El Gobierno de coalición, autodefinido como el “más progresista de la historia”, acaba de aprobar la derogación de parte de las escasas medidas sociales aprobadas con motivo de la pandemia para ayudar a los más desfavorecidos. Pero seguirá llenando los bolsillos de las grandes empresas del IBEX 35 con ayudas sectoriales a fondo perdido, moratorias, exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social, etc., que no solo no ven disminuidos los apoyos, sino que son aumentados. Es urgente levantar un programa de emergencia social impulsado desde asambleas barriales, de centros de trabajo y estudio para ir hacia la huelga general para que la crisis la paguen los capitalistas.
El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha derogado este martes aspectos esenciales de lo que se denominó como “escudo social”, una serie de medidas sociales en favor de los más desfavorecidos, que aprobó entre marzo y abril, en los momentos más álgidos del desarrollo de la pandemia. Medidas que ya en aquel momento fueron muy insuficientes y que solo representaban mínimos parches ante la debacle social que supuso para muchos la Covid-19. Por eso enseguida aparecieron las “colas del hambre”, pese a que el Gobierno insistió desde el principio que no se “dejaría a nadie atrás”; hubo despidos, porque no fueron prohibidos en ningún momento pese a lo que dice el Gobierno, sino tan solo declarados improcedentes; o continuaron los desahucios, que han vuelto tras el regreso de la actividad judicial, porque solo se prohibieron para los que pudieran demostrar que su situación era consecuencia directa de la Covid-19.
Así, pudimos ver desde el principio cómo se disparó fulgurantemente el desempleo, con un millón de nuevos parados, muchos de los cuales fueron al paro sin ningún ingreso por estar en la economía sumergida o encontrarse en situación de precariedad laboral. Y también como los más afortunados fueron enviados a un ERTE, lo que supuso reducciones importantes del salario- el máximo que se cobra es solo el 70% de la base de cotización-, y largos períodos sin cobrar nada por los enormes retrasos en el pago de sus prestaciones, ante la incapacidad de la Administración de hacer frente a esta avalancha.
La implantación ya para el mes de junio del Ingreso Mínimo Vital, fue vendido como una gran conquista para las clases más desfavorecidas. Cuando en realidad, además de ser una limosna de poco más de 500 euros, del millón de solicitudes todavía no ha cobrado nadie la prestación y se prevé que lo logren solamente la mitad. Es decir, medio millón de familias cuando se estimaba que alcanzaría a 750.000 familias y supondría un coste de 5.000 millones, todo apunta que serán muchos menos.
Supresión de la moratoria de las hipotecas y activación del corte de agua, luz y gas en los hogares
El Gobierno ha eliminado ahora de la protección, en primer lugar, la moratoria del pago del crédito hipotecario para aquellos que se encuentren en estado de necesidad social, consecuencia de la pandemia. Los parados o afectados por ERTE, por lo tanto, tendrán que hacer frente a partir de ahora religiosamente al pago de su hipoteca sin ningún tipo de auxilio. Y en caso de no hacerlo, asumir las consecuencias en forma de desahucios futuros o endeudamientos insoportables. Recordemos que el Gobierno cínicamente dejó en marzo fuera de esta posibilidad el pago de los alquileres, incluso para las viviendas pertenecientes a los grandes tenedores – bancos y fondos buitre- cuando está siendo, desde los últimos años, el impago de los alquileres el mayor volumen de desahucios.
Asimismo, en segundo lugar, ha extinguido la prohibición del corte de los suministros básicos por impago. Tales como el agua, la luz o el gas. Es decir, que a partir de ahora todos a los que no les llegue el dinero para hacer frente a algo tan básico como prender la luz en la casa, cocinar, lavarse o no pasar frío, sufrirán los cortes de las compañías que suministran estos servicios esenciales y a los que mantenemos con el pago de nuestros recibos en beneficios multimillonarios. Soportando los costes de sus malas inversiones o deficientes infraestructuras, ahí está el almacén de gas en Castellón de Florentino o los costes de kilovatio fijados sobre la energía más cara, sin ir más lejos.
Se mantiene únicamente el veto del corte para los “colectivos vulnerables”, pero hay que gestionarlo en las propias compañías suministradoras y quedan fuera muchos sectores desfavorecidos que no alcanzan la condición de vulnerables. Porque, por mucho que se empeñen, no es lo mismo una moratoria generalizada en caso de impago que tener que hacer frente a un laberíntico proceso de papeleo burocrático y tener que cumplir ciertas reglas previas que además hay que demostrar documentalmente.
Sin embargo, las grandes empresas del IBEX 35, con sus beneficios millonarios durante los últimos años e incluso durante la pandemia, podrán seguir aplicando los ERTE con total flexibilidad y beneficiándose de hasta el 100% de las cotizaciones de la Seguridad Social, incluso para las y los trabajadores recuperados del ERTE.
Asimismo, podrán seguir acudiendo masivamente al fondo de recuperación de 10.000 millones a fondo perdido, con grandes posibilidades de ser ampliado en caso necesario, si pertenecen a un sector directamente afectado por la pandemia del Covid-19. Y disfrutar de una financiación a un mínimo interés bajo el paraguas del aval del Estado. Una auténtica bicoca para las empresas y los bancos que siguen amasando enormes fortunas, mientras la mayoría de las y los trabajadores se encuentra en estado de auténtica emergencia social.
Esta es la diferencia de tratamiento que dispensa el Gobierno “más progresista de la historia” a las clases populares respecto a las grandes fortunas y empresas.
Tensa negociación
Según señalan los medios de comunicación la decisión adoptada de llevar adelante estos recortes en el “escudo social” este martes, ha supuesto tensas negociaciones en el seno del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.
Las fuentes señalan hacia la Vicepresidencia económica de Nadia Calviño como la responsable máxima de estos recortes. El Ministerio de Economía, se ha basado para justificar el fin de la moratoria de las hipotecas en la negociación mantenida entre la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y los bancos españoles. En definitiva, parece ser que esta medida habría decaído porque el organismo supervisor- la EBA- habría establecido que las medidas no podrían prorrogarse más allá del 30 de septiembre y el Gobierno de coalición habría aceptado ese criterio.
Resulta evidente que Unidas Podemos, aunque haya ofrecido cierta resistencia, sigue dando cobertura por izquierda a las medidas socialliberales del PSOE. Esa es la realidad, quedando claramente plasmada la impotencia política del nuevo reformismo que es incapaz siquiera de dar consistencia y solidez a un programa de emergencia social en sus aspectos más básicos.
Porque dado salvataje del Estado español al sector financiero por 60.000 millones durante el Gobierno del PP de Rajoy, y puesto que todavía la deuda siga viva -además de que gran parte de los activos inmobiliarios pasaron a la SAREB para sanear las cuentas de los bancos-, Unidas Podemos podría haber exigido la nacionalización de las viviendas propiedad de las entidades financieras, para disponer de una bolsa de vivienda pública digna de tal nombre. Lo que daría alternativa habitacional a la población que lo necesitara. Algo que este Gobierno no se plantea, más bien al contrario, con la supresión de esta medida, trata de asegurar el negocio de los bancos y los fondos buitre.
Algo parecido ha ocurrido con la prolongación de la prohibición del corte de suministros, agua, gas y luz. Así, desde el 1 de octubre se podrá volver a cortar el suministro en caso de impago como se ha indicado más arriba. Lo que también ha supuesto fricciones dentro del Gobierno. Y ha llevado a lograr una pírrica victoria de Unidas Podemos al lograr la modificación del bono social, de cara a facilitar la tramitación del bono social para las familias en situación de especial vulnerabilidad que mantendrán la prohibición del corte por impago. Por lo tanto, el pataleo de Unidas Podemos no sirve para nada mínimamente relevante, puesto que continúa en el Gobierno dando validez y cobertura a sus medidas antisociales. Lo mismo que viene ocurriendo, por ejemplo, con algo tan elemental como la elevación de impuestos a las grandes fortunas que sigue aplazándose hasta las calendas griegas, pese al enorme agujero en las cuentas públicas que vaticinan futuros e importantes recortes en gasto social.
De entre estas medidas sociales únicamente se mantiene la moratoria de los desahucios, la extensión automática de los contratos de arrendamiento y la quita o moratorias de pagos de alquiler para los inquilinos de los grandes propietarios. Teniendo en cuenta que la moratoria por los desahucios no es generalizada como se ha señalado antes, solo hay que ver los nuevos casos de lanzamientos que se están produciendo en todo el Estado.
Hacia la huelga general para imponer un Plan de Emergencia Social
Por todo ello, es vital y urgente levantar un programa de emergencia social con la movilización en la calle y a través de la convocatoria de asambleas en los barrios, en los centros de trabajo y de enseñanza en perspectiva hacia la convocatoria de una huelga general. Forzando una convocatoria sindical unitaria que debe partir desde la confluencia de las bases sindicales de los sindicatos burocratizados de CCOO y UGT, y la participación decidida y audaz de la “izquierda sindical” para imponer un programa de emergencia social que se elabore e impulse desde las asambleas. Un programa que debe ser la base que aglutine e impulse las luchas para luchar para que la crisis la paguen los capitalistas y no se descargue, una vez más, sobre las espaldas de las y los trabajadores.
