España tiene una de las facturas de la luz más caras de Europa debido a las puertas giratorias del oligopolio eléctrico

El sector de la energía es uno de los que más puertas giratorias aglutina. Endesa no es más que un ejemplo: en su plantilla han trabajado al menos un presidente, cinco ministros y una larga lista de altos cargos públicos, desde secretarios de Estado hasta consejeros autonómicos. Al igual que Repsol, Enagás, Red Eléctrica y otras compañías energéticas, Endesa también era una empresa pública y estatal pero el gobierno de Felipe González (PSOE) inició su privatización, obra que culminó José María Aznar a finales de los noventa.

Hay puertas giratorias que dejan transcurrir varios años desde que salen del gobierno hasta que fichan por alguna compañía del ramo energético. En otros casos, solo transcurren meses. Hay exaltos cargos del Estado que entran en los consejos de estas empresas por su reputada trayectoria profesional y académica, como es el caso de Jorge Fabra, expresidente de Red Eléctrica. No obstante, la mayoría no dispone de experiencia previa ni estudios o perfil técnico relacionados con el sector. Un caso llamativo es el de Arsenio Fernández de Mesa, exdirector de la Guardia Civil y actual consejero de la misma compañía. Fernández no tiene estudios universitarios y, fuera del ámbito político, solo ha trabajado como ayudante de jardinería.

En los años 90 ya había políticos que saltaban del gobierno a las empresas energéticas. Basta repasar las hemerotecas para dar cuenta de esto. Por entonces aún abundaban los perfiles técnicos, hecho que evitaba posibles escándalos como los que provocan actualmente ciertos nombramientos. Pero las privatizaciones iniciadas por Felipe González y culminadas por José María Aznar dieron un giro a esta dinámica. Fabra ilustra este cambio con una anécdota: “Tras varios años, fui a Endesa para hablar con el consejero delegado. Entré en el garaje y me encontré que aquello parecía un concesionario de BMW. Aquello había cambiado completamente. Los sueldos de los directivos eran escandalosos”.

Tras el estallido de la crisis, buena parte de la ciudadanía empezó a cuestionar el fenómeno de las puertas giratorias. Son conocidos los casos de los expresidentes Leopoldo Calvo Sotelo (UCD, Gas Natural Fenosa –ahora Naturgy–), José María Aznar (PP, Endesa), o Felipe González (PSOE, Gas Natural Fenosa), quien argumentó que dejaba su cargo en la empresa gasista no porque hubiera incompatibilidades, sino porque era “muy aburrido”.

Sin embargo, aún pasan desapercibidos otros altos cargos con menos visibilidad mediática pero que juegan un papel clave a la hora de pensar y redactar leyes, de abogados del Estado, economistas del Estado… De esto no se habla, solo se piensa en ministros y poco más”, explicaba Jorge Fabra a La Marea a principios de 2017.

Que la clase política y las energéticas tengan contacto directo no es raro. Por un lado, la venta de electricidad, gas y petróleo es un negocio estratégico y de vital importancia para la sociedad y la economía –sirvan de ejemplo los efectos del encarecimiento de la luz o la gasolina–. Debido a esto, los sucesivos gobiernos legislan y regulan el sector, estableciendo límites y garantizando el funcionamiento del mercado energético pensando, supuestamente, en el bien común. De ahí el interés de estas empresas por mantenerse próximas y en buena sintonía con los círculos de poder político.

Un negocio exclusivo

Por otro lado, el sector energético requiere inversiones de capital intensivo, es decir, es necesario tener grandes sumas de dinero para, entre otros, construir una central nuclear, poner en marcha una central hidroeléctrica, desplegar kilómetros de líneas de alta tensión o afrontar la burocracia necesaria para obtener licencias operativas.

No es lo mismo vender pan que vender petróleo, por eso en España hay más de 15.000 panaderías, según la patronal CEOPAN, y poco más de una decena de petroleras distribuyendo crudo, por poner un ejemplo. Tampoco es normal que tres empresas eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) acaparen en torno al 90% de la producción eléctrica nacional.

En resumen, el pastel energético se reparte entre pocas manos. Esto explica la relación fluida y directa entre gobernantes y dirigentes empresariales del negocio energético. En el Ibex 35, principal selectivo bursátil español, hay seis compañías del ramo energético: Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa,Repsol, Enagás y Red Eléctrica de España. Las cuatro últimas eran empresas públicas, propiedad del Estado hasta finales de los años 90.

Las dos últimas –Enagás y Red Eléctrica– siguen teniendo como accionista mayoritario al Estado, que es quien garantiza por ley que operen en régimen de monopolio (transporte de gas y electricidad, respectivamente), aunque el 80% de sus dividendos –dinero con el que la empresa ‘premia’ a sus accionistas– va a parar a manos privadas, como fondos de inversión extranjeros como Blackrock o grandes bancos, como Caixabank.

Actualmente España tiene una de las facturas de la luz más caras de la Unión Europea. Además, a pesar de ser uno de los países con más horas de luz solar del planeta, el mix energético español sigue siendo adicto al gas natural y el petróleo, dos recursos que España importa de países como Argelia, Arabia Saudí o Libia. De ahí el riesgo de que los gobernantes tengan más preocupación por ganarse un puesto bien remunerado en una compañía energética que por erigir un sector energético estable, autosuficiente en la medida de lo posible y respetuoso con el medio ambiente.

En #YoIBEXtigo identificamos a más 175 exaltos cargos políticos que formaron o forman parte de los consejos de administración y equipos directivos de estas compañías. Se trata de un fenómeno ampliamente extendido en España, suavizado por los principales medios de comunicación, que cada año ingresan parte de los presupuestos millonarios en publicidad de estas empresas, sin importar su ideología. PSOE y PP aglutinan la mayor parte de las puertas giratorias, aunque en el juego también entran PNV, Esquerra Republicana, la extinta CiU e incluso líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras, entre otros. No están todos los que son, pero sí son todos los que están. Y ninguno de esos nombres fue vetado por la Oficina de Conflictos de Interés, el ente público encargado de sacar tarjeta roja a los nombramientos que puedan incurrir en incompatibilidades.

Políticos en Consejos de Administración de empresas eléctricas.

ENDESA: Luis de Guindos (PP). Elena Salgado (PSOE). José María Aznar (PP). Manuel Pizarro (PP). Pío Cabanillas Alonso (PP). Rodolfo Martín Villa (PP). David Madí Cendrós (CDC). Miquel Roca (CDC).  

GAS NATURAL FENOSA (AHORA NATURGY): Felipe González (PSOE). Cristina Garmendia (PSOE). Guzmán Solana Gómez (PSOE). Víctor Pérez Pita (PSOE). Narcís Serra (PSOE).  

ENEL: Pedro Solbes (PSOE).  

IBERDROLA: Ángel Acebes (PP). Fernando Becker (PP).  Ramón de Miguel (PP). José Luis Olivas (PP). Manuel Marín (PSOE). Manuel Amigo (PSOE). Braulio Medel (PSOE). Felipe Romera (PSOE). Santiago Martínez Garrido (PP). Juan María Atutxa (PNV). Juan Pedro Hernández Moltó (PSOE).  

ENAGÁS: José Luis Olivas Martín (PP). Joseba Andoni Aurreko (PNV), Ramón Pérez Simarro (PSOE).  

ACCIONA: Javier Solana (PSOE). Carlos Espinosa de los Monteros (PP).  

ABENGOA: Josep Borrell (PSOE), Rafael Escudero (PSOE), José Domínguez (PSOE), Manuel De Vicente-Tutor (PP), Ricardo Martínez Rico (PP).  

HC ENERGÍA: Ana Palacio (PP).

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