dar respuesta a las demandas y problemas de la educación pública, a las exigencias de calidad de la sociedad para el sistema educativo, y a las demandas que históricamente vienen planteando el profesorado, alumnado y familias para que la educación cumpla adecuadamente con su función de servicio público social.
Por lo que en el lado negativo de la balanza del texto podríamos colocar los siguientes aspectos:
La LOMLOE sigue apostando por la doble red de centros. No se atreve a acabar con los conciertos educativos. Nuevamente dinero público para inversión educativa seguirá siendo traspasado a las patronales y empresas del sector privado. No se contempla la posibilidad de que los centros concertados puedan pasar a la red pública.
La religión sigue siendo de oferta obligatoria. En CGT abogamos por la aconfesionalidad de los centros educativos mediante la eliminación de símbolos y actos religiosos, la educación en valores universales y la derogación de los acuerdos con el Vaticano. Se deja en el limbo la atención al alumnado que no cursa religión, lo cual, en manos de ciertas comunidades autónomas, puede ser como dejarlo en el purgatorio.
Se siguen jerarquizando los centros, apostando por el neoliberalismo empresarial de la gestión educativa y la selección meritocrática de las direcciones.
Siguen recortadas las competencias de Claustros, Consejos Escolares y AMPAs. En CGT apostamos por la implicación del conjunto de la comunidad educativa en sistemas de gestión alternativos (equipos de gestión escogidos por un Consejo Escolar paritario…)
La LOMLOE no plantea mejoras concretas en la defensa de la calidad del sistema educativo, ni mejoras sociales ni laborales del profesorado.
Mantiene y retoma la apuesta por elaborar pruebas de diagnóstico en 4º de Primaria y 2º de ESO, que de manera solapada acabarán generando rankings de centros.
Las enseñanzas artísticas siguen sin tener el reconocimiento necesario y siguen menospreciadas.
Se recupera y no elimina la Selectividad.
En cuanto a la FP, hace posible que el alumnado pueda compaginarla con la vida laboral, elimina requisitos de edad y permite el acceso desde la enseñanza de régimen especial, pero de cara al profesorado no deja claro qué pasará con las condiciones laborales del personal técnico. La LOMLOE no concreta equiparar los salarios del personal docente, como hemos reclamado desde CGT en incontables ocasiones.
Hay un compromiso de incrementar el presupuesto educativo, pero un 5% del PIB no es suficiente. Actualmente todavía se invierten 1.000 millones menos en educación que lo que se invertía en 2008. En CGT creemos necesaria una inversión mínima del 7% del PIB. Las infraestructuras de los centros públicos son deficitarias, los presupuestos de mantenimiento y funcionamiento reducidos, el mobiliario hace falta renovarlo, hay que construir nuevos centros, desmasificar las aulas, aumentar las becas, incrementar las plantillas de profesorado, personal de apoyo y PAS.
La LOMLOE no plantea mejoras concretas en la defensa de la calidad del sistema educativo, ni mejoras en las condiciones sociales ni laborales del profesorado. La Ley sólo plantea generalidades que no garantizan la reducción de los índices de fracaso y abandono escolar.