Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
La cosa se vino arriba cuando se conoció el último CIS catalán, allá por mediados de diciembre pasado, que daba ganador de las autonómicas a ERC, con JxCat pisándole los talones, y el PSC, versión Iceta de candidato, en tercer lugar y aupándose significativamente sobre anteriores encuestas. Con esas proyecciones, los hombres de Iván Redondeo en Moncloa se lanzaron a escrutar proyecciones, y descubrieron el <<efecto Illa>>. Los sondeos revelaban que un cambio en la cabecera de la lista socialista, parapetándola tras el ministro de Sanidad, podía provocar un vuelco en las urnas.
Entre las cuales está CGT, se han sumado al escrito remitido por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) a los grupos parlamentarios que han mostrado su rechazo a las devoluciones en caliente y exigen la derogación de la Ley Mordaza y la aprobación de una normativa basada en la garantía de derechos.
Lo que no resulta tan frecuente en democracia es que un Rey se valga del responsable de los servicios secretos como su mayordomo para amedrentar a su amante despechada. Eso es lo está que sucediendo con luz y taquígrafos entre nosotros, con sospechosa naturalidad. Corinna Larse, la última amiga íntima del Rey emérito, acaba de testificar en sede judicial contra su ex pareja por amenazas contra ella y su familia.
Los presupuestos demuestran que no sirvan para mejorar los niveles de vida. El gobierno Vasco (PNV-PSOE) es un gobierno de sumisión al empresariado vasco que ponen cada vez más recursos en sus manos ( Exenciones fiscales, subvenciones, subsidios, Inversiones como el TAV, planes para impulsar y salvar el empleo, …), estos recursos además de reducirlos, se deberían controlar exigiendo: empleo digno y estable, salarios decentes y mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo.
El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea han firmado el reglamento del Fondo de Recuperación y Resiliencia y han acordado que no se desembolsarán los fondos hasta que se compruebe la ejecución de las reformas en los distintos Estados. El Estado Español debería recibir 140.000 millones de euros de dichos fondos.
El Ejecutivo español integrado por PSOE y UP nominalmente es un gobierno de coalición, pero en la práctica del año que lleva en ejercicio se ha manifestado sobre todo como un <<gobierno de contradicción>> mal avenido. Una pata del Ejecutivo, especialmente la que sigue a Pablo Iglesias, acostumbra a discrepar públicamente de las actuaciones de la otra.
¿Pero cabe realmente un antagonismo en un gobierno? Para nada, y además es imposible. Por mucha bronca y aspavientos que unos y más otros hagan, las decisiones Consejo de Ministros son colegiadas.
España a pesar de ser uno de los países con más horas de luz solar del planeta, el oligopolio energético español sigue siendo adicto al gas natural y el petróleo, dos recursos que España importa de países como Argelia, Arabia Saudí o Libia. De ahí el riesgo de que los gobernantes tengan más preocupación por ganarse un puesto bien remunerado en una compañía energética que por erigir un sector energético estable, autosuficiente en la medida de lo posible y respetuoso con el medio ambiente.
CGT-LKN de Euskal Herria, exige el fortalecimiento de la protección social en Euskadi, y en consecuencia, la subida de la RGI de acuerdo con la Ley de 2008 y se vincule al Salario Mínimo Interprofesional de 2021. Además, de dar marcha atrás a los recortes -aplicado en los últimos años- en las cuantías de las prestaciones gestionadas por Lanbide: Incentivos al Empleo, Renta de Garantía de Ingresos, Complemento de Pensiones y Prestación Complementaria de Vivienda.
Todos, a diestra y siniestra, coinciden en buscar imputaciones en el adversario político, y al mismo tiempo en ignorar el único precedente habido en España realmente comparable a lo sucedido en EEUU. El 23-F, perpetrado por un grupo de militares y guardias civiles armados que ocupó a tiros el Congreso de los diputados en 1981.
De un lado, Partido Popular, Ciudadanos y Vox buscan un paralelismo obsceno en los varios <<rodea el Congreso>> habidos, y se lo endilgan a Unidos Podemos (UP), cuando en su arranque los de Iglesias ni existían. Y del otro, se hurga en el acoso al Parlament, obviando que en su origen aquella fue una protesta intergeneracional, apartidista y espontánea contra los crueles ajustes y recortes infligidos en Catalunya desde las instituciones.
Varias decenas de miles de personas se han manifestado a lo largo y ancho de Euskal Herria, en más de 200 pueblos y ciudades a pesar del frio y de la nieve de algunas localidades. En Bilbao en concreto, la manifestación a partido pasadas las 16,30 desde la plaza Moyua, con dos grandes banderas y una pancarta bajo el lema Bidea Gara (Somos el camino).
Illa es de profesión filósofo, con lo que se le presume amante de la verdad (filo-sofía), pero de condición político, con lo que prevalece una innata inclinación a la mentira. Lo demostró palmariamente al declarar públicamente el pasado 29 de diciembre (y no era el día de los inocentes) que no iba a presentarse a las alecciones catalanes del próximo 14 de febrero, y solamente 48 horas después hacer efectiva su candidatura.
Porque de lo que se trata es de echar la culpa al contrario, el gobierno a la posición y viceversa. El triste negocio de la pandemia. Utilizar la zozobra general para lograr réditos políticos. Una trifulca que, en resumidas cuentas, convierte la lucha contra la pandemia, caiga quien caiga, en subsidiaria de los intereses electorales de los partidos con mando en plaza.
Este domingo 20 de diciembre, ha tenido lugar una nueva manifestación de la comunidad saharaui en Bilbao, que ha dado comienzo a las 12:00 h. desde la plaza del Teatro Arriaga y ha finalizado en el parque de Doña Casilda. Al final de la movilización, han leído un comunicado donde el gobierno de la Republica Saharaui y el Frente Polisario condenan, en los términos más enérgicos, la decisión del presidente americano, en fin de mandato, Donald Trump, por su reconocimiento a Marruecos de lo que nunca fue suyo, esto es , la soberanía sobre el Sáhara Occidental.
Una manifestación, convocada por los sindicatos ELA, LAB, STEILAS, ESK, HIRU, EHNE y CGT, ha salido a las calles del centro de la capital navarra este viernes para exigir respeto a los derechos de los presos y reclamar un acercamiento a sus lugares de origen. La marcha se enmarca en la iniciativa «Izan bidea» de Sare Herritarra.
El Tribunal Supremo estaría controlado por el llamado “clan de los políticos” en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo y habría devenido en un verdadero lobby o grupo de presión de la derecha tardofranquista. Un muro de contención de los decretos-leyes aprobados por el “rodillo progresista” del Congreso; a su Presidente Carlos Lesmes como croupier en la ruleta de cargos y adjudicación de procesos judiciales y a los jueces Marchena, Lamela y Llarena como sus más destacados peones.
El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español, herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión.
Cecilio Gordillo, natural de Medina de las Torres, en Extremadura, accedió fortuitamente a los entresijos de la Memoria de nuestro país debido a la exhumación de un tío suyo del que no sabía apenas nada, y que murió represaliado en esos años oscuros de Guerra Civil y represión del posterior régimen franquista. Ahora, tras haber dedicado las últimas décadas de su vida al memorialismo, es una voz de sobra autorizada en la materia, sin duda respetada, aunque no tan escuchada por parte de las Administraciones como cabría esperar.
El 4 de octubre de 2014, la Coordinadora 25-S convocó una movilización en la Puerta del Sol en Madrid bajo el lema “Monarquía no es democracia, es dictadura y corrupción“. Cuando la gente comenzó a avanzar por la calle Alcalá, las UIP realizaron una brutal carga policial con el resultado de varias personas heridas y detenidas, de las cuales algunas tuvieron que recibir asistencia hospitalaria.
¿Qué está pasando en España y por qué, para que docenas de militares interfieran en la vida política, hablando alguno de ellos de fusilar a la mitad de sus compatriotas? ¿Cómo puede ser presidenta de una comunidad autónoma como la de Madrid alguien que considera que los españoles que no pensamos como ella somos «cuatro estúpidos»? ¿Lo que caracteriza al gobierno de Pedro Sánchez es lo que denuncia Pablo Casado: «la ocupación de los órganos reguladores y el Poder Judicial, el ataque a la libertad educativa, al español, a la libertad de expresión, a la propiedad privada, a la propiedad inmobiliaria, al libre mercado y al Estado de Derecho»?
El Congreso haya dado luz verde el jueves 3 de Diciembre, a los Presupuestos Generales del Estado y están pendientes de su aprobación en el Senado, si bien es cierto que el gasto social se incrementa un 10,3%, la Ley de Estabilidad Financiera sigue vigente (aunque se relajan los objetivos del déficit y la deuda), así como las reformas laborales y de pensiones que están disminuyendo salarios y pensiones. En cuanto al Salario Mínimo Interprofesional no se recoge nada, dejándolo – al parecer- al acuerdo que lleguen en la Mesa de Diálogo Social entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos CCOO y UGT.
El 3 de diciembre de 1970 comenzó el denominado «Proceso de Burgos», un juicio (y sobre todo una farsa) contra dieciséis militantes de ETA en el que se pedían seis penas de muerte. Este juicio se celebraba en el marco de un estado de excepción, de enorme dureza, que encontró como respuesta movilizaciones en toda España.
El sociólogo y ensayista portugués Boaventura de Sousa Santos es el gran pensador actual de los movimientos sociales, autor de una extensa obra, se ocupa desde hace décadas de radiografiar la vida y los modos de subsistencia de las comunidades más vulnerables, desde las condiciones de un campo de refugiados en Europa hasta las formas de organización de las comunidades originarias de Amazonia o los barrios populares de Buenos Aires.
En lo fundamental el Ejecutivo PSOE-UP ha practicado lo contrario de lo que ambos partidos, por separado, anunciaron desde las troneras de la oposición. <<Los socialistas denunciaran los acuerdos con la Santa Sede cuando regresen al poder>>. La Ley Celaá no ha acabado con la subvención con dinero público a la concertada (unos 6.000 millones), solo le ha puesto deberes para adecentar el despilfarro que significaba esa modalidad de escuela privada.
El pasado 8 de noviembre, el ministro de Consumo del Gobierno del PSOE y UP, Alberto Garzón, defendía, en el programa El Objetivo de La Sexta, la permanencia en España de las bases militares de Estados Unidos, aduciendo que «lo primero era defender los empleos que generan». En declaraciones a Canarias-semanal, la socióloga y profesora de la Universidad Complutense de Madrid Ángeles Diez analiza el significado de estas declaraciones en el contexto actual y explica el origen y la función que desempeñan estas bases norteamericanas en el territorio español.
REAFIRMAMOS, nuestra solidaridad inequívoca con la lucha del pueblo saharaui y el Frente Polisario, su representante legítimo. RESPONSABILIZAMOS, al Reino Marroquí de la violación del Alto al Fuego. SEÑALAMOS, a la MINURSO y las Naciones Unidas por su incapacidad de mantener la seguridad en la zona. EXIGIMOS, al Gobierno español que asuma su responsabilidad y lidere, junto a la MINURSO, la celebración inmediata de un referéndum que reconozca el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
En este país, y entiendo que en el resto del mundo, cuanto más se simplifica la política, mejor para quien maneja el poder. Las cantinelas, las consignas, los slogans, acaban sepultando el análisis de lo real, para instalar en las mentes de los votantes la imagen distorsionada que el poder precisa, para reproducirse “democráticamente”.
En este trajín de simplificaciones la mayor de todas, hasta el momento, es el uso constante de las referencias a “derechas” o “izquierdas”, consagrada desde que se inició la historia parlamentaria en las democracias burguesas.
Cientos de personas convocadas por el movimiento solidario de apoyo al Pueblo Saharaui se han manifestado este mediodía desde la plaza del Arriaga de Bilbao hasta la subdelegación del Gobierno de España de la plaza Moyua, para denunciar los acuerdos por los que España vendió en Sáhara Occidental, que 45 años después sigue ocupado por Marruecos y la situación que se vive en la zona ocupada. Los manifestantes insisten en que llevan “45 años vulnerando los derechos humanos” y exigen una solución inmediata.
Durante la mañana del viernes 13 de noviembre las fuerzas armadas marroquíes penetraron en la brecha del Guerguerat, territorio liberado por el Frente Polisario del Sáhara Occidental para expulsar a civiles saharauis que protestaban pacíficamente. El ejército saharaui ya había emitido numerosos comunicados advirtiendo que la entrada marroquí en el territorio “sería respondida contundentemente”.
Dejar en manos del gobierno el papel de gendarme de la probidad informativa es una aberración democrática capaz de crear más problemas que los beneficios que en teoría se pretenden. Quizás por eso, Sanidad se resiste a crear una auditoría independiente sobre la gestión de la pandemia como han reclamado reiteradamente expertos y colectivos sanitarios nacionales y extranjeros.
A tres días de las elecciones en Estados Unidos, Chomsky brindó una extensa entrevista a la revista The New Yorker, en la que mostró preocupación sobre la actitud que pueda tomar Trump si los resultados resultan adversos para el actual mandatario. También habló de la crisis climática y la cultura de la cancelación. Definió nuevamente al republicano como «el peor criminal en la historia de la humanidad».
NUESTRAS VIDAS IMPORTAN MAS QUE SUS BENEFICIOS
NO PAGAMOS ESTA CRISIS, UNA SALIDA CON JUSTICIA SOCIAL, ECOLÓGICA Y LIBRE DE VIOLENCIAS MACHISTAS
Hace meses que, cientos de Organizaciones, Colectivos y Plataformas, venimos trabajando en la construcción de una respuesta de la Clase Trabajadora y de la mayoría social, ante el rumbo que están tomando los acontecimientos con motivo de la pandemia por el coronavirus y de la crisis económica y social consecuente.
Para mi generación, la que dilapidó los mejores años de sus vidas tratando de burlar la bostezante mediocridad del franquismo, la llegada de Salvador Allende al Palacio de La Moneda en Santiago de Chile, el 3 de noviembre de 1970, supuso una válvula de escape hacia la perspectiva de un futuro
«Es triste cuando las ideologías se apoderan de la interpretación de una nación» No nos preguntaremos qué hacia el presidente del Gobierno hace unos días con el Papa Francisco, por más que Pedro Sánchez represente a un Estado no confesional, como recoge el artículo 16, punto 3, de la vigente
Ningún partido ni ninguna figura política ha conseguido encabezar el proceso, ni capitalizar el descontento que reina entre la población. Hasta el momento, los partidos han ido a rebufo de lo que ocurría en las calles, y aunque fueron ellos quienes aprobaron en el Congreso el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, documento que establece los plazos y el cómo se va a desarrollar el proceso constituyente, esto jamás habría ocurrido sin el empuje de los manifestantes.
Cuando los beneficios empresariales son la brújula que guía las decisiones políticas, la vida de la clase trabajadora queda siempre en segundo plano. Y por eso se adoptan medidas absurdas como el toque de queda para hacer creer que se hace algo. Medidas autoritarias completamente inefectivas a la hora de parar los rebrotes, pero que servirán para empezar a controlarnos. Que no nos engañen, estas medidas no están destinadas a combatir el virus, sino a combatir las protestas y luchas que a buen seguro vendrán.
El hecho de politizar alguna actividad se suele entender habitualmente como algo negativo. Es lógico, si ese término se utiliza en el sentido estricto que le proporciona la Real Academia Española: dar orientación o contenido político a acciones, pensamientos, etc., que, corrientemente, no lo tienen. En este sentido implica, efectivamente, desnaturalizar aquello que se politiza.
Más de tres meses después de aprobarse el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia por el COVID-19 solo 90.800 solicitudes cuentan con luz verde de la Seguridad Social de las casi 1 millón planteadas, según ha confirmado el ministro español José Luis Escrivá. Ni con robots ni con el escaso personal propio de la Seguridad Social se termina con la revisión de las solicitudes, lo que impide a las personas tener acceso a una renta de 462 euros de forma individual; una cantidad lejos de los 739 euros que marcan el umbral de la pobreza en el conjunto del Estado español, por debajo de los 980 euros en la CAV o de los 963 euros en Nafarroa.
La nueva ley que pronto se debatirá en las Cortes seguiría discriminando parte de las víctimas del franquismo y su derecho de reparación, y dejaría sin resolver otras cuestiones importantes como la justicia contra la impunidad.
Es una ley muy reclamada por la sociedad civil y las asociaciones de la memoria histórica de todo el estado, puesto que la ley aprobada en el 2007, en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, dejaba temas importantes por resolver. Declaraba los tribunales ilegítimos, pero no anulaba las sentencias y establecía dos clases de víctimas, las de antes y después del 1968.
El Gobierno de coalición, autodefinido como el “más progresista de la historia”, acaba de aprobar la derogación de parte de las escasas medidas sociales aprobadas con motivo de la pandemia para ayudar a los más desfavorecidos. Pero seguirá llenando los bolsillos de las grandes empresas del IBEX 35 con ayudas
Segun Jaime Richart, autor de este articulo, los jueces de la Transición pasaron repentinamente de ser jueces franquistas a jueces demócratas. El Tribunal de Orden Públicó se convirtió a toque de cornetin en Audiencia Nacional. Posteriormente jueces con su mentalidad conservadora típica del rigor militar del dictador fueron seleccionando las promociones subsiguientes desde el inicio de esta «democracia de mínimos», una modalidad de «democracia cercana a la farsa». El resultado de esa trayectoria es la actual magistratura española.
El Consejo de Ministros aprobará este martes la ampliación de la duración de algunas medidas del «escudo social» contra la crisis. Así lo han adelantado fuentes del Gobierno a cuartopoder. La intención desde un primer momento de la vicepresidencia segunda que lidera Pablo Iglesias, tal y como adelantó este medio, era que la ampliación fuera hasta 2021.
La posible privatización de Bankia y su fusión con CaixaBank ha sido una noticia que, como era de esperar, ha creado gran interés en los principales medios de información españoles, los cuales se han centrado primordialmente en la manera cómo se llevarían a cabo. Pero se ha prestado escasa atención al contexto político y económico en el cual se producirían tales intervenciones
